Miles tunecinos salieron este domingo a las calles de la capital del país para protestar contra lo que consideran un "golpe de Estado" del presidente de la República, Kais Said, que el pasado 25 de julio suspendió el Parlamento, cesó al Gobierno y se arrogó poderes extraordinarios.

Al grito de "Ciudadanos contra el golpe", los manifestantes- cerca de 3.000 personas según fuentes del ministerio del Interior- ocuparon la céntrica avenida de Habib Bourguiba, bajo un despliegue policial más amplio que en otras ocasiones, después de que las autoridades les denegarán el permiso para celebrar una marcha en la contigua avenida de Mohamed V.

Los organizadores denunciaron presiones contra las agencias de viaje para impedirles el alquiler de autobuses además de la anulación de varias líneas de tren de larga distancia con el fin de evitar el desplazamiento de ciudadanos desde otras regiones. Además los participantes acusaron a las fuerzas de seguridad de sitiar la "protesta" tras imponer multitud de controles y bloquear los diferentes accesos al lugar.

"Estáis aquí para protegernos, ¿por qué nos empujáis? Os presionan para hacerlo pero vosotros sois más inteligentes para evitar caer en las mismas prácticas del régimen de Ben Ali ", reprochó una mujer a los cientos de agentes uniformados y en civil que imposibilitaban la entrada a la avenida.

Samir Dilou, uno de los responsables del partido islamista Ennahda, principal fuerza en el Parlamento, declaró en sus redes sociales que se trata de una tentativa por parte de la Presidencia para enfrentar a los cuerpos de seguridad contra los defensores de la llamada "lucha por la legitimidad", que aboga por el retorno de Túnez a la vía democrática.

Entre los presentes se encontraban también figuras de diferentes corrientes políticas, entre ellas el exdiputado conservador Yassine Ayari, recientemente liberado tras cumplir dos meses de cárcel por orden de la justicia militar, acusado de "atentar contra la moral del Ejército", y después de que el mandatario retirase la inmunidad parlamentaria a sus 217 miembros.

No somos insectos, somos ciudadanos

Algunas de las pancartas mostraron mensajes como "No somos insectos, somos ciudadanos", en referencia al discurso del presidente que calificó días antes a sus adversarios de "insectos que acechan al país".

"Los manifestantes han venido de todos los rincones para mostrar su empeño en no dejar al país y a las libertades en manos del presidente. Seguiremos resistiendo por todos los medios pacíficos pero siempre con la constitución por delante, la constitución que él ha violado", declaró ante la multitud Jaouhar Ben Mbarek, conocido constitucionalista y uno de los principales opositores de Said.

El pasado domingo cientos de simpatizantes se manifestaron en apoyo al presidente, que defiende un cambio de régimen político para pasar de una democracia parlamentaria y participativa a otra de corte presidencialista, y la lucha anticorrupción como su principal caballo de batalla.

Desde que el pasado 25 de julio Said decretase el Estado de excepción, que incluyó el cese del primer Ministro y la suspensión de la Asamblea de manera indefinida, ha congelado la casi totalidad de la Constitución de 2014 y se ha arrogado plenos poderes con el fin de "recuperar la paz social".

Mientras la mayoría de partidos califican esta iniciativa de "golpe de Estado", otras formaciones consideran que se trata de una "rectificación" de la revolución de 2011 que puso fin a las décadas de poder del dictador Zine El Abidine Ben Ali.

Tras dos meses de incertidumbre, el mandatario nombró como primera ministra a Najla Bouden, una alta funcionaria y desconocida de la escena política que se ha convertido en la primera jefa de gobierno en el mundo árabe. y que deberá formar un ejecutivo "lo antes posible", aunque todavía se desconocen sus prerrogativas.

Durante este periodo, la justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares- arrestos domiciliarios y prohibición de abandonar el país- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados; lo que ha desatado las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.