Todos contra la paz: la mayoría del Parlamento Europeo ha apoyado la militarización de la UE de los últimos años

"Europa debe decidir si quiere estar sentada a la mesa de los comensales o si quiere ser parte del menú" sentenció Jordi Cañas, candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo, durante el bloque sobre defensa y seguridad del debate electoral celebrado por Prisa el pasado 6 de junio. La Unión Europea se prepara para sus décimas elecciones –las octavas para España– y lo hace entre tambores de guerra y llamadas a la paz –o al rearme– en los dos frentes abiertos en los márgenes de su territorio: Ucrania y la Franja de Gaza.

Bajo los grandes discursos electoralistas de estos días –algunos aderezados con consignas de sostenibilidad, igualdad e identidad–, se sedimentan todas aquellas decisiones tomadas en materia de defensa por los diferentes organismos que componen la Unión Europea. De los siete, sólo el Parlamento Europeo está compuesto por políticos elegidos por los ciudadanos de los 27 Estados Miembros.

"La paz no es una cosa mágica", insistió Cañas en el debate electoral. Tampoco lo es la guerra. El momento geopolítico que vive la UE es el resultado de la consolidación y plasmación de sus decisiones en resoluciones, reglamentos, informes, reformas o presupuestos que forman parte de la burocracia europea y que, a pesar de resultar ininteligible para sus ciudadanos de a pie, condicionan enormemente su día a día.

Uno de los muchos documentos que recoge las líneas maestras en defensa y seguridad de la Unión es el Informe Anual de 2023 de Aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa, aprobado por mayoría simple del Pleno del Parlamento Europeo el 28 de febrero de 2024. Este documento señala hacia dónde cree el Parlamento Europeo que debe ir la política exterior y militar de los Estados miembros. Público ha analizado el proceso de modificación y votación al que fue sometido dicho informe por parte de los diferentes grupos parlamentarios con el fin de mapear las posturas que defienden cada uno de ellos a las puertas de la próxima legislatura.

En su versión final, el informe recogió la urgencia por acelerar el rearme de los Estados miembros para blindarse frente a las "amenazas" que suponen Rusia y los conflictos latentes en Oriente Próximo, África Occidental y África saheliana. En el documento, los europarlamentarios también sacan pecho de las ingentes inyecciones de capital hechas en investigación y desarrollo de tecnología militar, y reafirman la estrategia de política exterior europea –conocida como la Brújula Estratégica– marcada para la próxima década: actuar, invertir, anticiparse y asociarse. Además, solicitan el nombramiento de un comisario de Defensa, una figura hasta ahora inexistente en la Comisión Europea, "que sea responsable de una verdadera Unión Europea de Defensa".

El texto contó con el apoyo del 76% de los europarlamentarios provenientes de cinco de los siete grupos parlamentarios europeos: los democristianos del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece el PP español; los socialistas del S&D (a los que pertenece el PSOE); los liberales de Renew, del que formaba parte Ciudadanos; Los Verdes; y un eurodiputado del grupo de la extrema derecha contraria a la OTAN, Identidad y Democracia (ID).

"El consenso es monumental" explica a este periódico Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas, integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda (The Left). Este fue el único grupo que se opuso en bloque a la aprobación del informe. Tampoco mostró su apoyo al informe el segundo grupo de extrema derecha del Parlamento Europeo, los Reformistas y Conservadores Europeos (ERC), en el que se integra Vox. El 56% de sus europarlamentarios se abstuvieron durante la votación, permitiendo su aprobación, pero sin mostrar su apoyo explícito.

Las razones por las que ECR diverge de la mayoría del Parlamento Europeo en lo relativo a defensa y seguridad distan mucho de ser pacifistas. Los partidos que componen este grupo tienen un fuerte componente euroescéptico y temen perder autonomía –en este caso, militar– frente a los consensos de la UE. Además, tienen posturas aún más extremistas sobre el refuerzo de fronteras y la intervención en la guerra de Ucrania de lo que finalmente recogió el documento.

Muy distintas son las motivaciones por las que el grupo de la Izquierda rechazó el texto, según quedaron recogidas en la "posición minoritaria" del informe. Así, desde este grupo parlamentario, rechazan algunas de las cuestiones centrales  del informe, como la conversión de la UE en una alianza militar o la aspiración de crear un comisario de Defensa. Asimismo, critican que se use la invasión ilegal de Ucrania como "pretexto para un gasto militar masivo en armamento que conduce a una espiral de escalada". Añaden también que este gasto masivo se dirija únicamente a "una victoria militar de Ucrania en lugar de hacerlo en un alto el fuego inmediato y una negociación para poner fin al derramamiento de sangre".

El grupo parlamentario de la Izquierda trató de plasmar estas propuestas en el citado informe a través de varias enmiendas que, en la mayoría de los casos, no fueron aprobadas. Sin embargo, las votaciones a las que fueron sometidas muestran claramente el posicionamiento de las distintas familias políticas respecto a los grandes retos geopolíticos del momento. Pero, además, dibujan el gran consenso de las democracias liberales de Europa: se agota el tiempo de la diplomacia y comienza el del rearme.

Ucrania y Gaza, dos miradas diferentes sobre la guerra

No hay nada que muestre más las costuras de la Unión Europea que la doble vara de medir con la que sus Estados miembros abordan la invasión rusa de Ucrania y la masacre en la Franja de Gaza por parte de Israel. Esta divergencia queda recogida de forma evidente en las propuestas que los diferentes grupos pedían incluir en el Informe de Política Común de Seguridad y Defensa.

A pesar de que el grueso del documento orbita en torno al apoyo militar a Ucrania para combatir la invasión de Rusia, el grupo parlamentario de los Verdes solicitó priorizar aún más el envío de armas a Kiev, instando a los Estados miembros a entablar un diálogo con las empresas de defensa para garantizar la entrega de munición y misiles a este país por encima de los envíos a otros. Asimismo, los Verdes solicitaron aumentar la inversión y la calidad de estos envíos.

Entre el 87% y el 88% de los eurodiputados de todas los signos políticos apoyaron esta propuesta, a pesar de la oposición de la mayoría de la extrema derecha de ID, cercana a Rusia, y del grupo de la Izquierda.

Para el eurodiputado Urbán, Ucrania es la excusa de una estrategia belicista que se viene macerando tiempo atrás y en la que, según su análisis, el Brexit también tuvo un papel fundamental debido a la crisis de identidad que desató en el seno de la UE. Además, hasta el momento, Reino Unido había sido "el gran tapón" de los 27 al desarrollo de "dinámicas militaristas", impulsadas en gran medida por Francia. "La salida de Reino Unido hace que se derribe el principal obstáculo para la integración militar de la UE", explica Urbán.

El cambio de tendencia queda sellado con la resolución de apoyo a Ucrania aprobada por el Parlamento Europeo del primero de marzo de 2022, en la que estuvo presente el presidente ucraniano Volódimir Zelenski. Esta declaración abre la puerta a la legitimación de una serie de políticas que vendrán a acelerar el rearme europeo con el pretexto del envío de armas a Ucrania. La prueba más evidente fue el desvío de 5.000 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz apenas dos semanas después. Este fondo había sido inicialmente diseñado para el mantenimiento de la paz en el Sahel, también a base de reforzar militarmente a los estados aliados en la zona.

Aún así, tras dos años de guerra, la mayoría de los europarlamentarios plantearon en otra enmienda poner en marcha una iniciativa diplomática ambiciosa con el fin de garantizar un alto el fuego inmediato en Ucrania y poner fin a la guerra. A pesar de ser aprobada por el 65% de la Eurocámara con el apoyo de todos los grupos –a excepción del ID–, la propuesta encontró la oposición de la mayoría de los países del Este de Europa.

Esto contrasta con la escasa acogida de las solicitudes del alto al fuego en Palestina reflejadas en tres de las 21 enmiendas sometidas a votación. Las únicas que tenían un enfoque explícitamente antimilitarista. Dos de ellas fueron presentadas por La Izquierda, y pedían un alto al fuego en toda Gaza. La tercera, impulsada por el S&D, circunscribía el fin de las acciones militares del ejército sionista en Rafah. Las tres, sin embargo, fueron rechazadas por el grueso de los eurodiputados del ECR, EPP, ID y Renew, así como por los no adscritos. Finalmente, las solicitudes de alto al fuego en Gaza no fueron incluidas en el informe, aunque sí salió adelante la que pedía a Israel no intervenir en Rafah.

Tampoco fueron aprobadas ocho de las 11 que pedían la condena explícita a Israel por su estrategia militar, que incluye la matanza de civiles. De nuevo, los grupos que más se opusieron a estas propuestas fueron los que se ubican en el centroderecha y la extrema derecha, mientras que La Izquierda, Los Verdes y S&D, en su mayoría, votaron a favor. Particularmente llamativo es el apoyo de los políticos españoles a estas enmiendas, a excepción de Vox. Por el contrario, prácticamente todo el arco parlamentario estuvo de acuerdo en llevar a cabo una investigación sobre la financiación de Hamás por parte de terceros países.

Migración y militarización: una estrategia de largo recorrido

Tres de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo hacen referencia a la migración y a las fronteras de la UE. Dos de ellas, concretamente, nombran a la Agencia Exterior de Fronteras, Frontex, encargada de la vigilancia y control de las fronteras exteriores de la UE. El enorme volumen de recursos que maneja, además de la opacidad con la que opera, han puesto a esta agencia en el punto de mira en repetidas ocasiones por presuntamente violar los derechos humanos.

Uno de los últimos escándalos está relacionado con la colaboración con terceros países para impedir la llegada de migrantes a las puertas de los Estados Miembros de la UE, especialmente de los países mediterráneos. Esto ha supuesto, en el caso del arrinconamiento de los migrantes en Libia, aceptar como interlocutor válido a la Brigada Tareq bin Zeyad (TBZ), una milicia islámica apoyada por los paramilitares rusos del grupo Wagner, que operan bajo las órdenes de Putin en África, y con la que habría colaborado Frontex de acuerdo a las informaciones publicadas por Lighthouse Reports.

En dos ocasiones, Los Verdes presentaron enmiendas para dejar constancia de estas prácticas y promover que no se repitieran. En ambos casos, entre el 42,13% y el 46,52% de los europarlamentarios se opusieron a ello. Los grupos que rechazaron mayoritariamente ambas propuestas fueron el EPP (un 72,32% de sus diputados), Renew (un 75,49%) y S&D (69,06%). En el caso de las extremas derechas, la mayoría de los eurodiputados de ID, de corte más antieuropeísta, se abstuvieron o ni siquiera aparecieron en la votación (entre un 62,71% y un 69,49%). De este grupo formará parte Fabrice Leggeri, director ejecutivo de Frontex entre 2015 y 2022. El francés es ahora tercero de la lista de Agrupación Nacional, el partido galo liderado por Jean Marine Le Pen, que se presenta a la Eurocámara.

La tercera enmienda en esta línea fue presentada por el grupo ECR y planteaba la migración –supuestamente instrumentalizada por Rusia– como parte de la amenaza a la seguridad de la UE y sus fronteras. También pedía revisar las políticas relacionadas con la protección de las mismas e incrementar los recursos económicos destinados a su fortificación. Esta enmienda no fue aprobada.

El rearme: el gran consenso

El estallido de la guerra en Ucrania ha consolidado una política de remilitarización de la UE que cuenta con un amplio consenso. Si se entiende la Resolución del primero de marzo de 2022 como el momento fundacional de esta tendencia, tal y como coinciden Urbán y algunas de las publicaciones del Centre Delàs, ya se pueden encontrar en ella evidencias de la homogeneidad de este posicionamiento.

"Sólo 13 eurodiputados votamos en contra de esa resolución, yo fui el único español", explica Urbán. Y aclara: "Yo no estaba en contra de condenar a Putin como siempre hemos hecho, pero creíamos que era una excusa para la remilitarización. Y llevábamos razón".

Este consenso es transversal a prácticamente todas las propuestas realizadas en materia de defensa y seguridad por parte de la UE, como también refleja el Informe sobre Política Común de Seguridad y Defensa. Otras ocho de las enmiendas propuestas en este documento tenían que ver con reforzar militarmente a la Unión. Cinco de ellas alentaban al desarrollo militar y al reclutamiento de los Estados miembros, mientras que sólo tres se oponían a ello.

Una de ellas reflejaba la preocupación por la falta de alternativas diplomáticas a los conflictos bélicos. Esta enmienda fue rechazada con el 91% de los votos del Parlamento Europeo. Con excepción del grupo de la Izquierda y algunos eurodiputados no adscritos, prácticamente todo el arco parlamentario, desde ECR o ID hasta el EPP, se opuso a la propuesta. Una segunda planteó que imputar presupuesto de la Unión a gastos con repercusiones militares contravenía el Tratado de la Unión Europea, mientras que la tercera criticaba el aumento del gasto militar a la par que continúan operando políticas de austeridad en numerosos Estados miembros. También estas dos propuestas fueron ampliamente rechazadas.

Este consenso, que poco refleja la clásica división izquierda-derecha con la que suele observarse la política desde España, genera además fenómenos llamativos. Por ejemplo, el evidente apoyo de Los Verdes –nacidos de los movimientos ecologistas de los años 80– al desarrollo de la industria militar. Prueba de ello es su posicionamiento a favor de la aprobación del Reglamento de Materias Primas Fundamentales, en el que se incluyó el uso de las llamadas "tierras raras" para el desarrollo de armamento. "No sabemos si va a haber suficientes materias primas para una transición energética ecológica y se van a usar en la remilitarización", denuncia Urbán. "Es una locura".

Se pronuncia ”defensa”, pero se escribe ”dinero”

Si se sigue el rastro del dinero que llega desde las armas utilizadas en Ucrania las huellas conducen hasta las arcas europeas. Nada evidencia más la apuesta europea por la militarización que observar algunas de las decisiones económicas y, por ende, irremediablemente políticas, que se han tomado en la última década. Una de las más destacadas fue la aprobación en 2019 del Fondo Europeo de Defensa (FED), dotado con 13.000 millones de euros para el periodo presupuestario 2021-2027, y cuyo objetivo era impulsar la industria de defensa –es decir, militar– de los Estados miembros.

La Comisión Europea anunció la creación de este proyecto en 2016 y  justificó esta decisión en la aparentemente "debilitada capacidad de la industria de defensa de la UE" debido a "la falta de cooperación entre los Estados miembros". En realidad, la decisión había sido tomada algunos años antes, y en ella tuvo un papel fundamental la propia industria armamentística, que, convocada bajo el paraguas del Grupo de Personalidades (GoP), asesoró y diseñó la creación de este Fondo, según una de las publicaciones del Centre Delàs d'Estudis per la Pau.

De los 16 miembros que componían el GoP, siete eran presidentes de empresas de armamento –entre los que se encontraba la española Indra–; dos, de centros de investigación con alguna línea militar; y otro, director de un instituto de estudios internacionales. Tan sólo seis de ellos eran políticos europeos. Según explica Tica Font fundadora e investigadora experta en economía de defensa del Centre Delàs, la reflexión que hicieron los dirigentes europeos es que si quisieran ir a una guerra" la UE no es eficiente, porque tenemos gran disparidad de armamento".

Por ello, en torno al 25% de los 13.000 millones presupuestados para este periodo están destinados a subvencionar la compra conjunta de armamento de los Estados miembros. Para que dicha inversión se haga efectiva, es necesario que al menos tres países lleven a cabo la compra de un mismo material, algo que preocupa enormemente a los euroescépticos de ERC, que ven amenazada su autonomía. El resto de los FED –es decir, en torno a unos 8.900 millones de euros– se ha destinado a impulsar proyectos de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías para la industria armamentística, si bien la producción deberá estar cofinanciada en un 80% por los propios Estados miembros.

Esta medida que se conjuga a la perfección con el compromiso adquirido por muchos de los países que componen la OTAN –entre los que se encuentra buena parte de la UE, entre ellos España– de aumentar el gasto presupuestario en materia militar al 2% del PIB. Las empresas beneficiarias de los contratos financiados por el FED son, a menudo, las mismas que integraban el GoP. Es decir, de aquellas que impulsaron la creación del propio fondo.

Baja incidencia de la Eurocámara

El FED no es la única partida que la UE destina al ámbito militar. Tampoco el único impulso que ha recibido la industria en los últimos años. En este sentido, para Tica Font también han sido determinantes medidas como la aprobación de un nuevo Reglamento del Banco Europeo de Inversiones que permite que la industria militar reciba préstamos públicos, o la ya nombrada, ley de Materias Primas Fundamentales. Otras esperan en cola para ser aprobadas durante la próxima legislatura, como la eliminación del IVA en la compra de armas dentro de la UE, planteada el pasado marzo por Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad.

Ni en este bloqueo, ni en las otras normativas sacadas adelante en la última legislatura, el Parlamento Europeo ha tenido mucho que decir. "La incidencia del Parlamento en las decisiones sobre defensa es más bien escasa", razona Tica Font. La última palabra para en la mayoría de las decisiones la tienen otros organismos de la UE, como el Consejo Europeo, el Consejo de Europa o la Comisión Europea, ninguno de los cuales son elegidos de forma directa por los ciudadanos europeos. Así, el papel de la Eurocámara es, en este ámbito, más bien simbólico. Sus acuerdos sirven, más bien, de "coartada para justificar políticamente el proceso de remilitarización", dotándolo de "legitimidad democrática", ya que no es lo mismo que se produzca un proceso de militarización con la Eurocámara a favor que en contra.

El actual apoyo generalizado a estas políticas podrían verse afectadas por el posible viraje a la derecha del Parlamento tras la cita electoral del próximo domingo, aunque aún no está claro "en qué sentido", razona Font. Para la investigadora, los grupos de extrema derecha de la UE, si bien son más favorables al rearme o a la vuelta del servicio militar obligatorio, pueden presentar diferencias en lo relativo a la unificación de acciones de la UE, debido a que algunas de estas extremas derechas son más euroescépticas y contrarias a Rusia, mientras que otras se reconocen como más europeístas pero alejadas de la OTAN.