MADRID.- Los cincuenta países que negocian en secreto el pacto secreto TiSA acostumbran a plantear dotar de nuevos poderes a las empresas prácticamente en cada ronda de negociación, y en esta ocasión han vuelto a cumplir con este hábito. Según los documentos filtrados este viernes por WikiLeaks, a los que Público ha tenido acceso en exclusiva en España, tal y como está redactado hoy este pacto sobre servicios impediría explícitamente a los estados establecer una nueva docena de condiciones a las empresas que operen en sus respectivos territorios.

El TiSA impediría a un estado como Perú legislar para que las corporaciones cuenten con un mínimo número de sus ciudadanos en plantilla cuando operen en su territorio

En concreto, el texto analizado plantea que ninguno de los países firmantes pueda “imponer” o “hacer cumplir” ninguna “tarea” o “compromiso” a las multinacionales que operen dentro de sus fronteras, como utilizar o dar preferencia al uso de “bienes o servicios” procedentes de ese país que estas corporaciones requieran para cumplir su cometido.

Dicho de otro modo, esto supondría que si Pakistán quiere pedir a una cadena de supermercados multinacional con presencia en su suelo que recurra a empresas de publicidad pakistaníes para anunciarse, sencillamente no podría hacerlo, tal y como recoge el análisis elaborado por la asesora jurídica Sanya Reid Smith, integrante de la ONG Third World Network.

Ésta es la postura que hasta la fecha han defendido Canadá y la Comisión Europea, que ejerce como única voz de los 28, y que marca otras tantas restricciones a los estados: de entrar en vigor el acuerdo, éstos no podrían establecer un nivel mínimo de inversión en investigación y desarrollo para estas empresas, ni tampoco legislar sobre la obligación de contratar siquiera a un porcentaje de sus ciudadanos.

Ambas son cláusulas nuevas, que no aparecían en la penúltima versión filtrada de este documento, fechada en mayo. El ejemplo de Reid Smith para la organización que dirige Julian Assange es claro: esta última regla impediría a un estado como Perú legislar para que las corporaciones cuenten con un mínimo número de sus ciudadanos en plantilla cuando operen en su territorio en ningún escenario. “Esto obviamente tendría implicaciones para el empleo local”, sentencia.

La falta de protección de la UE

Según el documento, la única forma de que un estado quede exento del cumplimiento de estas normas es detallarlo en un listado que posteriormente debe ser negociado con el resto de países, que deben dar su visto bueno para que entre en vigor. Cambiar estos compromisos es prácticamente imposible cuando el acuerdo haya entrado en vigor, como informaba recientemente este diario.

La UE, en contra de esta cláusula: “Nada de lo incluido entre estos artículos puede ser interpretado para impedir que una de las partes tome cualquier acción que considere necesaria para la protección de sus propios intereses de seguridad esenciales”

Por otro lado, ninguna de las tres cláusulas que podrían acotar esta normativa, incluidas en el artículo X.5 del escrito, cuenta con el apoyo explícito de la UE. De hecho una de ellas, propuesta por EEUU, cuenta con su rechazo explícito: “Nada de lo incluido entre los artículos X.1 y X.3 puede ser interpretado para impedir que una de las partes tome cualquier acción que considere necesaria para la protección de sus propios intereses de seguridad esenciales”.

Y, en ningún caso la contratación pública quedaría al margen de estas normas, salvo que se acepte la segunda propuesta de excepción, que también respaldan Estados Unidos, Australia, Canadá o Japón, pero no así Bruselas.

El empeño de este borrador del TiSA por blindar los poderes de las empresas de cara a normativas hoy vigentes o incluso futuras se evidencia también en las tres propuestas que refleja el documento sobre la composición de los consejos de administración de las empresas.

La más agresiva, respaldada por Hong Kong y la UE, establece que los estados “no puedan exigir que ningún miembro de un Consejo de Administración” de una multinacional establecida en su territorio “sea de una nacionalidad determinada, o resida en ese territorio”; lo que en la práctica ata las manos de estos países y les impide regular que un mínimo de los directivos de estas empresas residan entre los márgenes de sus fronteras.

Pese a lo plasmado en este y otros documentos, Bruselas se afana por defender que no otorgará nuevos poderes a las multinacionales con el Trade in Services Agreement (TiSA), el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -entre la UE y EEUU- o el Comprehensive Economic and Trade Agreement -entre los 28 y Ottawa- (CETA).

Mientras tanto, la oposición y las movilizaciones contra estos acuerdos siguen creciendo; Madrid y otras 24 ciudades españolas acogerán nuevas protestas contra estos tratados este sábado, en un nuevo intento por pedir a la Comisión que rectifique, y por lograr que TiSA, TTIP o CETA entren por fin en la agenda mediática.

"Las nuevas reglas añadidas son peores que las del TPP”

El documento en cuestión, Localization Provisions, fechado en junio de este año, consta de apenas cinco páginas. La primera advierte que el texto debe ser secreto hasta transcurridos cinco años de la entrada en vigor del acuerdo. “Debe ser almacenado en un edificio, cuarto o recipiente cerrado o vigilado”, reza.

El análisis de WikiLeaks lo confirma: los cambios en el documento fechado en mayo persiguen “ser más restrictivos” en lo que respecta a la capacidad de regular de los gobiernos. “Las nuevas reglas añadidas son peores que las del TPP”, y si fueran finalmente aceptadas “sin suficientes excepciones”, “forzarían a hacer cambios en las leyes y políticas de países desarrollados y en vías de desarrollo que firman el TiSA”.