La destitución de Martín Vizcarra como presidente de Perú por "incapacidad moral" no solo ha generado el rechazo de gran parte de los peruanos, sino que también ha llevado a expertos e instituciones a manifestar su preocupación ante una posible concentración de poder en manos del Legislativo. Incluso, muchos califican lo que ha sucedido en Perú como un golpe de Estado institucional.

La alerta ha sido lanzada después de que este martes asumiera la jefatura del Estado el presidente del Congreso, Manuel Merino (del partido derechista Acción Popular), ya que el destituido Vizcarra no tenía vicepresidente.

En ese contexto, constitucionalistas y medios locales recordaron que, a pesar de que el sistema político peruano plantea una clara división de poderes, existe una ley hasta ahora prácticamente olvidada que mantiene al presidente del Congreso en funciones cuando asume la jefatura del Estado.

Norma olvidada sobre el poder del presidente del Congreso

La ley 27375 fue publicada en diciembre de 2000, poco después de la designación como gobernante de transición del entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, tras la destitución de Alberto Fujimori (1990-2000) en medio de un gran escándalo de corrupción.

Esa norma contiene un solo artículo, pero establece que si el presidente del Legislativo debe asumir la jefatura del Estado "por impedimento permanente" del presidente de la República mantendrá tanto su cargo como su escaño en el Legislativo.

Aunque la presidencia del Congreso fue asumida este martes por el primer vicepresidente, Luis Valdez, se considera que el equilibrio de poderes en el país será puesto en peligro si en el próximo gabinete de ministros hay miembros de las bancadas parlamentarias que destituyeron a Vizcarra.

Temor por la separación de poderes

En ese contexto, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola remarcó que se debe garantizar la división de poderes para evitar que Perú se convierta en una autarquía, mientras el politólogo Fernando Tuesta no dudó en afirmar que "este es un gobierno del Congreso".

Para muchos comentaristas, la destitución de Vizcarra se concretó por "intereses subalternos" de políticos y partidos que también están involucrados en denuncias e investigaciones por presuntos actos de corrupción o por haber vulnerado leyes de gran apoyo en el país, como las dirigidas a mejorar la educación universitaria.

Este tema fue tocado directamente por Vizcarra al defenderse este lunes ante el pleno del Congreso, donde afirmó que 68 de los 130 congresistas actuales son investigados por el Ministerio Público, lo que motivó que algunos legisladores lanzaran reclamaciones, silbidos y golpearan sus mesas y escaños.

Gran preocupación en las instituciones peruanas

La alerta ante la eventual concentración de poder no solo fue lanzada por constitucionalistas, sino también por instituciones como la Defensoría del Pueblo, que remarcó que la democracia peruana se basa en "la división y control del poder, y la garantía y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las persona".

"La actual situación nos confronta ante dos graves riesgos: la concentración del poder y la seria afectación de los servicios públicos que debe garantizar el Estado", enfatizó la Defensoría.
Ante esto, el organismo remarcó que el Gobierno de Merino "debe dar señales inmediatas y concretas de que garantizará la separación de poderes, y evitará que las decisiones y acciones de gobierno se confundan con las del poder Legislativo".

El tema también ha generado la preocupación de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este martes llamó "a garantizar la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos" en Perú.

En ese sentido, la CIDH urgió al país andino a resolver "su actual crisis política en observancia a los estándares interamericanos sobre separación de los poderes y el respeto al Estado de derecho, y mediante la realización de elecciones generales en las fechas programadas".

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifestó "su más profundo rechazo" a la destitución de Vizcarra y consideró que "la gravedad de esta decisión afecta al equilibrio de poderes y propicia la toma de decisiones populistas y en respuesta a intereses particulares, las cuales no van a tener un contrapeso en el poder Ejecutivo".

Al respecto, la secretaria general de la FIDH y miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh Perú), Gloria Cano, sostuvo que los legisladores "han entregado el poder a grupos con intereses particulares sobre la educación, el tráfico de terrenos, el transporte, la trata de personas, entre muchos otros".

Algunos analistas y medios de comunicación latinoamericanos se atreven ya a tildar de golpe de Estado la moción de censura contra Vizcarra. Así se expresan medios como el argentino Clarín o el peruano Libero. Estos medios recuerdan que las acusaciones contra Vizcarra proceden de tres testigos anónimos que aseguran que el ya expresidente cobró unos 543.000 euros a cambio de contratos de obras públicas cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. Sin embargo, la Fiscalía todavía no ha admitido a trámite dichas acusaciones y por tanto el escenario de un juicio contra Vizcarra queda todavía muy lejos.

Este es el segundo intento de moción de censura contra Vizcarra, ya que el primero se produjo en septiembre y no prosperó. Tan solo hace un año, en septiembre de 2019, amparado por la Constitución y con un gran respaldo popular, Vizcarra disolvió el Congreso que desde 2016 estaba dominado por el fujimorismo bajo las órdenes de la procesada Keiko Fujimori. De esas elecciones surgió el Parlamento que le destituyó el lunes.

Vizcarra declaró este martes que el gobierno de Merino carece de "legalidad y legitimidad" ya que el TC aún no ha respondido a una consulta para que determine si es constitucional que el Congreso juzgue a los presidentes por "incapacidad moral", además de carecer del respaldo de la ciudadanía.

Merino promete que habrá elecciones el 11 de abril

Tras asumir la presidencia interina de Perú, Manuel Merino rechazó las acusaciones de liderar un gobierno "usurpador" y ratificó que respetará la convocatoria a las elecciones generales del 11 de abril próximo.

Además de asegurar que la votación contra Vizcarra no fue producto de un acuerdo con "votos comprados", prometió que convocará un "gabinete de consenso y unidad nacional" integrado por profesionales "de las más altas calificaciones".

A pesar de ello, el rechazo al inicio de su gestión aún se mantiene entre muchos peruanos, al punto que grupos de manifestantes protestaron durante todo el martes en el centro histórico de Lima, donde fueron duramente reprimidos por la Policía.

Protestas en las calles con 27 detenidos en Lima

Fruto de estas protestas y la represión policial se produjeron 27 detenciones en Lima. En el centro histórico de la capital, los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía fueron graves, según cuenta la prensa peruana, después de que los participantes en las protestas intentaran llegar hasta el Congreso y fueran frenados por las fuerzas de seguridad, quienes lanzaron gases lacrimógenos y bolas de goma.

También los manifestantes se concentraron frente a la sede del partido Acción Popular, el partido del actual presidente Manuel Merino, que ha sido investido este martes tras la vacancia de Vizcarra, donde han arrojado pintura sobre la fachada y han quemado banderas de esta fuerza política.

Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) ha denunciado que varios periodistas han sido agredidos en la capital durante la cobertura de las manifestaciones. Han denunciado la presencia de infiltrados en la protesta "con el fin de robar los equipos de prensa", mientras que han sido víctimas del uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de la Policía.

Pero no solo en Lima se han producido protestas contra la destitución de Vizcarra y la asunción de Merino como nuevo mandatario del país andino, en diversas ciudades del departamento de Áncash, en el oeste del país, algunos ciudadanos también han salido a manifestar su descontento con la recién decisión del Congreso.

En Cuzco, manifestantes también han lanzado pintura contra la fachada de la sede regional de Acción Popular, mientras que en Arequipa, Iquitos y Abancay también se han registrado manifestaciones, que, en su mayoría, han transcurrido de manera pacífica y sin ningún incidente.