Un fantasma recorre el Parlamento Europeo: la corrupción. El Catargate, el mayor escándalo de presuntos sobornos en la historia de la cámara, amenaza ya con dañar la imagen de la institución y de la familia socialdemócrata, a la que pertenecen los imputados de la trama catarí. La socialdemócrata griega Eva Kaili, arrestada, es la acusada de mayor perfil. El resto de imputados por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal son su pareja Francesco Giorgi, asistente en los Socialdemócratas, el ex eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri y un lobbista de la burbuja bruselense.

Las caras, los gestos y el tono que pasean estos días por el Pleno de Estrasburgo ya dejan entrever la gran crisis que atraviesa la segunda familia de la Eurocámara. Su líder, la española Iratxe García Pérez, ha centrado esta semana su discurso en defender que se trata de hechos aislados que no pueden extenderse y manchar la imagen de todo el grupo. Así, ha prometido acciones para llegar al fondo del asunto. "No se trata de un caso de corrupción que afecta a un grupo político, a un país o a una delegación. Se trata de individuos que rompen la ley cometiendo crímenes e individuos que deben rendir cuentas", ha subrayado durante la sesión plenaria de Estrasburgo.

De momento, García Pérez ha dibujado una línea de acción que pasa por personar al grupo como parte perjudicada en la causa judicial abierta, pedir la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo, solicitar a los miembros de su partido que están siendo investigados o que tienen a algún miembro en el equipo bajo sospecha que dejen temporalmente su cargo y, en última instancia, sanciones a Catar si se demuestra su implicación. En la veintena de registros efectuados hasta la fecha se han incautado hasta 750.000 euros en efectivo.

La primera gran consecuencia política que deja ya el escándalo es la destitución con efecto inmediato de Eva Kaili, que deja de ser una de las 14 vicepresidentas de la Eurocámara. La votación para cesar a la socialdemócrata griega de su cargo –aunque mantendrá el escaño en la Eurocámara- se ha saldado con una mayoría histórica de 625 votos a favor. Solo Mislav Kolakusic, un croata independiente, ha votado en contra; mientras que un holandés ultraconservador y un alemán de extrema derecha.

La cascada de movimientos en la delegación de S&D ha sido un goteo desde que el escándalo irrumpiese el pasado viernes. Marie Arena ha renunciado al cargo de presidenta de la subcomisión de derechos humanos de la cámara, después de que la policía investigase a uno de sus asistentes. El belga Marc Tarabella, también en la lupa, ha dejado el grupo. Poco antes, Tarabella había defendido el Mundial de Fútbol de Catar llamando "hipócritas" a los que abogaban por su boicot. También el italiano Andrea Cozzolino ha dado un paso al margen como coordinador del grupo. Y el también italiano Pietro Bartolo ha dejado de liderar la resolución sobre la liberalización de visados a los ciudadanos cataríes. No obstante, hasta la fecha ninguno de ellos ha sido imputado.

Pacto de no agresión

De momento lo que planea en la Eurocámara es una especie de pacto de no agresión entre las principales familias políticas -Populares y Socialdemócratas- para no "politizar" el escándalo. Y cerrar filas para llegar al final del asunto y dejar constancia de que se tendrá "tolerancia cero" con la corrupción.

Las críticas más firmes llegan desde el grupo de la Izquierda. La eurodiputada Manon Aubry, de Francia Insumisa, ya denunció en noviembre –cuando todavía el escándalo no había estallado- que Doha estaba llevando a cabo un "lobby desesperado" para frenar la resolución que discutía la cámara en aquellos momentos y que buscaba condenar al país del Golfo por sus abusos en materia de derechos humanos. Desde el grupo denuncian que la bancada socialdemócrata había puesto la zancadilla durante los últimos meses para realizar este debate y resolución, que acabó mucho más dulcificada por la presión de las dos principales familias de la Eurocámara.

En medio del actual tsunami, la Comisión Europea ha rescatado del cajón de sastre una propuesta que reveló en marzo para poner en marcha un organismo de conducta ético que regule el control y fortalezca la transparencia en las reuniones con los lobbies. Cada una de las tres instituciones europeas tiene sus propios códigos y normas a la hora de registrar los encuentros con lobbistas. Esta opacidad es uno de los grandes lastres de la UE, que arrastran críticas desde su nacimiento por su "cultura de la impunidad" en este campo, como señalaba la ONG Transparencia Internacional.

En 1999, la Comisión Europea comandada por Jacques Santer dimitó en bloque después de que algunos de sus miembros fueran acusados de irregularidades y nepotismo en torno a programas europeos. Y hace diez años, el comisario europeo de Salud y Consumo John Dalli también dejó su cargo después de que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) le investigase por otro caso de fraude. Ambos pertenecían al Partido Popular Europeo.

Las consecuencias de este escándalo pueden ser para la imagen y para la credibilidad de los socialdemócratas, en particular, y para la Eurocámara, en general, amplias. El caso ha estallado en mitad de una crisis económica, energética y social en la que miles de familias no pueden hacer frente a la inflación disparada de la luz, el combustible o los alimentos. En este malestar social, los populismos euroescépticos amenazan con capitalizar situaciones de este tipo. El primer líder nacional en reaccionar fue, de hecho, el húngaro Víktor Orbán, que cargó con sorna contra el Parlamento Europeo. Si la extrema derecha se uniese en una sola familia política, sería la segunda fuerza de la Eurocámara, por delante de los Socialdemócratas. Un aviso a navegantes que ya planea sobre las elecciones europeas de 2024.