El sistema carcelario brasileño está al borde del colapso. Así de claro y contundente ha sido en sus críticas el ministro y juez de carrera Cezar Peluso, que asumirá la presidencia del Supremo Tribunal Federal (STF) este viernes.

'Los casos que ha ventilado la prensa avergüenzan al país: son crímenes de Estado contra el pueblo', afirmó Peluso durante el Congreso sobre Prevención del Crimen y la Justicia Criminal, organizado por la ONU en Salvador de Bahía.

Se refiere a casos como el que ha publicado el diario Folha de São Paulo, que describía la dantesca situación que se vive en una cárcel del Estado de Espíritu Santo, donde más de 260 presos se hacinan en un espacio concebido para medio centenar de personas en el que duermen, comen y hacen sus necesidades. 'Lo primero que te impacta es el olor repugnante', narraba la reportera.

Peluso preside el comité de la ONU que sigue el trato a los presos en América Latina. En el encuentro se subrayó la necesidad de crear mecanismos que obliguen a los países a cumplir unas garantías de dignidad para la población carcelaria.

Esos requisitos mínimos no se cumplen en Brasil, donde 470.000 presos sobreviven hacinados en prisiones concebidas para albergar a 300.000 y muchos de ellos acaban detenidos eternamente en las comisarías. Se da además la paradoja de que un buen número de presos ya no debería estar cumpliendo condena; el presidente saliente del STF, Gilmar Mendes, los cifra en 20.000.

El pasado marzo, la ONU criticó la situación de las cárceles brasileñas y señaló la existencia de torturas, hacinamientos y mantenimiento de detenidos en lugares irregulares, entre otros. Esta es una de las razones de que las cárceles del país sean escenario de frecuentes motines y de que Brasil cuente con el índice de reincidencia más alto del mundo: un 70% de los presos delinque una vez puesto en libertad.

El director del Departamento Penitenciario Nacional (Depen), Airton Michels, aseguró que los problemas apuntados por Peluso se conocen desde hace más de 40 años, pero no por eso puede decirse que el sistema vaya a quebrarse. Según Michels, la realidad de los presidios es 'dura', pero se están estudiando medidas para aliviar la situación, como el cumplimiento de penas alternativas a la cárcel con ayuda de la monitorización electrónica.

Según el director del Depen, se han construido muchas cárceles en los últimos años, pero el número de presos se ha triplicado. Michels sostiene que el Depen financiará la construcción de centros de detención para presos que no han sido juzgados, que actualmente se amontonan en las comisarías.

Muchos expertos son escépticos respecto al alcance de estas medidas. Para empezar, será necesario acabar con la corrupción en las cárceles: según O Globo, muchas obras para la construcción de nuevas cárceles han sido paradas por sospechas de irregularidades en la administración de los presupuestos.

- 470.000 reos. El hasta ahora presidente del Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, ha criticado que alrededor del 12% de los 470.000 presos brasileños están hacinados en comisarías, aunque en algunos estados, como en Bahía, esta cifra se dispara hasta el 40%.

- Abusos y torturas. Los tribunales de todo el país suscribieron en febrero un acuerdo para impulsar iniciativas que acaben con esta situación, pero las comisarías de policía carecen de infraestructuras para cumplir este cometido. Además, los agentes son frecuentemente denunciado por cometer abusos y torturas.

- Sin garantías básicas. Según la ley, los detenidos en fragrante delito pueden ser arrestados en las delegaciones policiales sólo durante 24 horas; después deben ser trasladados a la unidad penitenciaria correspondiente. Pero a menudo esto no es posible y se llega así a casos como el de un preso citado por Mendes, que lleva ya 14 años recluido en una comisaría bahiana sin las garantías más básicas.