El Senado italiano decide hoy si deja a oscuras al país sobre cuestiones de gran calado político y social, como la presunta corrupción en el Gobierno Berlusconi, las operaciones de la mafia o la compra de árbitros en la primera división de fútbol. Los dos partidos en el Gobierno, el Pueblo de la Libertad (Pdl) y la Liga Norte tienen previsto aprobar hoy la conocida en Italia como ley mordaza, una norma que impide a la prensa publicar el contenido de escuchas telefónicas ordenadas por la magistratura en sus investigaciones judiciales hasta que no se convoque la primera audiencia.

Los editores de periódicos se exponen a multas y los periodistas, a penas de cárcel. Además, la norma prohíbe a los magistrados ordenar escuchas telefónicas por más de 75 días a pesar que hay operaciones de mafia que han culminado gracias a escuchas superiores a dos años, y sólo las pueden iniciar si tienen 'graves indicios de delito', y no simples sospechas. Aunque la ley contempla excepciones en delitos de mafia, destacados magistrados, como el fiscal Antimafia Antonio Ingroia, aseguran a Público que muchas detenciones y operaciones exitosas empezaron con la investigación de delitos comunes.

Las investigaciones sobre corrupción y mafia serán las más afectadas

Además, la norma prohíbe a los ciudadanos grabar a escondidas, con lo que hoy la prostituta Patrizia d'Addario no habría podido demostrar que se acostó con Silvio Berlusconi los mismos días en que el primer ministro iniciaba un acoso legal a la prostitución.

En la práctica, de haber estado en vigor la ley, hoy los italianos no sabrían que un empresario, Diego Anémone, preparaba una 'fiesta megagaláctica' con champán para agradecer a uno de los hombres fuertes del Gobierno, Guido Bertolaso, presuntas adjudicaciones públicas a su favor.

Italia tampoco habría sabido en su día de los trapicheos de la dirección del club Juventus para comprar árbitros, lo que le valió al equipo la retirada de un campeonato de Liga y el descenso a segunda.

La presión social ha ido en aumento en contra de la ley, y los principales periódicos del país cerraron filas el lunes pasado para denunciar los efectos devastadores de la norma sobre la libertad de prensa y el derecho de información de los ciudadanos. El periódico La Repubblica lidera una campaña de recogida de firmas en Internet y su director, Ezio Mauro, aseguró que buscaría todos los instrumentos para continuar informando a los ciudadanos. El director del conservador Corriere della Sera, Ferrucio de Bortoli, afirmó que la norma 'expresa una intolerancia hacia la libertad de prensa que debe preocupar a todos'.

Este fin de semana la derecha ha negociado enmiendas que suavizan las multas a los periódicos a un máximo 300.000 euros y que adelantan la posibilidad de publicar las escuchas al momento en que el investigado recibe una notificación judicial. Hasta entonces, seguirán prohibidas. Las enmiendas, además, siguen limitando enormemente las investigaciones judiciales. La oposición ha presentado casi 300 enmiendas. La derecha tiene mayoría para aprobar la ley, pero el sector crítico liderado por Gianfranco Fini ha pedido más tiempo para negociar.