MADRID.—Cuatro de los 17 militares salvadoreños involucrados en la matanza en 1989 del jesuita español Ignacio Ellacuría y otros cinco de sus compañeros de la Universidad Centroamericana (UCA) fueron detenidos en las últimas horas por la Policía salvadoreña en cumplimiento de las órdenes de detención emitidas por Interpol después de que el jueves una jueza de Estados Unidos la extradición a España de uno de los acusados de aquel crimen.

La Policía Nacional Civil "continúa el operativo para la ubicación y detención del resto de personas requeridas [por España], sobre lo cual se informará oportunamente", publicó el organismo policial en  su cuenta oficial de Twitter. De hecho, el operativo de búsqueda y captura comenzó la noche del viernes en diferentes puntos de El Salvador.

Los militares retirados capturados son el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez.

El juez de la Audiencia Nacional de España Eloy Velasco reiteró el pasado 5 de enero las órdenes de captura contra los uniformados emitidas originalmente en agosto de 2011.

Horas antes del operativo salvadoreño, una jueza estadounidense dio luz verde a la extradición a España del excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, reclamado por este mismo caso.

Las víctimas de la masacre, perpetrada en el marco de una ofensiva guerrillera, fueron los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, así como su colaboradora Elba Julia Ramos y su hija Celina.

Una ley de amnistía general emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992.

Pero la magistrada del Tribunal Federal del Este de Carolina del Norte, Kimberly A. Swank, de extraditar a España al excoronel salvadoreño Inocente Montano, reclamado por los asesinatos de cinco jesuitas españoles, durante el conflicto interno de El Salvador (1980-1992), abre nuevas vías en el caso. 

Swank dictaminó que los tratados entre EEUU y España favorecen la extradición de Montano, también exviceministro de Defensa y reclamado desde 2011 por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco.

No obstante, Montano podría interponer un recurso contra la extradición y, de esta forma, el proceso podría frenarse o retrasarse, advirtió el fiscal del caso.

Montano, que estaba en prisión provisional en una cárcel de Carolina del Norte, debe pasar ahora a manos del cuerpo de aguaciles de Estados Unidos, que se encargará de custodiarlo hasta la aprobación final del Departamento de Estado, según dictaminó la jueza.

"Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo"

Durante el proceso, Estados Unidos, que dice actuar en nombre de España, defendió que el exmilitar está vinculado con los asesinatos por haber amenazado por la radio del Ejército a los jesuitas.

Además, el Gobierno de Estados Unidos sostuvo que, un día antes de la matanza, el acusado, que en ese momento era viceministro de Defensa Nacional, participó en una reunión donde uno de sus subordinados, el coronel René Emilio Ponce, ordenó cometer los asesinatos al coronel Guillermo Alfredo Benavides.

"Maten al padre Ellacuría y no dejen ningún testigo", ordenó supuestamente Ponce en presencia de Montano, que en el encuentro del poderoso grupo de militares al parecer facilitó la ubicación de Ellacuría al anunciar que había vuelto de España y estaba en El Salvador, según la acusación.

En su escrito, la jueza no entra en estas acusaciones pero sí admite que la extradición debe proceder porque las evidencias muestran que Montano "se encargaba de tomar decisiones y era miembro de un grupo de oficiales que ordenaron colectivamente los homicidios ilegítimos de sacerdotes jesuitas en El Salvador".

"Existe causa probable para creer que el acusado cometió los delitos de asesinato terrorista", de los que se le acusa en España, dictaminó la jueza en su escrito.

El Salvador celebró un juicio contra Montano y otros 19 militares, pero el juez español Velasco lo consideró un fraude de ley y aceptó investigar en 2011 el caso a petición de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés).