El mayor escándalo en democracia del Ejército brasileño, el caso de la Sala Roja de la tortura, sigue su curso una vez desvelados los resultados de siete informes oficiales del Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, del Departamento General de la Policía Técnico-Científica.

Los siete jóvenes que han denunciado tortura en las dependencias de la Primera División del Ejército, en la Villa Militar de Deodoro de Río de Janeiro, fueron detenidos durante una fiesta en la favela del Morro da Chatuba (Complexo da Penha), a las cuatro de la madrugada del 20 de agosto de 2018.

Una patrulla de ocho militares en un vehículo blindado modelo Guaraní, con un coronel, un capitán y un teniente al frente, desplegaba una operación antidroga enmarcada dentro de la intervención federal del Gobierno de Michel Temer en la seguridad pública del estado de Río de Janeiro. Además de las detenciones, la patrulla dejó tres muertos.

Informes médicos oficiales incluidos en el auto judicial

Los documentos periciales que confirman las denuncias de tortura –"evaluación altamente consistente, siendo altamente probable" que así sucediera– fueron elaborados según el Protocolo de Estambul tras los estudios realizados por un equipo compuesto por tres doctores y dos asistentes técnicos de una organización internacional centrada en la protección de los derechos humanos. Posteriormente, los informes fueron incluidos en los autos del proceso tramitado en la Justicia estatal. Toda esta información es pública.

En las declaraciones de los siete detenidos se resalta que los torturadores, además de ir con el rostro cubierto, vestían de paisano. Las sesiones de malos tratos, una detrás de otra, llegaban a durar cuarenta minutos. Es común en los relatos la disposición de uno de los militares manejando un ordenador portátil y haciendo las preguntas, otro colocando a los arrestados una bolsa de plástico en la cabeza, para asfixiarles, y los otros dos "golpeando con una tabla de madera y con un cable", tal y como detalla F.R. en su entrevista con los peritos.

Otro de los jóvenes, L.M., cuenta cómo solían proceder los torturadores: cada respuesta negativa o cada silencio originaba una agresión: "Maderazo en las piernas, maderazo en la espinilla y latigazo por detrás". W.M. no pudo soportar la bolsa de plástico pegada a su nariz y a su boca, la falta de aire: "Me desmayé, me desmayé muy rápido, y después me dieron bofetadas en la cara, para despertarme". Generalizada es también la testificación de los constantes intentos de bajar los pantalones a los detenidos para agredirles sexualmente con objetos contundentes.

Especificaron todo lo sucedido en la Sala Roja cuatro de los siete detenidos. Los tres que se libraron del modus operandi de esa dependencia militar fueron los que llegaron ya a esa fase con un estado físico que podría comprometer exageradamente el futuro de los militares –dos de ellos, con impacto de bala, y otro con fuertes dolores en su pierna derecha–, y necesitaron atención sanitaria urgente en otro ala del cuartel. Aunque no llegaron a conocer la Sala Roja, sufrieron los malos tratos en el lugar de la detención y durante el traslado al acuartelamiento.

Culpabilizar a la cadena de mando

La Defensoría Pública de la Unión está trabajando en el caso mano a mano con la Defensoría Pública de Río de Janeiro. Los siete detenidos han sido absueltos de la acusación de relación con el tráfico de drogas –delito estatal–, sin embargo, al estar también acusados de intento de homicidio contra los militares –les inculparon de participar en un tiroteo, razón por la cual permanecen en prisión provisional a día de hoy–, su destino saltó a la esfera Federal. Fue precisamente la Defensoría Pública de la Unión la que envió la detallada documentación sobre el caso al Ministerio Público Militar –porque en Brasil, además, un civil puede ser juzgado por la Justicia Militar–.

El principal obstáculo para que la investigación pueda llegar hasta el final es que, a pesar de que el nombre de los ocho miembros de las Fuerzas Armadas que formaban parte de la operación en el Morro da Chatuba es público, se desconoce la identidad de los militares que torturaron a los detenidos en la Sala Roja. No hay evidencias de que sean los mismos. "Ni las propias víctimas lo saben", reconoce para este periódico Thales Arcoverde Treiger, de la Defensoría Pública de la Unión (DPU). La estrategia pasa por demostrar que dada la "existencia ciertos patrones de comportamiento, puede establecerse la narrativa de la cadena de mando". Es decir, o el Ejército brasileño está repleto de elementos descontrolados que actúan por libre –con negligencia de los superiores–, o esos soldados cumplían órdenes de arriba. Esto último es más factible teniendo en cuenta la presencia de ese patrón que se repite. Igual que es recurrente la configuración racista de la seguridad pública en Brasil: seis de los siete torturados son negros.

La Intervención Federal en la Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro durante diez meses de 2018 estuvo liderada por el general Walter Souza Braga Netto, actualmente Jefe del Estado Mayor del Ejército. Esa cadena de mando está siendo el camino para intentar por todos los medios la liberación de los presos y, en palabras de Arcoverde, conseguir también "resarcimiento, indemnizaciones".

En este sentido, en manos de la jueza del Tribunal Supremo Rosa Weber está la petición de Habeas corpus para la puesta en libertad de los presos. El proceso se basa casi exclusivamente en la detención ilegal de los siete jóvenes, debido a que la "denuncia cursada fue genérica, sin describir conductas individualizadas, siendo que los acusados salieron en una zona de matorral con las manos en alto y se entregaron a la patrulla militar, encontrándose posteriormente armas en esos matorrales, por lo que no se sabe quién portaba las armas". En esta petición de Habeas corpus la defensa solicita que se tenga en cuenta la denuncia de tortura, pero eso quedará al margen en el Supremo, inevitablemente, al no haber aún ningún acusado en firme.