Los aires de denuncia que empezaron a soplar a principios del pasado julio en Egipto para dejar al descubierto el alcance de la arraigada cultura de la violación en el país tras las acusaciones de acoso sexual de casi un centenar de mujeres contra un joven veinteañero llegaron a alcanzar una gran intensidad con el paso de las semanas. Un directivo de una reputada organización de derechos humanos, un consagrado periodista de investigación, figuras de la élite del país y la escuela nacional de cine fueron algunos de los blancos.

Este impulso social, sin embargo, se envenenó de forma inquietante en agosto, cuando la posición receptiva inicial del régimen de Abdelfatá Al Sisi dio paso a varios arrestos de testimonios en un caso de violación colectiva presuntamente perpetrada por un grupo de jóvenes de familias muy poderosas. El abrupto giro fue acompañado de una fuerte campaña difamatoria en medios y redes, y del silencio simultáneo de los poderes públicos.

Las primeras alegaciones acerca de la violación en grupo en el centro del huracán, que se produjo en el elitista hotel Fairmont de El Cairo, aparecieron a finales de julio en la misma cuenta de Instagram, @assaultpolice, que canalizó inicialmente los testimonios contra el joven acusado de un centenar de episodios de acoso. Según han acabado relatando otras cuentas abiertas con un propósito similar, una chica fue drogada durante una fiesta en 2014 en el anterior hotel y violada en una de sus habitaciones por al menos seis jóvenes, que grabaron los hechos para compartirlo con conocidos y chantajearla.

Hasta aquel momento, relatos de mujeres denunciando agresiones sexuales seguían multiplicándose en las redes. Su empuje suscitó una atención insólita del público y de las autoridades del país, incluidos el Parlamento, la Fiscalía, el Consejo Nacional de Mujeres y las principales instituciones religiosas, que adoptaron una postura sensible. En pocas semanas, el impulso se apuntó logros significativos, como el arresto del joven en el blanco de las denuncias iniciales, que todavía está siendo investigado, y la aprobación de una ley que refuerza la confidencialidad de las supervivientes que denuncien acosos.

En el llamado crimen de Fairmont, la Fiscalía mostró menos celeridad, pero acabó interviniendo a principios de agosto, y a finales de mes emitió órdenes de arresto contra nueve hombres presuntamente involucrados en casos de violación en grupo, la mayoría de ellos perpetrados en el hotel cairota. Según señaló en su comunicado, el órgano actuó tras recibir una carta del Consejo Nacional de Mujeres –que desde julio ha alentado a las egipcias a denunciar abusos sexuales– que contenía un informe de la superviviente y de varios testimonios. Hoy, cinco de los siete hombres han sido ya detenidos, tres en el Líbano y dos en Egipto. Se desconoce dónde se hallan los otros dos.

A pesar de que el Fiscal General señaló haber emprendido acciones a raíz de la carta del Consejo Nacional de Mujeres, su intervención también se produjo a remolque de una gran presión ejercida en las redes. Y en un país cuyas paternalistas autoridades están poco avezadas a actuar por petición popular, el empuje social fue recibido con irritación. En el mismo escrito en el que la Fiscalía informó de la emisión de una orden de arresto internacional contra siete acusados que se habían fugado del país, también lanzó un dardo contra las activistas que habían denunciado el caso en público, al disuadir a la ciudadanía de difundir informaciones que puedan "darles la oportunidad de escapar" a los acusados.

Fue días después cuando la gestión de las autoridades acabó de dar un perturbador giro de guion. En el último fin de semana de agosto, varios testimonios del caso Fairmont fueron arrestados, según avanzaron medios egipcios independientes como Al Manassa y Mada Masr. La confirmación oficial no se hizo esperar. La noche del día 31, la Fiscalía señaló en un comunicado que siete testimonios habían sido arrestados y acusados. Cuatro de ellos fueron puestos en libertad provisional al poco, pero los otros tres –Nazli Karim, la denunciante, Seif Bedour, que acompañó a comisaría a una superviviente, y Ahmed el Ganzoury, el organizador de la fiesta de 2014– permanecen detenidos.

Aunque el Fiscal no identificó inicialmente a los detenidos, ni ofreció detalles sobre sus cargos, fuentes cercanas al caso aseguraron a los anteriores medios que cuatro de los acusados –tres de ellos, mujeres– se habían ofrecido inicialmente a testificar en el proceso. Asimismo, las acusaciones que se habrían presentado contra ellos incluyen cargos morales, como incitar al libertinaje o consumir drogas, y dañar la imagen del país. Los primeros cargos son utilizados de forma recurrente por las autoridades contra quienes no se ajustan a las estrictas normas sociales. Además, la Fiscalía ordenó realizar un test de droga a los detenidos y a examinar el contenido de sus teléfonos móviles, y, según Al Manassa, algunos habrían sido sometidos a pruebas de virginidad y anales.

El caso que ha acaparado más atención es el de Nazli Karim. Pese a que ella no acudió al hotel Fairmont la noche de la violación en grupo, la superviviente la contactó para denunciar porque es la ex esposa de uno de los presuntos autores del crimen. Cuando el entorno del ex marido lo supo, sin embargo, denunciaron a la joven a la policía y filtraron contenido privado en las redes para desacreditarla. Hoy Karim sigue detenida y su entorno teme por su vida después de que en dos ocasiones un doctor le haya detectado comportamientos suicidas debido al deterioro de su salud mental.

De la mano de la actuación de la Fiscalía se desató una fuerte campaña de difamación contra la superviviente y los testimonios del caso Fairmont en las redes y en medios afines al régimen. En el primer caso, la ofensiva se basó en difundir fotos y vídeos privados que se cree que se filtraron de los teléfonos de los testimonios. Y en el segundo, algunos medios publicaron artículos en los que aseguraban que la fiesta celebrada en el hotel Fairmont fue en realidad un encuentro sexual, al que se refirieron con cargadas referencias homofóbicas y machistas en un intento de desprestigiar al grupo.

"Desde el principio es muy evidente, por el modo de actuar de las autoridades, que existen [a sus ojos] quienes son buenos y quienes son malos. Y esos que son [percibidos] como buenos no es que merezcan derechos sino solo su protección", observa Mozn Hassan, una activista feminista y fundadora de la organización Nazra para Estudios Feministas, a Público. "Las autoridades han gestionado [la campaña de denuncias iniciada en julio] desde esta perspectiva, como si estuvieran protegiendo a mujeres mientras sean ‘buenas’. Pero de golpe se han dado cuenta que el estilo de vida de las mujeres [del Fairmont] no es el que creen que respeta la imagen estereotípica de mujer víctima, bonita y débil, así que se han convertido en mujeres ‘malas’ que no merecen protección" considera, además de insistir en que la legislación egipcia permite este tipo de desamparo.

La embestida contra los testimonios fue recibida con un silencio sepulcral de aquellas instituciones que poco antes habían alentado a las egipcias a denunciar casos de abuso sexual pese a tratarse de un país donde la culpabilización de la superviviente está muy arraigada. El silencio más estridente es precisamente el del Consejo Nacional de Mujeres y su directora, Maya Morsi, ya que fue esta institución pro-gubernamental la que presentó ante la Fiscalía el informe con los testimonios que condujo formalmente a su intervención. Público ha tratado de contactar repetidamente y por distintos medios con el Consejo, pero éste no ha respondido ni a las llamadas ni a los mensajes tras leerlos.

"El Consejo Nacional de Mujeres, establecido en el 2000 por decreto gubernamental, sigue siendo una entidad estatal o semiestatal", explica Nael Shama, una investigadora política residente en El Cairo, a Público. "La razón era que un grupo de mujeres independientes querían establecer un grupo de derechos humanos de las mujeres, [y] no queriendo quedar al margen, el Estado decidió montar su propia organización, una que pudiera ser de confianza porque no adoptaría posturas antigubernamentales", agrega.

Ante el envenenado cambio de rumbo de las autoridades, la reacción de las redes, uno de los últimos espacios donde aún existe un cierto margen para expresarse, ha sido dispar. Por un lado, muestras de apoyo a la superviviente, como una campaña con el hashtag #IAmTheFairmontVictim, fue muy compartida, y las denuncias de abusos han continuado saliendo a la luz, la última de ellas durante el Festival Internacional de Cine de El Cairo relativa a un director. Asimismo, algunas mujeres que ayudaron a impulsar el movimiento, como la creadora de la página Assault Police, Nadeen Ashraf, siguen recibiendo reconocimiento público.

Por el otro lado, sin embargo, algunas cuentas de solidaridad y denuncia que habían sido muy activas desaparecieron, y algunas activistas temen que se interrumpa el impulso logrados desde julio. "Quizás se cierra [el espacio] esta vez, o quizás no", concluye Hassan, "pero no se trata de blanco y negro, sino de un proceso, de un camino".