En la misma semana que la Corte tomó por asalto a la Magistratura, las patronales agrarias invadirán este sábado la ciudad de Buenos Aires, con un tractorazo avalado por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Horacio Rodríguez Larreta, quien advirtió que reprimirá enérgicamente a los movimientos sociales que hagan lo mismo.

Está claro que para el jefe de Gobierno de la CABA no es lo mismo el embotellamiento de tránsito que realizan productores que se han favorecido con el aumento de precios de los alimentos, que las molestias generadas por los que no pueden pagar esos alimentos.

Larreta habilitó esta marcha de las patronales agrarias que protestan por los aumentos de las retenciones que el Gobierno ya aclaró que no aumentarán. Es una movilización "preventiva" o sea puramente política. Si bien en el Frente de Todos, las retenciones fueron parte de un intenso debate como posible herramienta para desdoblar los precios locales de los que se verifican a nivel internacional, finalmente fueron descartadas.

El tractorazo, y el magistraturazo tienen el mismo trasfondo relacionado con los corrimientos de poder y la puja distributiva, en un escenario donde todos los vectores aparecen disparados por la suma de una crisis tras otra, desde la que dejó el Gobierno de Mauricio Macri, más la que se generó con la pandemia y la que se suma con la guerra en Ucrania. Y en el flanco de la política las elecciones de medio término y las internas en las dos fuerzas mayores terminaron de crear un cuadro de transición y reacomodos.

El camino que eligió el Gobierno para atenuar el efecto del alza inflacionista fueron medidas para favorecer a los sectores más vulnerables. Y al mismo tiempo lanzó dos iniciativas para equilibrar la balanza de la desigualdad: una que multa a los capitales fugados sin declarar, y otra que plantea un impuesto a la renta inesperada.

Perseguir la fuga para pagar la deuda

Se calcula que los capitales fugados constituyen más del 70% del PBI, aunque la dificultad será ubicarlos, por lo cual se promoverá otra ley que suprima el secreto bancario en estos casos. Lo que se recaude por esta vía irá a un Fondo para pagar la deuda externa. El proyecto está listo para ser tratado en el Senado. El macrismo se opone en la Cámara alta y ya adelantó que se opondrá en la de  Diputados.

El concepto de renta inesperada fue aceptado genéricamente por el Fondo Monetario Internacional en el contexto de los saltos inflacionarios que se produjeron en todo el mundo por la guerra entre dos de los más grandes productores de granos y de petróleo y gas en el caso de Rusia. En la Argentina el nuevo impuesto abarcaría a las empresas que hayan tenido un aumento –comparado con años anteriores– de más de 1.000 millones de pesos (81 millones de euros), favorecidos por la fuerte subida de precios que provocó el conflicto bélico en Ucrania. Esta cifra corresponde al 3,2% de las empresas. El macrismo ya adelantó también que se opondrá.

El Gobierno había aumentado el 50% la tarjeta alimentaria y esta semana anunció bonos de 12.000 pesos (972 euros) para jubilados y pensionados –que se suman a los 6.000 previos (486 euros)–, así como de 18.000 (1.458 euros) para personas que desempeñan un trabajo informal, para monotributistas y empleadas de casas particulares. Según el Ministerio de Economía, los bonos saldrán de fondos "genuinos". El crecimiento del PBI de más del 10%, más la alta inflación, permitieron una alta recaudación para solventarlos.

Frente de Todos: diferencias sin rupturas

Para algunos estas medidas aliviaron el debate interno en el Frente de Todos. Otros aseguran que el sector más crítico mantiene sus posiciones a la espera del contenido del proyecto de ley sobre la renta inesperada que entrará al Congreso. Como los escenarios político, económico y el social mantienen una inestabilidad permanente por factores externos e internos, es difícil que este debate tenga punto final. Aunque en algún momento la tensión parecía que sólo podría derivar hacia una división, ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner dieron señales en ese sentido. Ambos se preocuparon por aclarar que las diferencias se resuelven sin rupturas.

La arremetida de la Corte sobre la Magistratura y la contraofensiva del Frente de Todos en el Senado para defender un representante, cerraron filas en el oficialismo. El debate interno quedó relegado frente a este avance opositor que este sábado tendrá otra expresión con la caravana de tractores.

La estrategia del Gobierno de contener desde la secretaría de Comercio los efectos más fuertes, esperar a que bajen las expectativas inflacionistas y que se aquieten los rebotes de la guerra hizo que, entre febrero y marzo, los tiempos de la crisis fueran mucho más deprisa que los tiempos del Gobierno. En un mes y medio la Casa Rosada apareció con pocos reflejos frente a un tsunami del exterior más potente de lo esperado. Con alta inflación semanal, fueron seis semanas, algunas más, con el malhumor social en aumento, junto con los precios.

La ofensiva de las corporaciones

Las medidas que se anunciaron esta semana están en el rumbo que reclamaban los sectores más críticos del oficialismo. Pero ese tiempo de quietismo, el aumento de la protesta social y el fuerte tono del debate interno crearon el espacio para que se produzca la ofensiva de los intereses corporativos. El síntoma más demostrativo fue la decisión intempestiva del titular de la Corte, Horacio Rosatti, que se autodesignó titular de la Magistratura acentuando los rasgos corporativos que fue tomando el Poder Judicial.

El Partido Judicial ha jugado, como antes el Partido Militar, junto a los poderosos, y en el plano de la política ha sido un aliado de Juntos por el Cambio. En la puja distributiva ha funcionado como nunca el dicho "hazte amigo del juez. El acto de este sábado de los empresarios rurales, asociado a la complacencia del jefe de Gobierno de CABA, uno de los aspirantes del macrismo, es la otra expresión de esa puja.

Y por esa misma razón las semanas que siguen serán agitadas. Ya se producen movilizaciones de los gremios que han empezado las paritarias. Los estatales y comercio han logrado aumentos del 60% y más aún. Los gremios que estaban discutiendo alrededor del 40% o el 45%, ya se están planteando nuevos índices. La discusión salarial tendrá su reflejo en la calle y en medidas de fuerza.

Para la cúpula empresarial, ganar menos es perder

Para el primero de mayo ya se convocaron movilizaciones de diferentes signos. Los movimientos sociales organizados alrededor del Polo Obrero anunciaron que se concentrarán en Plaza de Mayo en contra del Gobierno. Las organizaciones agrupadas en la CTEP, en cambio, movilizarán en respaldo del impuesto a la renta inesperada. Hay gremios, como la Bancaria que ya están en la calle por su paritaria.

El Gobierno espera que la inflación empiece a decaer tras el pico de marzo y que las paritarias, más las medidas que anunció para jubilados y el trabajo informal, equilibren los desarreglos que se produjeron estos meses. Pero los porcentajes altos que se discuten en las paritarias seguramente serán trasladados en alguna medida y sumarán otro efecto a la inflación de arrastre.

Si la economía estuviera en descenso, la puja distributiva tendría otras características. Pero en el contexto del crecimiento fuerte de la economía y con altos índices de desigualdad, la puja distributiva se torna necesaria y reclama medidas drásticas para salvar esa distancia. Aún así el sector del capital mantendría un alto nivel de ganancias. Pero nunca querrán que la copa derrame porque, para ellos, ganar menos es perder.