Tras el acuerdo con los indígenas logrado la noche del domingo en Quito, y que Ecuador volviera paulatinamente a la calma, el Gobierno de Lenín Moreno Garcés comenzó a exigir sanciones contra quienes considera responsables del caos, el vandalismo y la zozobra en medio de las movilizaciones que duraron 12 días en el país sudamericano y lograron la suspensión de las medidas económicas.

La protesta indígena doblegó al régimen que tuvo que recular y, ahora, las funciones del Estado persiguen a quienes consideran responsables de la barbarie, que incluye la quema del edificio de la Contraloría del Estado; ataque a dos medios de comunicación, saqueos y graves daños al Patrimonio Histórico y, lo más grave: ocho fallecidos y 1340 heridos.

Las protestas han dejado 1192 detenidos

El régimen ha apuntado desde el primer día –sin aportar pruebas– a los “correístas”, e incluso ha denunciado que son financiados por el narcotráfico y el terrorismo para conseguir un golpe de Estado. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, afín al Gobierno, ha trabajado con celeridad en esa dirección.

Entre los 1192 detenidos –cifra dada por la Defensoría del Pueblo la noche de este lunes– se cuentan figuras claves del gobierno de Rafael Correa (2007-2017), la presidencia más larga e ininterrumpida de la historia. Entre ellas la prefecta de Pichincha, Paola Pabón.

Ella fue detenida la madrugada de este lunes 14 de octubre en Quito, tras el allanamiento de su vivienda. Este día se ejecutaron en la capital siete operativos simultáneos.

La detención por 'Facebook live'

"Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser opositora en una democracia no puede ser delito", señaló Pabón.

La política transmitió su captura vía Facebook live. Según la Fiscalía, "se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación". En ese operativo también fueron apresados dos colaboradores de Pabón: Christian González Narváez, a quien la Policía lo vincula con el “financiamiento de grupos violentos”; y a Pablo Del Hierro, “encargado de logística y abastecimiento”.

El discurso oficial –replicado por los ministros, particularmente por la del Interior, María Paula Romo– ha sido culpar a Rafael Correa y sus aliados del caos que ha vivido Ecuador desde el 2 de octubre. El ex mandatario vive en Bélgica desde 2017 y tiene dos órdenes de prisión vigentes.

Carta desde el encierro

La noche del lunes Pabón escribió una carta, a mano, haciendo una reflexión:
“A los opresores no le daremos nuestras lágrimas ni le ofrendaremos nuestro miedo; aquí nos encontrarán reconstruyendo nuestro Ecuador”.

Una exalcaldesa tras las rejas

El domingo 13 de octubre fue apresada la exasambleísta y exalcaldesa de la costera ciudad de Durán –contigua a Guayaquil–, Alexandra Arce. Ella, militante también del correísmo, es acusada de asociación ilícita y tiene ya orden de prisión preventiva. Se la responsabiliza de organizar los saqueos en Durán.

“Yo no he sido parte de ningún delito. Siempre he trabajado por mi ciudad, para protegerla. Esto no es más que un montaje y una clara persecución”, se defendió Arce.

Siete se refugian en Embajada de México

El sábado 12 de octubre la asambleísta Gabriela Rivadeneira –expresidenta de la Asamblea Nacional y una de las figuras más destacadas y cuestionadas del correísmo– pidió protección a la Embajada de México en Quito porque tenía información que sería detenida por ser crítica del presidente Lenín Moreno.

"No hemos cometido ningún delito. En lo personal, he padecido un seguimiento extrajudicial en los últimos días, con agentes del DGI (inteligencia), carros de la Policía, militares y civiles frente a mi domicilio, mi despacho y mis espacios de militancia, un verdadero acoso y amedrentamiento que se suman a otros anteriores que denuncié oportuna y públicamente a la ministra Romo, sin obtener respuesta".  

Ella no es la única ecuatoriana en esa sede diplomática que recibe “protección y resguardo”. La Cancillería de México informó que “el Gobierno de México recibió hoy (lunes) en su Embajada en Quito, para brindarles protección y resguardo, a las siguientes personas: Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional; Soledad Buendía, asambleísta nacional, y su cónyuge; Carlos Viteri, asambleísta nacional, y su cónyuge, Tania Pauker; y Leónidas Aníbal Moreno Ordóñez, Procurador Síndico de la Prefectura de Pichincha (que trabaja con Paola Pabón).

Esta acción se suma al resguardo y protección que el Gobierno de México brindó el 12 de octubre pasado a la asambleísta Gabriela Rivadeneira. "Nuestro país reitera su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su afinidad política”.

Los esposos, también en búsqueda y captura

El esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, Luis Flores Ruales, también tiene orden de detención para investigaciones. La Policía desconoce su paradero, al igual que el del exasambleísta del correísmo Virgilio Hernández. Él denunció persecución estatal. De hecho, su casa fue allanada también este lunes en Quito.

La Fiscalía aseguró que se “levantan indicios, como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos”. En Twitter, el Ministerio Público también publicó una foto en la que se veía pasaporte, tarjetas de crédito, credenciales y demás pertenencias de Hernández, quien fue uno de los gestores del movimiento político Alianza PAIS que llevó a Correa a la presidencia y el mismo partido que arropó a Moreno para que ganara las elecciones presidenciales de 2017. 

Paola Pabón, en una imagen de su perfil de Facebook.

La guerra entre "morenistas" y "correístas"

El oficialista movimiento Alianza PAIS –desde mediados de 2017– ha sufrido un cisma. La escisión se da entre los pro Moreno y los fieles a Correa (de allí que a todos los morenistas los llaman “traidores”). Los primeros se quedaron con el partido como tal (actualmente disminuido y sin mayoría legislativa). Los segundos se hacen llamar de la Revolución Ciudadana, como el ex presidente Correa denominó a su gestión la década que gobernó. Pero, en la práctica, los correístas no tienen partido.

Con el nombre Revolución Ciudadana intentaron inscribirse en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las últimas elecciones seccionales de febrero de 2019 (prefectos y alcaldes), pero el CNE rechazó el movimiento.

Por eso, se postularon con el aval del partido Fuerza Compromiso Social y así ganaron varias alcaldías e incluso dos prefecturas clave: Pichincha (con Paola Pabón) y Manabí (con Leonardo Orlando).

La imagen más difundida en las últimas horas ha sido la de decenas de billetes de 20 dólares sobre una raída sábana de flores. El dinero -según la Policía- se ha encontrado en el allanamiento a la vivienda de Virgilio Hernández. No se ha precisado la cantidad ni dónde exactamente estaba, ni qué fin tenía. Una imagen sugerente, en medio de las acusaciones de complot, narcotráfico y terrorismo. Lo cierto es que la justicia de Ecuador, históricamente cuestionada por su accionar servil con el gobierno de turno, tiene en sus manos un tema complejo, mientras el país sudamericano apenas sale del asombro, del miedo, del estupor. 

Detenciones sistemáticas

En el inicio de las movilizaciones también fueron apresados el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez (Suma) y el asambleísta correísta Yofre Poma. Ellos son acusados de paralización de servicio público por un intento de toma de una estación de bombeo de petróleo en la Amazonia.

La prefecta Pabón es acusada de complot e intento de golpe de estado. La razón: ella estuvo en septiembre pasado en Venezuela, donde se reunió con Rafael Correa, quien no puede ingresar a Ecuador por las dos órdenes de detención en su contra.

En un primer juicio por plagio y en otro, por tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita. "No me he reunido con el presidente (Nicolás) Maduro, como se pretende hacer creer. Estuve, sí, hace 20 días en Caracas, para reunirme con el expresidente Correa, quien tenía que hacer allí varias entrevistas para la cadena Russia Today (RT). Se me quiere culpar y montar una tremenda mentira", explicó ella en una entrevista dada horas antes de su detención a Público. 

Silencian a medios críticos

El pasado 8 de octubre, de hecho, la Fiscalía de Ecuador irrumpió en las instalaciones de la radio pública Pichincha Universal en Quito –que depende de la Prefectura que Pabón lidera– bajo acusaciones de “incitación a la discordia”. El medio público, desde entonces, ha silenciado sus micrófonos y es obligado a retransmitir la señal de la radio Pública FM, cuyo contenido editorial lo maneja el régimen a través de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

La ONU y la Comisión Interamericana de DDHH han cuestionado el cierre de medios. También el Gobierno decidió bloquear en las cableras el acceso al canal venezolano –de línea chavista y pro Correa– Telesur, crítico del presidente Moreno.

Pabón se refirió a estos temas en una entrevista con Público: "Es un abuso de poder. Es importante que desde los medios internacionales nos ayuden a romper ese circo y cerco mediático que ha tratado de ridiculizar lo que acontece en Ecuador. Hemos perdido vidas. Se habla de desestabilización y afectación a la democracia, pero no de las causas verdaderas: el gobierno ha traicionado intereses de grandes mayorías. Ofreció salud, vivienda, educación y no ha cumplido. Si se aleja de lo que el pueblo demanda, va a tener miles y miles de ciudadanos protestando en todo el país, como ha ocurrido en estos días. El Gobierno de Moreno debe reconocer que ha sido rebasado".