Casi dos años después de la llegada de nuevo al poder del régimen talibán, el opio sigue corriendo a raudales en Afganistán, tanto que ya llega a suponer el 14% del PIB del país y su mayor producto de exportación, según el ultimo informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El anuncio del gobierno fundamentalista de prohibir su cultivo no ha hecho, de momento, más que aumentar el precio y la superficie de plantación de adormidera. Y, a su sombra, la producción de metanfetamina también sigue creciendo.

Afganistán continúa engordando de esta forma como una de las mayores economías ilícitas del mundo, mientras su población chapotea en la miseria. Los datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) reflejan que ese país de Asia central produce el 86% del opio ilícito de todo el planeta, con el que luego se procesan la heroína y otros opiáceos que nutren los mercados clandestinos de la droga de los cinco continentes. En 2021, el valor de esa producción se situó entre los 1.800 y los 2.700 millones de dólares, cifras que se sitúan entre el 9 y el 14% del Producto Interior Bruto del país, por encima de las exportaciones lícitas de bienes y servicios, estimadas en un 9% del PIB.

Hace ahora justo un año, en abril de 2022, el gobierno talibán decretó la prohibición de cultivar la planta de la adormidera de la que se extrae el opio y también el consumo de alcohol y estupefacientes. "Si alguien viola la ley de Dios, la cosecha será destruida y el infractor será tratado de acuerdo con la ley islámica", anunció en Twitter el viceministro de Información, Zabibulá Muyahid. Sin embargo, lejos de remitir, el cultivo se ha extendido y los precios han aumentado.

En su primer informe sobre la economía ilícita del opio desde que los talibanes llegaron de nuevo al poder en agosto de 2021, tras la salida del país de las tropas de EEUU y otros países, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga ha constatado que la superficie de cultivo de la adormidera aumentó un 32% en 2022 hasta llegar a las 233.000 hectáreas, lo que la sitúa como la tercera más grande desde que empezó a monitorear esta producción en el año 1994. Este cultivo sigue concentrándose en la parte suroccidental del país y, fundamentalmente, en la provincia de Hilmand.

El informe de la UNODOC revela que los precios del opio "se han disparado tras el anuncio de la prohibición del cultivo", de tal forma que los ingresos obtenidos por los agricultores con las ventas de ese producto se han triplicado con creces, de 425 millones de dólares en 2021 a 1.400 millones en 2022. Y esas ventas equivalen ya al 29% del valor de toda la producción agrícola de Afganistán. Naciones Unidas advierte, además, de que se trata del segundo "gran aumento brusco de los precios de las drogas derivado de cambios políticos y normativos desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021".

Más de 350 toneladas de heroína de gran pureza

El incremento de los ingresos se ha producido, además, en un periodo de sequía que ha provocado un descenso del rendimiento por hectárea, de 38,5 kilos en 2021 a 26,7 en 2022. La producción de la campaña del año pasado fue de 6.200 toneladas, un 10% inferior a la de 2021, una cantidad con la que se podrían procesar entre 350 y 380 toneladas de heroínas con una pureza del 50 al 70%.

La sequía, las condiciones climáticas desfavorables que han azotado a Afganistán en el último año, sumadas a esta creciente dependencia del cultivo del opio han agravado aún más la "inseguridad alimentaria" en este país, avisa Naciones Unidas. La extensión de la superficie para plantar la adormidera, que en algunos territorios supera hasta el 20% de las tierras de labranza, está provocando una disminución de la cosecha de importantes productos alimentarios, entre ellos el trigo.

"Los opiáceos se han convertido en un pilar fundamental de la economía afgana e impregnan la sociedad rural hasta el punto de que muchas comunidades se han vuelto dependientes de los ingresos del opio para su subsistencia", precisa la UNODOC. Por su parte, la JIFE observa que "las actuales dificultades políticas y socioeconómicas a las que se enfrenta la población de Afganistán, agravadas por las emergencias medioambientales y humanitarias del país, plantean nuevos obstáculos a una fiscalización eficaz de las drogas".

José Miguel Calvillo Cisneros, profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que ha trabajado en Afganistán con la Agencia Española de Cooperación y que tiene varias publicaciones sobre ese país, considera que los datos de la UNODOC no hacen más que confirmar que "la historia se repite" con los talibanes y se produce el mismo fenómeno que sucedió cuando ocuparon por primera vez el poder entre 1995 y 2001.

Según Calvillo, el poder talibán trató de controlar el mercado del opio durante su primer mandato mediante una reducción de la producción que se mantuvo durante unos años, hasta que decidieron aumentarla cuando se registró una subida de los precios con la que consiguieron aumentar los beneficios. "Podría ser que lo que está pasando ahora responda a esa misma estrategia", explica el profesor. "Ellos dicen que prohíben la producción, pero realmente lo que están haciendo es acumular excedente para cuando vuelvan a aumentar los precios", añade.

Este experto en Afganistán destaca también el papel que juega en este entramado el aislamiento internacional en el que se encuentra el régimen talibán, al que prácticamente se le han cerrado todos los grifos de financiación y ayuda, salvo la que pueda recibir de estados vecinos como Rusia, China o Pakistán, o de naciones amigas como Catar o Turquía. "Sin ningún tipo de financiación internacional, el movimiento talibán solamente puede acceder a ingresos a través de su pobre sistema de recaudación y a través del mercado ilegal, como puede ser el del opio, que no deja de ser una de sus principales fuentes de ingresos", subraya José Miguel Calvillo.

Preocupación por el aumento de la metanfetamina

El opio es el rey, pero no la única droga que sustenta una de las mayores economías ilícitas del mundo. La producción de metanfetamina sigue creciendo en esta encrucijada de caminos del narcotráfico mundial que es Afganistán. El último informe de UNODOC observa un incremento sustancial y constante de este producto desde 2012, tal como demuestran las incautaciones notificadas tanto dentro como fuera de ese país. "El problema -precisa- se ha agravado en Afganistán, donde los traficantes tienen la posibilidad de prescindir de la efedrina o la seudoefedrina importadas, difíciles de conseguir, o de preparados farmacéuticos de venta libre que contengan esas sustancias, y en su lugar utilizar la efedra, una planta que crece silvestre en el país". 

La otra sustancia que sigue al alza es la resina de cannabis, que es incluso más rentable que el opio, según la UNODOC. Los ingresos derivados del cultivo de esta planta alcanzaron los 7.400 dólares por hectárea, muy por encima de los 2.200 dólares que genera la del opio. Y si éste sigue siendo la actividad económica ilícita dominante se debe, posiblemente, a factores relacionados con la oferta y la demanda, o con la gestión de tierras, se apostilla en el informe. Esa resina se vende principalmente en los países vecinos, aunque hay otras rutas que llevan a Rusia, Oriente Medio e, incluso, a Europa.

El periodista italiano Roberto Saviano, conocido mundialmente a raíz del libro Gomorra que destapó las actividades ilícitas de la Camorra napolitana, publicó en 2021 un artículo en el Corriere della Sera en el que vinculó la toma del poder de los talibanes con el tráfico de droga. "La de Afganistán es una guerra del opio. No ha ganado el islamismo, como muchos dicen, ha ganado la heroína. Y más del 90 % de la heroína mundial se produce en Afganistán. Esto significa que los talibanes, junto con los narcos sudamericanos, son los narcotraficantes más poderosos del mundo. En otras palabras, en esta guerra, ganaron los mejores traficantes", decía Saviano, quien añadía a continuación: "Las drogas que producen financian la guerra y se venden en Estados Unidos y al mundo y a las mafias italianas. El error es llamarlos milicianos islamistas: los talibanes son narcotraficantes".

Millones de personas necesitan ayuda humanitaria

Mientras el tráfico ilícito marca sus propias estrategias y sigue sus rutas clandestinas, el aislamiento internacional y los desastres naturales agravan cada vez más la situación de una población que se encuentra entre las peores del mundo en índice de desarrollo humano. La Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, advierte de que 24 millones de personas necesitan ayuda humanitaria con urgencia en Afganistán, que 3,5 millones han tenido que desplazarse dentro del país a causa de los conflictos internos y 2,3 millones han huido a países vecinos. "Aunque Afganistán ha atravesado diversas crisis, la que vive ahora quizás sea la peor de todas", concluye ACNUR.

Amnistía Internacional sostiene, por su parte, que Afganistán se ha sumido aún más en la pobreza a causa de su aislamiento internacional y las turbulencias económicas que ha provocado la toma del poder por los talibanes desde agosto de 2021: si en 2020 la población que vivía en la pobreza era el 47%, ahora es el 97%, prácticamente toda.

"La ayuda humanitaria no llegaba a cubrir las necesidades de la población. La congelación de las reservas extranjeras de Afganistán y el recorte de la ayuda al desarrollo -medidas impuestas por la comunidad internacional tras la toma del poder por los talibanes- siguieron limitando gravemente la economía. La ayuda que recibió Afganistán en 2022 fue, sobre todo, de carácter humanitario, destinada a evitar la hambruna, pero no contribuyó a otras necesidades sociales. En consecuencia -añade Amnistía Internacional-, el acceso a la atención médica, el empleo y la educación siguió resintiéndose. El éxodo de profesionales de la medicina, la ingeniería, el derecho o la docencia y del funcionariado gubernamental provocó una grave carencia de recursos en esos sectores".

La situación tras la vuelta del régimen talibán es, según el profesor José Miguel Calvillo, la de un país sumido en una endémica crisis humanitaria, originada por una extrema pobreza y una crisis económica profunda derivada del cambio de poder y de la decisión de la comunidad internacional de reducir drásticamente las contribuciones para acción humanitaria y cooperación al desarrollo en Afganistán.

Este experto en Afganistán advierte de que la situación sigue siendo "dramática, alarmante" porque con el movimiento talibán en el poder se han abierto varios frentes violentos en el país, uno con el Frente Nacional de Resistencia de Afganistán liderado por Ahmad Masud en el valle del Panshir, y otro, más cruento para la población, con el Estado Islámico del ISIS-K, con el que se disputa, además, el control de la producción del opio.

"El gobierno de los talibán son los mismos criminales que eran en los años noventa y que demostraron ser durante los veinte años de insurgencia: un gobierno totalmente fundamentalista con una visión muy particular y ortodoxa de lo que debe ser la vida en Afganistán, imponiendo lo que ellos denominan una tradición, pero que realmente no responde a eso, sino que se trata de un régimen del terror, con sus postulados y su ideología", explica el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense.

Represión contra las mujeres

Ese régimen del terror se ha materializado en una persecución atroz contra casi todos y contra todas, sin ninguna excepción. El pasado noviembre, el líder supremo talibán ordenó a los jueces imponer la sharía, la ley islámica, y a partir de ese momento comenzaron las ejecuciones y las flagelaciones públicas. Según la Misión de Asistencia de la ONU en ese país, la UNAMA, desde agosto de 2021 hasta el pasado diciembre se registraron, además, unas 300 ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de integrantes del Frente de Resistencia Nacional.

Las niñas y las mujeres han sido las principales damnificadas de la política represora del régimen talibán. Y esa persecución ha afectado también a la ayuda humanitaria internacional, indispensable para un país que se encuentra en una situación tan calamitosa. En diciembre, Naciones Unidas se vio obligada a suspender de forma temporal algunos de sus programas humanitarios más urgentes en Afganistán "por falta de personal femenino", tras la decisión talibán de prohibir trabajar a las mujeres en organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales.

En su informe anual publicado el pasado mes de marzo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes advertía de las grandes dificultades políticas y socioeconómicas a las que se enfrenta la población de Afganistán y reconocía que para que una prohibición del cultivo de estupefacientes tenga efectos reales en la situación del país "deben adoptarse medidas integrales que tengan como fin ayudar a las personas" que se dedican a esas tareas agrícolas. Con ese fin, reclamaba la adopción de medios de vida alternativos y la implantación de medidas de diversa índole que busquen mejorar la situación en todos los grupos de la población, entre los que hacía una especial mención al de las mujeres.