El proceso democrático en Sudán, en la cuerda floja

La evolución política de Sudán se complicó con el golpe de estado del 25 de octubre. La rectificación del ejército permitiendo la vuelta al poder del primer ministro Abdullah Hamdok no ha disipado las dudas respecto al futuro del país, que contempla la celebración de elecciones antes de julio de 2023, según la hoja de ruta que marcaron las instituciones transitorias.

El cabecilla del golpe, el general Abdel Fattah al Burhan, que continúa siendo de facto el padrino de más peso, insistió el sábado en que el ejército abandonará definitivamente sus ambiciones políticas tras las elecciones, pero sus palabras no han calmado la preocupación de quienes aspiran a unas elecciones libres, ni ha despejado las dudas sobre las verdaderas intenciones de los militares.

De entrada, no está nada claro por qué Burhan dio el golpe para menos de un mes después, el 21 de noviembre, firmar un acuerdo con Hamdok como si nada hubiera ocurrido. Hasta ese momento, Hamdok permaneció detenido varias semanas y la presión de EEUU, que pudo ser más o menos real o ficticia, terminó imponiéndose.

Debe notarse que la actitud de Washington de apoyar el proceso democrático no fue compartida explícitamente por sus principales aliados en la región, empezando por la potencia hegemónica, Israel, pasando por Egipto y terminando por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Estos países no comulgan con la introducción de sistemas democráticos en Oriente Próximo.

En realidad, Hamdok se comprometió, mediante el acuerdo al que se vio forzado, a formar un gobierno tecnócrata hasta las elecciones y se vio privado del ejecutivo que libremente habían acordado las fuerzas políticas. Esta es una indicación de que el ejército sigue tutelando el proceso que lidera Hamdok desde hace más de dos años.

"Cuando llegue un gobierno electo, el ejército y las fuerzas regulares no participarán en los asuntos políticos", recalcó Burhan el sábado, destacando que se va a respetar esta circunstancia se recogió en el acuerdo del 21 de noviembre pactado con Hamdok y que incluye 14 artículos.

Distintos partidos políticos exigen a Burhan que se aparte inmediatamente de la actividad política y rechazan el compromiso de noviembre por considerar que fue impuesto mediante la fuerza de las armas. Por su parte, Burhan argumenta que el golpe, que desbarató un gobierno mixto civil-militar, fue necesario para "corregir el rumbo de la transición".

Se estima que unos 44 civiles han muerto en la represión desde octubre, unas muertes en las que el ejército y la policía tienen la parte del león en cuanto a responsabilidad. En este sentido, Burhan declaró: "Ya han empezado las investigaciones en relación con las víctimas de las protestas, para hallar a quien lo hizo y castigar a los criminales".

El general descartó que el partido de Omar al Bashir, el líder de Sudán durante muchos años y que fue apartado del poder en 2019 después de multitudinarias protestas, sea autorizado a participar en el proceso democrático. Sin embargo, esa formación, la Conferencia Nacional, de orientación islamista, cuenta con un amplio respaldo popular.

Gran parte de la población, que ya desconfiaba de Burhan antes del golpe, desconfía mucho más después del golpe, y considera el precario acuerdo de noviembre como un documento que les oculta la verdad y solo sirve a los intereses del ejército. La continuidad de Burhan al frente del ejército demostraría esa tesis.

No es solo la opinión de buena parte de la población, sino que la comparten numerosos ministros del gobierno de transición hasta hace mes y medio. Doce de ellos, incluidos los de Exteriores y Justicia, han dimitido en respuesta a la firma del acuerdo entre Burhan y Hamdok. Con estos antecedentes, la situación de Hamdok es frágil y la tarea de llevar a puerto las elecciones se presenta muy complicada.

De las sospechas que también recaen sobre su persona, Hamdok se defiende respondiendo que el acuerdo con Burhan fue necesario para evitar un "baño de sangre de la juventud sudanesa" que podía ser el preludio de una "guerra civil". Pero este peligro no ha desaparecido con la firma del acuerdo dado que entre las distintas fuerzas políticas existe un acusado antagonismo.

Otra circunstancia que no pasa desapercibida es el hecho de que el ejército controla buena parte de la actividad económica. En esto Sudán no es una excepción puesto que algo similar sucede en Egipto, el vecino del norte. El gobierno provisional de Hamdok intentó privatizar o pasar a manos civiles algunas de las grandes empresas administradas por los militares, pero no tuvo éxito.

Otra cuestión relevante es que aunque los americanos suspendieron la ayuda económica tras el golpe de Burhan, Washington no ha adoptado una posición de enfrentamiento con los militares sino que fomenta el entendimiento entre el ejército y los civiles, un planteamiento poco popular que rechaza gran parte de la población sudanesa.

El llamado "Documento constitucional" pactado en agosto de 2019 preveía que los militares desempañaran la jefatura de la transición durante los dos primeros años, y que después serían los civiles quienes gobernarían por un periodo similar que terminaría en 2023 con la celebración de elecciones. El golpe detuvo en seco la transición solo unos días antes de que los civiles asumieran el poder, y el proceso que se ha retomado no tiene demasiadas garantías de que vaya a culminarse.