Este artículo se publicó hace 2 años.
El presidente de Ecuador intenta vetar la ley que regula el acceso al aborto por violación
El mandatario, Guillermo Lasso, ha interpuesto 61 enmiendas a la ley aprobada por la Asamblea Nacional, entre las cuales se incluye la de reducir a 12 semanas los plazos para interrumpir el embarazo en caso de agresión sexual.
Madrid-Actualizado a
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha intentado vetar de forma parcial la ley aprobada en la Asamblea Nacional (Parlamento) que despenaliza el aborto por violación. Una decisión que ha hecho saltar todas las alarmas dentro del movimiento feminista, que ya está estudiando respuestas legales y posibles movilizaciones en las calles.
"He decidido incluir observaciones al proyecto de ley con el objetivo de que este guarde absoluta concordancia con el dictamen de la Corte Constitucional", escribió el mandatario conservador en una carta divulgada en Twitter.
La propuesta del presidente incluye 61 "textos alternativos" a la normativa discutida en el Legislativo, al considerar que esta, supuestamente, no concuerda con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en casos de violación en 2021.
Ahora, el Legislativo, de mayoría opositora, tiene 30 días para decidir si acepta las modificaciones del Ejecutivo (necesita una mayoría simple) o si mantiene el documento original (se requiere el apoyo de dos tercios de la cámara) aprobado el 18 de febrero pasado.
En esa ley, la Asamblea Nacional plantea que las víctimas de violación menores de edad, las mujeres que viven en zonas rurales y las indígenas puedan abortar hasta las 18 semanas de embarazo, mientras que las mayores de edad y de zonas urbanas podrían hacerlo hasta las 12 semanas de gestación. El objetivo de esta diferenciación es garantizar el acceso al aborto a todas las víctimas de violación teniendo en cuenta el contexto.
Sin embargo, el mandatario, que se ha mostrado en contra de esta ley desde el principio, ha propuesto unificar el plazo en 12 semanas. Asimismo, Lasso ha propuesto "requisitos" para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual. Y, en esta línea, respetar las posibles objeciones de conciencia que pueda presentar el personal sanitario.
La Marea Verde, en alerta
En los últimos siete años, se han interpuesto 42.000 denuncias por violación en el país
Desde el movimiento feminista advierten de que los cambios que se han ido dando a la orden de la Corte Constitucional, que garantiza el acceso de mujeres al aborto por violación, "obstaculizarán más" ese derecho. Las propuestas del Ejecutivo podrían crear "barreras infranqueables para las supervivientes de violaciones".
Las modificaciones propuestas por Lasso son prácticamente una enmienda a la totalidad del documento aprobado por el legislativo, algo que, según señalan activistas de la Marea Verde, no puede ser buena señal.
Es por ello que los grupos feministas se pronunciarán en los próximos días sobre la decisión del presidente: entre las estrategias, se contempla la posibilidad de acciones jurídicas.
Correr peligro por el hecho de ser mujer
Las cifras de violencia machista en Ecuador son escandalosas. De acuerdo con la Fiscalía, entre agosto de 2014 y noviembre de 2021 hubo alrededor de 42.000 denuncias por violación. Mientras que una de cada cuatro mujeres asegura haber sido víctima de algún tipo de violencia sexual.
Respecto a las mujeres menores de edad, las cifras constatan que 14 niñas y adolescentes dan a luz a diario en Ecuador, siendo el tercer país latinoamericano con la tasa más alta de embarazo en este intervalo de edad.
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