El régimen autoritario que encabeza Dina Boluarte en Perú excarceló al autócrata Alberto Fujimori este miércoles, en respuesta a un auto firmado por la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional a su favor. El exgobernante (1990- 2000) ha cumplido 16 de una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y secuestro, dictada en 2009, pero además tiene otras sentencias por robo, corrupción y usurpación de funciones. En unos días, debe comparecer en un nuevo juicio oral acusado por el homicidio de seis campesinos en 1992.

Al ponerlo en libertad, Perú ha ignorado reclamaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de las Naciones Unidas de respetar el sistema interamericano de justicia y el derecho internacional, y se coloca como un nuevo paria, como Guatemala o Nicaragua.

Es la tercera vez desde 2017 que, mediante componendas de sectores conservadores y en medio de una grave crisis política, Fujimori, de 85 años, logra decisiones sobre su libertad pese a no cumplir los requisitos. El presidente de la Corte IDH pidió la noche del pasado miércoles al Estado peruano que se abstuviera de excarcelarlo porque incumpliría la sentencia de ese tribunal sobre los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que obliga a ciertas condiciones para excarcelarlo, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su mandato.

Fujimori puede tramitar un indulto humanitario si paga la reparación civil que debe a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y de dos secuestros cometidos en 1992, si pide perdón a las víctimas, y si un médico independiente acredita el agravamiento de su estado de salud. Pero ninguno de estos supuestos se ha cumplido, ni en el indulto humanitario que le concedió el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en la Navidad de 2017, ni ahora. Su deuda por reparación civil supera los 15 millones de dólares, informó el miércoles la Procuraduría Anticorrupción.

El Grupo Colina, un comando de aniquilamiento del Ejército creado por el régimen de Fujimori, asesinó en enero de 1991 a 15 personas y dejó heridas a otras cuatro en un solar de Barrios Altos, en Lima; y en julio de 1992 secuestró, asesinó e hizo desaparecer a nueve estudiantes y un profesor de la universidad estatal La Cantuta, al este de la capital. En ambos casos, la versión oficial disfrazó los hechos de operaciones antisubversivas contra Sendero Luminoso.

Tiempo después, los agentes de Colina fueron sancionados en el fuero militar, pero Fujimori los amnistió. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes acudieron al sistema interamericano de justicia en 1992, y en 2007 una sentencia de la Corte IDH ordenó que la Justicia peruana llevara a juicio al exgobernante y a su exasesor y jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos. Así se originó la condena a 25 años de cárcel y las obligaciones del Estado peruano hacia las víctimas.

Son más de 60 las víctimas del Grupo Colina, entre ellos estudiantes, líderes sindicales o campesinos que rechazaban el modelo económico neoliberal que impuso el Gobierno de Fujimori y que acabó con derechos laborales y sindicatos. Por una de esas masacres, cometida en 1991 en Pativilca -una zona rural de la región Lima-, Fujimori debe presentarse el 18 de diciembre a un nuevo juicio oral.

La Fiscalía ha pedido a un juez que ordene la detención domiciliaria del autócrata por 18 meses para evitar su fuga. El abogado de Fujimori, Elio Riera, dijo que su cliente no tiene previsto salir del país debido a su estado de salud, pero no hay impedimento legal que lo retenga en el territorio peruano. El exgobernante ha sido operado varias veces por leucoplasias en la lengua y, de vez en cuando, experimenta arritmias y fibrilación auricular, motivo por el que se internaba con frecuencia en clínicas privadas.

El rechazo internacional

Poco después de que el Constitucional difundiera su medida a favor de Fujimori, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas la cuestionó. "La liberación, pese a las decisiones de la Corte IDH, es un retroceso preocupante para la rendición de cuentas. Cualquier indulto humanitario de aquellos responsables en graves violaciones de derechos humanos debe estar alineado al derecho internacional", comunicó vía X (antes Twitter).

Unos 15 minutos después de la salida de Fujimori de la prisión, la directora de la División Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, calificó el hecho como una "abierta violación" a lo ordenado por la Corte Interamericana. "Con esto, el Perú se aísla en el escenario internacional. Su actuación en contra del sistema interamericano lo equipara a Venezuela y Nicaragua", planteó.

Posteriormente, en un comunicado, Goebertus dijo que la liberación "es una bofetada para las víctimas de atrocidades" y que la OEA debería examinar el hecho "en el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos en el Perú".

Según HRW, el año pasado el Congreso nombró a los seis magistrados del Tribunal Constitucional en un proceso carente de transparencia y la decisión a favor de Fujimori se suma a crecientes ataques de las instituciones peruanas contra el sistema interamericano para reducir la rendición de cuentas y contra el Estado de derecho.

Recientemente, congresistas que forman parte de la coalición autoritaria que gobierna hace un año han presentado proyectos de ley para que Perú se aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos y deje de estar sometido a las obligaciones del sistema de justicia interamericano. Además, el actual ministro de Relaciones Exteriores está a favor de que el país se retire del tratado, reseñó HRW.

Líderes de opinión peruanos, como la periodista Rosa María Palacios y el miembro del directorio del Banco de Reserva del Perú José Távara alertaron de las consecuencias que puede tener para la inversión que el Estado viole el derecho internacional. Según Távara, para abogados internacionalistas que asesoran a inversores es una pésima señal que el Estado decida "vulnerar abierta y groseramente sentencias de corte internacional", comentó en el diario La República.

La traición al Estado de derecho

El abogado y politólogo Víctor Quinteros afirma que con esta decisión el Constitucional peruano incurre en "un estado de rebeldía y de transgresión al Estado de derecho", pese a que como institución tendría que ser uno de sus garantes principales, junto con la Constitución. Quinteros ha publicado recientemente el libro La estrategia de extradición del presidente Fujimori (2005-2006), y destaca que el Estado de derecho abarca no solo la Constitución y las leyes peruanas, sino los tratados e instrumentos internacionales a los que el país se ha adherido de manera soberana. "Por eso tiene la obligación de cumplir sus fallos", agrega.

El investigador tiene la memoria fresca acerca de los vericuetos que han usado los abogados para indultar a Fujimori en 2013, 2016 y 2017, cuando lo logró irregularmente. "Fue absolutamente irregular, por no tener enfermedad terminal o extrema gravedad y porque no se encontraba en condiciones inhumanas de carcelería, sino todo lo contrario", precisa. Quinteros destaca que la mayoría de las respuestas a los habeas corpus sobre el indulto fueron rechazadas, pero esta última vez el Constitucional, afín al régimen autoritario en el poder, ordenó la excarcelación.

Los tres jueces del Constitucional afirman en su resolución que la Corte IDH no puede impedir que se ejecute una sentencia de un tribunal nacional, e incluso en entrevistas recientes el presidente de ese colegiado, Francisco Morales, sostiene que las medidas de la Corte IDH no son vinculantes, sino solo "recomendaciones". La resolución favorable al autócrata indica que cuando un Estado incumple con las sentencias del sistema interamericano la Corte informa de ello a la Asamblea General de la OEA.

Por otra parte, la noche del miércoles, solo minutos después de que Fujimori llegara a la casa de su hija Keiko Fujimori, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, y el canciller Javier González Olaechea hicieron una declaración de un minuto y medio bastante contradictoria. Arana señaló que, "conforme al Estado constitucional de derecho, es obligación cumplir y hacer cumplir las resoluciones" y, por ello, el Ejecutivo acató la resolución del Constitucional y excarceló a Fujimori.

González Olaechea, por su parte, manifestó que "el país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal, de modo alguno desconoce de las obligaciones que se derivan de las obligaciones de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos". Un pronunciamiento propio de un régimen que simula cumplir la ley.

La excarcelación de Fujimori es un rasgo más del régimen que no se hace responsable de 50 asesinados por las fuerzas del orden en las manifestaciones antigubernamentales, de diciembre a marzo pasados. Boluarte y su primer ministro, Alberto Otárola, cumplen ahora un año en el poder, pero también un año sometidos a la mano que realmente gobierna desde el 7 de diciembre de 2022: un grupo de políticos de derecha y ultraderecha investigados o en juicios por lavado de dinero y organización criminal, entre ellos, la hija mayor del autócrata Fujimori.