Tras la caída del régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), comienza en Perú una transición democrática y un proceso histórico de recuperación de la memoria. Los peruanos se dieron a la tarea de documentar la violencia ocurrida durante la guerra interna desatada entre el grupo maoista Sendero Luminoso y el Estado. 

Así se conformó, en 2001, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que, tras una ardua investigación, presentó dos años después su Informe Final, en el que determinó, entre otras muchas verdades, que el conflicto más violento de la historia republicana de Perú (1982-2000) causó al menos 69.280 víctimas, de las cuales el 79% vivía en zonas rurales. 

Este gran documento de nueve tomos, que ha servido de referencia para otros conflictos internacionales, abrió los ojos a la sociedad peruana, especialmente a los habitantes de Lima, donde apenas se había sufrido la violencia, más allá de algunos atentados sangrientos y, ya bajo el régimen fujimorista, la represión contra los disidentes.

Lima vivió durante muchos años de espaldas a una guerra que aniquilaba a los más vulnerables en el interior del país, esa Lima que alberga las oligarquías y clanes familiares que concentran todo el poder, que controlan la economía pero también los medios de comunicación tradicionales que han tapado los problemas de las regiones. El principal actor de aquella violencia fue Sendero Luminoso, pero en esa guerra sucia hubo terrorismo de Estado: las fuerzas de seguridad llevaron a cabo masacres, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y desapariciones forzosas.

Ese ejercicio de memoria se fue expandiendo desde entonces y una de las iniciativas más aplaudidas por los defensores de los derechos humanos fue la creación en 2009 de una Comisión presidencial de Alto Nivel (CAN) para avanzar en la construcción de un museo de la memoria, que encabezaron, por este orden, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el reconocido artista plástico Fernando de Szyszlo (fallecido) y Diego García Sayán, exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Según ha recordado esta semana el escritor Juan Manuel Robles, hubo discrepancias políticas desde el inicio; por eso, a propuesta del propio Vargas Llosa, se decidió rebajar la intensidad de la palabra, y se pasó a llamar Lugar de la Memoria, y no Museo de la Memoria.

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, conocido como LUM, fue finalmente inaugurado el 17 de diciembre de 2015 por el entonces presidente, Ollanta Humala. Este espacio sobrio y espectacular, que asoma al Pacífico sobre un acantilado del distrito limeño de Miraflores, ganó en 2016 el premio Oscar Niemeyer, el galardón arquitectónico más importante de Latinoamérica. El lugar cuenta con una exposición permanente, un centro de documentación y además acoge presentaciones, obras teatrales y conciertos, entre otros actos culturales.

El LUM está gestionado por el Ministerio de Cultura de Perú y se levantó gracias a una generosa donación del Gobierno alemán; pero los permisos y las normas administrativas recaen en la Municipalidad de Miraflores, a cuya cabeza está ahora Carlos Canales, del partido ultraderechista Renovación Popular, cuyo líder es el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López-Aliaga.

López-Aliaga, cuyo partido tiene 13 congresistas, entre ellos dos almirantes retirados de la Marina de Guerra, es una de las formaciones que sostienen en el poder a Dina Boluarte tras la caída y encarcelamiento de Pedro Castillo. El alcalde de la capital es un empresario avezado, millonario, y propietario, entre otros negocios, del tren de lujo que lleva a los turistas a Machu Picchu. Precisamente esa concesión se la otorgó el Gobierno de Fujimori en los años noventa del siglo pasado. López-Aliaga es también quien alienta a los burgomaestres de los distritos de la capital a ejecutar medidas que escandalizan a cualquier demócrata. Empecemos por el LUM, por ser uno de los hechos más recientes.

Prohibido recordar

El pasado martes, 28 de marzo, horas antes de que Amnistía Internacional fuera a presentar en el LUM su informe anual sobre Perú, en el que se recogen las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Boluarte durante el reciente estallido social, agentes de la Municipalidad de Miraflores se personaron y clausuraron el museo "temporalmente" por supuestas deficiencias de seguridad. Precintaron el edificio, sin dar opción a solventar cualquier proceso administrativo, no dieron plazos, ni espacio a la réplica.

Amnistía buscó rápidamente otro lugar para presentar su informe y esa misma tarde denunció el cerrojazo del Lugar de la Memoria. Y aquí se plantean muchas preguntas y se abre un halo de incertidumbre ante una situación que, en declaraciones a Público, defensores de los derechos humanos, ex altos funcionarios del Estado e intelectuales califican como "acciones dictatoriales". Si el LUM está bajo la gestión del Ministerio de Cultura, dependiente del Gobierno de Boluarte: ¿por qué se ha permitido el cierre y no se ha defendido la honorabilidad del espacio?, ¿por qué no se había resuelto cualquier deficiencia administrativa desde el Ministerio?, ¿por qué se permite borrar la memoria en un país donde se acaba de salir de un estado de emergencia y una represión policial con el resultado de más de 60 muertos?

Mientras Boluarte y su Gobierno permanecen callados, sí ha tomado la palabra el alcalde de Lima, López-Aliaga: "Es el momento de poner orden en la narrativa que nos quieren imponer, hay que coordinar con la Embajada alemana, que hizo la donación, con las alcaldías de Miraflores y Lima, que dieron las licencias, y encargar la gerencia de la narrativa (del LUM) a la Policía y las Fuerzas Armadas, de la historia real que hay que contar a los jóvenes para que sepan lo que pasó realmente".

López-Aliaga, quien asumió la Alcaldía con cuentas pendientes con la hacienda pública, es un genio en adaptar las narrativas a sus intereses; tanto así que ha aprovechado este momento de gloria ante sus acólitos -porque desde el Gobierno no le van a rechistar- para además solicitar al alcalde de Jesús María, otro municipio de la Lima Metropolitana y también de su partido, que acabe cuanto antes con El ojo que llora.

El ojo que llora es un memorial en recuerdo a las víctimas de la guerra interna ubicado en el Campo de Marte, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos pidió que debían estar los nombres de los presos sometidos a ejecuciones extrajudiciales en 1992, en el penal Castro Castro, entre ellos varios senderistas. Para la CorteIDH, que las víctimas de ambos lados estuvieran en un mismo memorial daba cuenta de la reconciliación, pero esto no gusta a todos y por eso este espacio de memoria colectiva ha sido vandalizado numerosas veces por parte de los fujimoristas en los últimos años. 

"Es una afrenta a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional (...), ya he pedido al alcalde de Jesús María que aquí se ponga un monumento a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional; basta ya de ojos que lloran, aquí hemos tenido un grupo terrorista que ha asesinado a militares y policías, y eso es lo que ha pasado. Y hemos tenido unas Fuerzas Armadas que han sabido defender al Perú; también aquí, en el Congreso, me felicito de haber invitado a dos grandes almirantes que defienden a la patria, me enorgullezco por ello", afirmó el alcalde tras el cierre del LUM.

Los militares en el Congreso

El alcalde López-Aliaga se refería a los dos almirantes retirados y ex jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en distintos periodos, que forman parte de la bancada de Renovación Popular en el Congreso: Jorge Carlos Montoya y José Cueto.

Montoya es uno de los generales y almirantes que firmaron el acta de adhesión y lealtad a Vladimiro Montesinos, en la que se comprometían entonces a respaldar el autogolpe de Fujimori y a rechazar cualquier acusación de violaciones de los derechos humanos. Esta información está documentada en el LUM, el museo recién clausurado, aunque el mismo Montoya asegura que esto no es cierto y que denunciará a quien se atreva a repetirlo.

Cueto, por su lado, ha llegado a insinuar durante las recientes protestas que los manifestantes muertos se habrían disparado entre sí para, de esta manera, eximir de responsabilidad a la fuerza pública; también ha defendido en distintas ocasiones a Keiko Fujimori, la hija del dictador encarcelado y eterna perdedora en las segundas vueltas presidenciales. 

El tercer ex alto cargo de la Fuerza Pública que tiene un gran poder en el Congreso y que ha cooptado el poder junto a Renovación Popular, de López-Aliaga, y Fuerza Popular, de Keiko, es José Williams Zapata, de Avanza País y presidente de la Cámara. 

Williams Zapata es un general del Ejército retirado, fue también jefe del Comando Conjunto y uno de los artífices de la operación Chavín de Huántar, por la que se liberaron a 71 rehenes que el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) tomó en la residencia del embajador de Japón en 1997 durante el régimen de Fujimori. En aquella operación no quedó un guerrillero vivo. Pero más cuestionada es la denuncia de un testigo que pesa sobre Williams por el supuesto delito de encubrimiento en la masacre de Accomarca, donde en 1985 una patrulla del Ejército asesinó a 62 ancianos, mujeres y niños en Ayacucho. El actual presidente del Congreso era responsable de aquel pelotón.

"¡Viva Vox, Viva el Perú!"

Esta última semana ha sido para borrarla de la historia de Perú, y no tanto porque haya acumulado un elevado número de despropósitos antidemocráticos, sino por el simbolismo que han adquirido algunas de estas acciones. El mismo día que cerraban el LUM, seguido de otro hecho que ha pasado desapercibido pero es muy relevante [la clausura del Centro de Salud Sexual y Reproductiva (Inppares) en Jesús María], aterrizaba en Lima lo más granado de la extrema derecha latinoamericana y española para asistir al II Foro Madrid, invitados por López-Aliaga, quien elogió y recibió con todos los honores a Rocío Monasterio y Hermann Tertsch, de Vox, entre otros invitados. 

El Foro Madrid, del que López-Aliaga es cofundador, buscó desacreditar, y así lo reconoció en sus arengas, al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, mecanismos que reúnen a los partidos y movimientos progresistas de América Latina, y en los que participan desde Luiz Inácio Lula da Silva hasta José Luis Rodríguez Zapatero. 

Con el grito "¡Viva Vox, viva el Perú!", inauguró el evento López-Aliaga. Luego dio paso a Santiago Abascal, quien se conectó de forma virtual desde España, y después cedió el micrófono a Monasterio y Tertsch. Todos ellos dispararon contra la democracia; pero qué gran paradoja, lo hicieron en nombre de la libertad desde la capital de un país donde desde diciembre se vienen violando los derechos humanos y se ha actuado bajo total impunidad, justificada en una declaratoria de estado de emergencia.

En la exclusiva barriada de La Molina, una suerte de Moraleja a la limeña, la extrema derecha declaró Lima como su bastión, su espacio de lucha contra el progresismo con una narrativa surrealista, un lenguaje amparado en su supuesto marco constitucional pero lleno de términos de descrédito hacia las izquierdas, los estudiantes, los peruanos que habitan las regiones; también contra los gobiernos progresistas. Desde "terrucos" (terroristas) hasta "corruptos", un sinfín de insultos y despropósitos hacia la gente y los pueblos.

Abascal se quedó tan tranquilo después de despacharse con estas palabras: Sao Paulo y Puebla "son organizaciones criminales que quieren someter la soberanía de nuestras naciones". Y López-Aliaga completó el argumento del dirigente de Vox con esta frase: "Es el plan de una cúpula corrupta".

Uribistas, piñeristas, la hija de la golpista boliviana Jeannine Añez, los de Vox y una retahíla de representantes de la extrema derecha hicieron suya La Molina por unos días. Los peruanos presentes en el encuentro son precisamente algunos de los que están sosteniendo a Dina Boluarte en el poder. No son pocos los que sospechan en Perú que están utilizando a la presidenta para instalar una dictadura hasta 2026, cuando se celebrarían elecciones porque ninguno de estos grupos políticos pretende un adelanto de comicios y mucho menos abrir una Constituyente para la necesaria refundación del país.

Mientras tanto, estos partidos van cooptando las instituciones y los poderes del Estado de forma sibilina, forzando a Boluarte a reprimir las protestas. Muchos no entienden por qué no ha dimitido ya, no responde mensajes a sus antiguos aliados de la izquierda, vive en la profunda soledad de la Casa de Pizarro, desde donde prácticamente todos los presidentes salen hacia la prisión o para dar cuentas a la Justicia. 

El sociólogo Guillermo Nugent, quien fue director del LUM, afirmó al programa No hay derecho de IdeeleRadio que "a la extrema derecha no le interesa una convivencia civilizada, quieren todo el poder excluyendo cualquier punto de vista disidente. Es el poder de quienes tienen los recursos", pero no se dan cuenta -argumenta- de que los tiempos han cambiado: "La revolución de las comunicaciones está creando otro escenario, en el interior de Perú ya no hay puntos alejados, y tienen que recordar que en Perú los candidatos de derechas no ganan una sola elección presidencial". Por eso no estarían dispuestos a convocar elecciones anticipadas, para no perderlas.

El cierre del Lugar de la Memoria es una metáfora de lo que está ocurriendo en este país sudamericano: "Si por ellos fuera, propondrían una amnesia colectiva, una epidemia de olvidos, un cáncer del recuerdo. El pasado los condena. Para ellos, recordar es morir". Así lo resume en su editorial de esta semana el periodista César Hildebrandt, director del semanario En sus trece.