María Luisa Ccayo perdió a cinco de sus familiares -entre ellos su padre y un hermano- en la segunda mayor masacre de indígenas quechua-hablantes cometida por el Ejército peruano en el primer Gobierno de Alan García, en mayo de 1988 en Cayara, región surandina de Ayacucho.

En esa década, los militares arrasaban indiscriminadamente las comunidades campesinas como parte de la guerra contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. Tras cinco años de juicio oral, Ccayo y otros 40 familiares esperan conocer este viernes la condena a los responsables de 39 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

El militar de mayor jerarquía acusado, José Valdivia Dueñas, dejó de asistir a las audiencias hace un año y medio; por ello, el juez lo declaró reo contumaz y dictó una orden de captura desde marzo de 2022, pero su paradero sigue siendo desconocido.

Un contexto anti-derechos

La sentencia judicial llega en medio de una grave crisis de los derechos humanos en el país: desde diciembre, las fuerzas del orden han causado la muerte de 49 civiles, entre ellos varios adolescentes, en la brutal represión de manifestaciones ciudadanas contra Dina Boluarte, quien asumió como presidenta en diciembre, en alianza con el fujimorismo y los grupos políticos conservadores que perdieron las elecciones presidenciales en la segunda vuelta de 2021.

El Ministerio Público, liderado por una aliada del régimen, ha obstaculizado las investigaciones de dichas muertes, denuncian los familiares y sus abogados. Desde abril, la fiscal general trasladó a Lima las investigaciones desde las ciudades donde ocurrieron los asesinatos y masacres y encargó las pesquisas a fiscales sin experiencia pero leales a ella.

A fin de mes, además, se cumplen 20 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, una investigación que mostró la dimensión y las causas de la violencia entre 1980 y 2000, desatada por el grupo maoísta Sendero Luminoso y que fue respondida por la fuerza pública con un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. La Comisión de la Verdad encontró que en ese período hubo unas 69.000 víctimas fatales, de ellas, el 69% de ellas hablaban quechua.

Algunos líderes de la coalición autoritaria que gobierna Perú desde diciembre, luego del fallido autogolpe del entonces presidente Pedro Castillo, son militares jubilados que participaron en acciones contrasubversivas en los 20 años de violencia.

Por ejemplo, quien presidió el Congreso hasta julio, fue investigado como oficial del Ejército por haber ordenado no redactar documentos con nombres de detenidos con el fin de evitar rastros de crímenes en la región Ayacucho en los años 80.

El fujimorista Fuerza Popular y sus aliados de otros grupos políticos ultraconservadores no reconocen las responsabilidades de las fuerzas del orden en delitos cometidos entre 1980 y 2000, por eso rechazan el informe de la Comisión de la Verdad y denigran los lugares de memoria que muestran esa violencia de Estado. Prefieren ser llamados "héroes de la pacificación", el término con el cual el Congreso ha condecorado a varios ex militares y policías este año.

El acceso a la justicia

Como producto de los casos investigados por la Comisión de la Verdad en 2002 y 2003, la Defensoría del Pueblo presentó a la fiscalía 53 denuncias en 2003. De estas, 22 llegaron a sentencias, y el caso Cayara es uno de los 23 juicios pendientes que por fin concluirá.

Ccayo es la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas, Torturados, Asesinados, Desaparecidos, Detenidos, Secuestrados y Ejecutados Extrajudicialmente y Desplazados de Cayara (Asfavitadec).

En Perú hay cientos de asociaciones de víctimas del periodo de la violencia, pocas siglas son tan duras como las de este caso, en el que los militares cometieron tantos crímenes con el fin de borrar las evidencias de la masacre que cometieron el 14 de mayo de 1988.

Aquel día, patrullas del Ejército asesinaron con machetes y golpes a cinco campesinos que participaban de una ceremonia religiosa horas después de que cinco militares murieran en una emboscada en un camino minado.

Los soldados exigían a los civiles identificar a los responsables del ataque. Hasta junio, en una operación que el Ejército llamó 'Persecución', con la participación de 200 militares, ejecutó extrajudicialmente a testigos y familiares, escondieron los cadáveres, violaron a mujeres y saquearon las propiedades de los campesinos.

En Cayara aún no ha habido exhumaciones de restos. "Es otra demanda de los familiares: la búsqueda de desaparecidos días después de la matanza", indica a Público Tania Pariona, excongresista nacida en Cayara, cuya familia dejó el pueblo cuando ella tenía cuatro años de edad, para salvar sus vidas. Pariona es magíster en Desarrollo Humano y especialista en derechos de los pueblos indígenas.

La vida de los cayarinos luego de la masacre de 1988 ha sido de pobreza y exclusión por décadas, ya sea quedándose en su región o como desplazados en Ica o Lima. Y en esas condiciones la justicia era lejana.

"El caso quedó estancado por falta de documentación y de voluntad del sistema de justicia. En 2017 se retomó el juicio con mayor organización de las víctimas y el apoyo de la ONG Aprodeh y la abogada Gloria Cano", explica Pariona.

Para la excongresista ha habido múltiples obstáculos durante el juicio oral. "Algunos militares acusados alegaban haber declarado en el fuero militar y se mantenían en silencio para truncar las audiencias o no dar elementos, pero eso cayó por su propio peso. Algunos dieron testimonios clave, como las órdenes que recibieron de Alan García (entonces presidente) y los que dirigían la patrulla, e incluso las órdenes para desaparecer los cuerpos", refiere.

Pariona añade que la inasistencia de los militares acusados frustró muchas audiencias judiciales a las que los familiares de las víctimas asistían viajando 14 horas desde Cayara hasta Lima, o cuatro horas desde Ica, con mucho esfuerzo.

"Los familiares tuvieron que ubicar a los testigos y sensibilizarlos porque el miedo a ser amenazados era latente pese a los años transcurridos. Solicitamos documentos en el juzgado de la provincia y Aprodeh contactó con el exfiscal Carlos Escobar quien inició las investigaciones en 1990 y tuvo que huir del país por las amenazas de muerte que sufrió. Declaró desde Arizona vía Zoom", recuerda Pariona.

Las esposas de los ejecutados y desaparecidos son actualmente octogenarias y la mayoría solo hablan su lengua materna. "Hubo mamitas de 80 y más años que por primera vez usaron audífonos y estaban ante una pantalla (de ordenador) hablando en quechua y con dificultades auditivas propias de su edad", cuenta la excongresista recordando las audiencias vía internet durante la cuarentena de la covid-19.

La espera de justicia

Según la presidenta de la asociación de víctimas de Cayara, estos años de juicio oral han sido un poco difíciles. "No ha sido imparcial, a veces la sala penal nos ha tratado mal, nos marginaban: al inicio no nos dejaban ni sacar una foto. Los acusados, sus familiares y los vigilantes nos decían: "ahí vienen los terroristas, los hijos del terrorismo". También lamentamos que la audiencia de lectura de sentencia sea digital, pues sí se puede hacer presencial", señala Ccayo.

La dirigenta pasó muchos años sin poder estudiar y hace un par de años terminó una carrera técnica en administración y trabaja en la Municipalidad de Cayara. Es quien más se ha esforzado por encontrar a los desplazados por la violencia que buscan justicia: son 70 los miembros de la asociación de víctimas, aunque 40 los más activos, precisa.

"En el juicio hemos sufrido maltrato por parte de los acusados, el militar Marco Llontop me amenazó, dijo que si al final se probaba que era falso lo que decíamos que yo tenía que ponerme de rodillas para pedirle perdón. Sobre los jueces, siempre han sido imparciales aunque a veces se han inclinado dándole la razón al abogado del general Valdivia Dueñas", dice Ccayo por teléfono en vísperas de escuchar la sentencia.

"Hemos tenido que pasar muchas cosas antes de esto. Mi mamá fue testigo clave y después de la masacre estuvimos dos meses en otra región, por acá, por allá, porque a los testigos los empezaron a desaparecer y a torturar. El Ejército luego se instaló en Cayara, a mi hermana mayor le reventaron el oído y no sé si la ultrajaron", relata Ccayo.

"Con mi madre tuvimos que irnos a (la región) Ica, éramos una familia humilde, no teníamos a nadie en la costa: a veces hemos dormido al lado de las acequias, de los algodonales", rememora Ccayo, quien actualmente tiene cuatro hijos. En 1990 pudieron volver a Cayara y recién a los nueve años empezó a estudiar primaria.

Sin embargo, no son solo los familiares directos de los casi 40 asesinados y desaparecidos los que esperan justicia. Ellos esperan que el tribunal reconozca como afectado a todo el pueblo de Cayara ya que los impactos de la violencia -los traumas, la amenazas, el desplazamiento forzado y las desapariciones, indica Pariona- los han sufrido todos.

"La demanda de reparación es colectiva en términos de resarcimiento de derechos y atención del Estado, por ejemplo, con un sistema de riego. Cayara además carece de agua potable, la agricultura depende de la lluvia y con el cambio climático está golpeada. El distrito es eminentemente agrícola y cultiva para la subsistencia, pero cuenta con una diversidad de ecotipos de maíz", plantea la ex congresista.

Según la Defensoría del Pueblo, son más de 16.000 las víctimas de desaparición forzada entre 1980 y 2000. De ellos, los restos de unos 4.000 han sido identificados y devueltos a sus familiares. Pero miles viven a la espera y hasta esta semana siguen apareciendo restos.

En lo que va de este año, la fiscalía ha encontrado nueve nuevos restos humanos de víctimas civiles del período 1980-2000 durante las obras de un memorial en la capital de la región Ayacucho -en La Hoyada, un exbotadero de cadáveres de personas detenidas y torturadas por el Ejército en los años 80-.

Entre 2005 y 2009, la fiscalía exhumó en La Hoyada restos de 109 víctimas e identificó 15. Mientras el Ministerio Público no destine mayor presupuesto, la identificación no avanzará.