La Fiscalía de Perú detiene a seis generales acusados de pagar por sus ascensos durante el mandato de Pedro Castillo

La Fiscalía General de Perú ha anunciado este lunes la detención de seis generales investigados por, presuntamente, haber pagado altas cantidades de dinero a cambio de un ascenso de rango. Los sobornos se habrían realizado con el beneplácito del entonces presidente Pedro Castillo, que fue apartado de su cargo hace tres semanas, cuando ordenó en solitario la disolución de las Cortes. 

El Ministerio del Interior peruano ha informado, a través de un comunicado, sobre los primeros resultados del operativo. Durante la investigación se han registrado 26 domicilios, ubicados en distintas ciudades del país. Por lo de ahora, el despliegue se salda con seis arrestos: tres generales de armas, un suboficial brigadier en actividad, un oficial de retiro y un civil. 

Las autoridades todavía buscan a Javier Gallardo Mendoza, excomandante general de la Policía, y a Rodolfo Villanueva, alto cargo del cuerpo en la región de Cuzco. Ambos permanecen en paradero desconocido. El equipo que está al frente del caso también ha inspeccionado la vivienda y la oficina de Walter Ayala, exministro de Defensa de Perú durante el mandato de Pedro Castillo. "Se han incautado documentos y dispositivos", apunta la Fiscalía.

Los individuos investigados habrían pagado entre 20.000 y 30.000 dólares estadounidenses (es decir, entre 18.000 y 28.000 euros) por sus ascensos a general durante el primer año del Gobierno de Castillo. Los detenidos estarían "inmersos en la presunta entrega de dinero para ascender irregularmente de rango en 2021, situación que habría contado con la autorización del expresidente", explica la institución fiscal en su comunicado. 

Pedro Castillo sigue detenido

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, cumple su tercera semana entre rejas. El líder rural fue detenido después de ordenar la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional, para así evitar una moción de censura que podía haberle apartado de su cargo. El exmandatario se enfrenta a 48 meses de prisión preventiva, acusado de varios delitos por rebelión, conspiración y abuso de autoridad. Las protestas no han cesado desde su destitución y la represión policial del nuevo Ejecutivo se mantiene a la orden del día.