La Fiscalía de Perú ha formalizado este lunes la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas llevada a cabo durante sus diez años en Casa de Pizarro (1990-2000).

El exmandatario forzó la esterilización ilegal de mujeres andinas para "reducir la pobreza", denunció este lunes la Fiscalía. El órgano ha presentado ante el Poder Judicial los cargos contra Fujimori, pero también contra los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

Fruto del programa irregular de esterilizaciones impulsado por el expresidente durante su segundo mandato (1995-2000) murieron 18 mujeres, de ellas cinco por lesiones graves directamente causadas por la intervención quirúrgica, que además también dejó secuelas físicas en unas 1.300.

Se trata de uno de los casos más emblemáticos de presunta violación a los derechos humanos. Han pasado más de 20 años para que se iniciara el proceso judicial después de que otra denuncia previa fuese desestimada por la Fiscalía hace unos años.

El expresidente, que ya cumple una condena de 25 años de cárcel, estuvo representado por su abogado César Nakazaki. El exmandatario decidió no estar presente en la audiencia de este lunes ya que sostiene que no puede ser procesado por este caso porque no estuvo incluido en su expediente cuando fue extraditado de Chile.

Las víctimas, campesinas sin recursos y quechuahablantes

Fujimori, Yong, Costa, Aguinaga y el exdirector de salud Ulises Aguilar fueron denunciados como presuntos autores de delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte, en el caso de cinco mujeres, así como de lesiones graves para otras 1.300.

Las víctimas, campesinas sin recursos y quechuahablantes en su mayoría, fallecieron a consecuencia de las complicaciones en las ligaduras de trompas a las que fueron sometidas en pésimas condiciones sanitarias, sin preparación previa ni seguimiento a las cirugías. Entre los denunciados también figuran los exfuncionarios del sistema de salud en la región de Cajamarca, Segundo Aliaga y Magda González, a raíz de la muerte de Mamérita Mestanza, una de las víctimas, que falleció a los 33 años en 1998.

Para abrir su presentación de cargos, el fiscal Pablo Espinoza Vázquez expuso el testimonio de Enriqueta Huancahuay Villega, quien denunció que fue sometida a una estilización forzada con 19 años, en 1997, en un centro sanitario en Condomarca, en la ciudad de Santo Tomás, en Cuzco. La mujer no sabía leer ni escribir, era quechuahablante, pero le pidieron que firmara una autorización en español para la cirugía.

"Cuando asistí a poner su vacuna a mi bebé a la posta médica, una enfermera se me acercó y me dijo que me iban a ligar las trompas para no tener más hijos", ha relatado el fiscal en palabras de la víctima, quien señaló que "no entendía en qué consistía, que le quitaron a su bebé y se la llevaron a una sala en donde le quitaron la ropa, la subieron a una camilla y le pusieron dos ampollas en la cintura". "Al día siguiente, se despertó, le dieron dos pastillas, y se fue caminando despacio a su casa", relató el representante del Ministerio Público. 

Espinoza agregó que el objetivo de la esterilización de la población más vulnerable era "reducir la pobreza" y, para alcanzarlo, el entonces Ejecutivo elaboró "todo un marco jurídico para evitar ser responsables" de eventuales complicaciones en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), como se le denominó oficialmente. En el segundo gobierno de Fujimori, el expresidente tenía mayoría en el Congreso, después del "autogolpe" de 1992, y pudo modificar las leyes para legalizar la esterilización e incluirla como un método de planificación familiar, indicó el fiscal.

"El Estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales", afirmó Espinoza. El fiscal agregó que el Estado no protegió los derechos de las mujeres andinas y de los sectores más pobres, donde las familias son numerosas y las mujeres pueden ser agredidas por sus parejas cuando adoptan un método de anticoncepción.

El personal médico, coaccionado

De acuerdo a un documento firmado por el exministro Costa, el Ministerio de Salud planteaba realizar 150.000 ligaduras de trompas en 1997 y en agosto de ese año ya llegaron a un 43%, según mostró Espinoza en la audiencia. El personal médico estaba coaccionado a cumplir o superar las metas de esterilizaciones y, a cambio, recibía incentivos, mientras que las mujeres agraviadas fueron amenazadas con que sus hijos ya no recibirían atención médica si se negaban, o les regalaban canastas de alimentos, si aceptaban, añadió el fiscal.

La audiencia, dirigida por el juez Rafael Martínez, contó también con la participación de otras víctimas, quienes acudieron acompañadas por sus abogados e intérpretes de quechua. Tras cerca de cinco horas que se centraron en la exposición de los hechos y el desarrollo de los cargos que se imputan, el magistrado suspendió la audiencia y la pospuso.

Fujimori y los tres exministros están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización. Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.

Actualmente, Alberto Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.