La crisis política en Perú no da tregua. El presidente, Pedro Castillo, se enfrentará a un juicio político el 28 de marzo que amenaza su continuidad en el cargo. El mandatario izquierdista ha negado cualquier vínculo con los actos de corrupción de los que ha sido acusado y ha denunciado un intento "sistemático" de un sector de la oposición por cuestionar su legitimidad.

El Congreso peruano, dominado por la oposición, aprobó el lunes con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención debatir una moción de destitución. Los promotores de la propuesta fueron la ultraderechista Renovación Popular junto al partido fujimorista Fuerza Popular y los conservadores Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.

Se trata de la segunda moción presentada contra Castillo. La primera no consiguió los votos necesarios para su debate a fines del año pasado. Una eventual destitución del mandatario requerirá los votos a favor de 87 de los integrantes del Legislativo.

Este martes, durante una comparecencia ante el pleno del Congreso que se extendió por más de una hora, el presidente peruano hizo un llamamiento a la conciliación política para "poner fin a las disputas mezquinas" y trabajar "juntos" por el bienestar del pueblo peruano. "Como presidente de la República, tiendo mi mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país", aseveró el mandatario.

Castillo destacó los logros de su gestión ante la Cámara. Entre aplausos intermitentes, el mandatario destacó el avance de la vacunación contra la covid-19, el crecimiento económico de más del 13% en 2021, los esfuerzos de su Gobierno para el fortalecimiento del sistema educativo y la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo.

Acto seguido, dio un giro al tono de su discurso y anunció que iba a "rendir cuentas" y a desmarcarse "enérgicamente" de las acusaciones en su contra por parte de "sectores mediáticos y políticos" que lo vinculan con supuestos actos de corrupción. "El tiempo me dará la razón. Con la frente en alto, como siempre le hablo al pueblo, hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares", sentenció.

Tras reconocer que ha incurrido en errores que "ameritan corregirse", Castillo reiteró que nunca dijo que daría acceso al mar a Bolivia, una de las principales críticas que le hace la oposición, e insistió en que su gestión será inflexible ante la corrupción. "Una cosa son los errores de gestión y otra los supuestos delitos en los que se me pretende involucrar por motivos políticos", declaró antes de hacer un recuento cronológico de todas las acciones que ha tomado el Congreso en su contra, entre ellas dos intentos de destitución presidencial.

En ese sentido, acusó a un sector político de "no aceptar" su triunfo electoral y dedicarse a impulsar un "intenso y sistemático trabajo para cuestionar la legitimidad del presidente de la República y obstruir las labores del Ejecutivo con el único propósito de vacar al presidente o encontrar mecanismos para recortar su mandato".

Su discurso fue seguido mediante un gran despliegue mediático. El primer ministro, Aníbal Torres, anunció previamente que habría "sorpresas". También corrieron rumores sobre la posible presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales en el país, algo que finalmente no se dio.

Los impulsores de la moción alegan que existen "hechos objetivos" que provocarían la destitución de Castillo por "permanente incapacidad moral".  Entre ellos figuran las presuntas "contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales" e irregularidades en ascensos militares y policiales. El documento presentado también menciona las "cuestionables" designaciones de por lo menos 10 ministros y la supuesta existencia de un "gabinete en la sombra" en el Ejecutivo.

La decisión del Parlamento de admitir a debate la moción llega una semana después de que la Cámara otorgara el voto de confianza al nuevo gabinete presidido por Torres. Se trata del cuarto equipo ministerial que acumula Castillo en un lapso de casi ocho meses, aunque el tercero ni siquiera llegó a pedir la confianza al Congreso porque quien lo encabezaba, el legislador Héctor Valer, renunció a los pocos días de asumir el cargo tras revelarse que tenía denuncias por presunta violencia de género.