Corría el año 1981 cuando el poderoso jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, importó desde un zoológico de Estados Unidos y hasta Colombia a cuatro hipopótamos. Eran tres hembras y un macho y el famoso narcotraficante quería que formaran parte de la colección de especies exóticas de su Hacienda Nápoles. 40 años más tarde, la excentricidad ha virado en una comunidad formada por unos 100 megaherbívoros africanos que se reproducen sin control en el río Magdalena, en el centro de Colombia.

Ante la catalogación de los animales como una de las especies más invasoras del mundo comenzaron a contemplarse opciones para controlar su expansión. Un estudio realizado por investigadores de universidades mexicanas y colombianas y publicado en la revista Biological Conservation avisaba a principios de año de la creciente dispersión de los animales por la cuenca del río y arreciaban así las propuestas sobre qué hacer con los hipopótamos, que además amenazan con modificar el ecosistema y desplazar a la vida silvestre local.

Se contempló desde el sacrificio de los ejemplares hasta la utilización de peligrosos castradores químicos. Sin embargo, todas estas posibilidades han quedado anuladas después de que la Justicia de Estados Unidos haya sentenciado que los descendientes de las mascotas de Escobar son personas jurídicas.

El fallo "sienta un precedente importante" blindando la posibilidad de que los animales puedan "ejercer sus derechos legales". Así lo explicó el directivo del Animal Legal Defense Fund, Christopher Berry, en declaraciones a Efe. La organización animalista llevó a la corte de Ohio el caso como una forma de apoyar una demanda presentada previamente en Colombia contra el proyecto de inmunocastración. El juez abre la puerta en su escrito a que los defensores de los animales puedan presentar más pruebas para que se contemplen otros métodos para contener la expansión de la especie. 

La demanda sigue su camino en Colombia

El abogado Luis Domingo Gómez Maldonado presentó en Colombia una demanda para "evitar que los animales fueran asesinados". Mientras esta seguía su trámite por la Justicia, el organismo regional encargado de la gestión medioambiental de la zona, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare), comenzó a suministrar a los hipopótamos un anticonceptivo químico desarrollado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y del que se duda sobre su efectividad y su seguridad, según avanzó The Guardian. 

Ahora, y tras la sentencia dictada en EEUU, dos expertos en esterilización no quirúrgica, Elizabeth Berkeley y Richard Berlinski, podrán declarar en el marco de la demanda presentada por Gómez Maldonado y defender el uso de otro anticonceptivo llamado PZP, más solvente "dado su éxito histórico en hipopótamos retenidos en zoológicos" que el que pretendían usar la autoridades del país andino.