La paz en Colombia sigue en tiempo muerto cinco años después del Acuerdo de La Habana

El clima de esperanza que se sintió en cada rincón de Colombia entre agosto y septiembre de 2016 quedó atrás como un buen recuerdo. Ahora en las voces se escucha un tono de desamparo, de abandono, casi de pesimismo, cuando se pregunta qué ha pasado en cinco años desde la firma de los Acuerdos de La Habana para lograr una paz estable y duradera que ha sido tan esquiva en Colombia desde hace más de cinco décadas.

Ese acuerdo, que incluía cinco puntos centrales (desarrollo rural, participación política, entrega de armas, narcotráfico y reparación a las víctimas), parecía contener dentro de sí las causas estructurales del conflicto armado en el país suramericano y su implementación significaba para muchos la esperanza de superar por fin esa estela de muerte que ha dejado más de 265.000 víctimas fatales entre 1958 y 2020, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Hoy el panorama es de incumplimiento, de vulnerabilidad, de fragilidad. Así lo señalan quienes apostaron por el abandono de las armas y la reinserción hacia la vida civil: los excombatientes en las regiones. Y es tan evidente esa fragilidad que hasta el mismo presidente de Colombia, Iván Duque, calificó el Acuerdo Final de Paz como "débil", este 21 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"El balance de la implementación de los acuerdos es muy negativo. Este Gobierno ha sido absolutamente regresivo. No ha hecho nada por adelantarlo, al contrario, no hay esperanzas para que en este Gobierno se pueda implementar. Podemos decir que ha sido un tiempo muerto", responde Amanda Ríos, una excombatiente del departamento del Cauca y dirigente de la Federación de Organizaciones Sociales y Solidarias del Suroccidente Colombiano (Fedecomun).

En su departamento, el Cauca, en el suroeste del país, es donde se ha presentado el mayor número de asesinatos de excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, 50, entre 2016 y 2021, periodo en el cual han sido asesinados hasta la fecha 286 excombatientes, según cifras recopiladas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El más reciente de ellos ocurrió pocos días antes, el pasado 19 de septiembre, cuando se reportó el asesinato de Manuel Mena Viveros, en Quibdó, departamento del Chocó.

"Tras cinco años del acuerdo, la población en proceso de reincorporación padecemos todos los incumplimientos y las consecuencias de esos incumplimientos. Estamos siendo objeto de un plan genocida en curso contra nosotros, producto de que no se cumple lo establecido en cuanto a garantías de seguridad y participación política. Lo que se tiene que garantizar para la seguridad y para mantener la vida de la población en proceso de reincorporación es que se implemente lo que está acordado", señala Juan Camilo Londoño, otro integrante de Fedecomun y secretario de Ecomun, el Consejo de Administración de Economías Sociales del Común, cooperativa que fue creada como resultado del Acuerdo de Paz.

Entre los principales líderes que apoyaron las conversaciones de paz y la firma de los Acuerdos de La Habana también se encuentra un consenso respecto a la responsabilidad del actual Gobierno en la no implementación de los acuerdos.

Humberto de la Calle, jefe negociador del Gobierno Santos en la mesa de La Habana, asegura que esta no es otra experiencia fallida de paz en Colombia "pero sí bien amenazada desde un principio por la actitud del Gobierno y del Partido Centro Democrático de torpedear los acuerdos, de volverlos trizas, como dijeron en su momento. Es un problema de voluntad política, no de falta de instrumentos para preservarlo. De hecho, los instrumentos que hay han impedido que se liquide totalmente. Pero lo que ha ocurrido es un permanente deseo de interponerse en el desarrollo del acuerdo, de eludir las posibilidades de reconciliación, de superar esta página que ya va para nueve millones de víctimas".

Para la exsenadora Piedad Córdoba, quien estuvo al frente de muchas negociaciones para lograr la liberación de secuestrados por las FARC, no hay avances significativos "en prácticamente ninguno de los puntos acordados, esto debido a que no ha existido voluntad política para hacer un trabajo de implementación serio. Lo que se ha hecho es mínimo y solo tiene como fin aparentar ante los países garantes y las organizaciones internacionales. Para nadie en las regiones es un secreto que lo firmado es letra muerta para el actual Gobierno y su visión de país, porque son ellos y lo que representan lo que ha tenido a Colombia estancada en la violencia, el rezago y la corrupción. Y una Colombia en paz, con equidad, con garantías para la ciudadanía no les interesa".

Desde el Congreso de la República, ha habido algunos avances de implementación, aunque muy escasos, como confirma la representante a la Cámara María José Pizarro: "Debo decirlo con toda franqueza: en el Legislativo los avances son mínimos en términos de lo que se había pactado en los Acuerdos de La Habana. Aquí tenemos un Estatuto de la Oposición que funciona parcialmente, hay varios incumplimientos aquí. Las curules de las víctimas, después de una lucha jurídica muy grande, se materializaron y no hubo más camino que promulgar y darles vía libre y por supuesto tenemos a antiguos excombatientes legislando en el Congreso de la República por este periodo y el periodo que viene".

La deuda del desarrollo rural

El punto 1 del Acuerdo de La Habana, que contiene la denominada Reforma Rural Integral, es una de las principales preocupaciones para los reincorporados a la vida civil, pues es un punto transversal al resto de su transición.

"Hay por lo menos otros tres temas que son muy preocupantes y urgentes. El primero de ellos, después del problema de seguridad, es el acceso a la tierra. Aunque en el Acuerdo está contemplado, el acceso a la tierra para la implementación de actividades económicas colectivas de la población en proceso de reincorporación, no hemos recibido hasta ahora ni un solo centímetro cuadrado de tierra por parte del Estado, como está contemplado en el acuerdo", dice Juan Camilo Londoño.

Este punto, según Amanda Ríos, significa "la transformación estructural del campo colombiano, porque siempre el problema del conflicto aquí en el país ha estado atravesado por el tema de la tierra. Tan es así que dentro de las promesas que contiene el acuerdo está la formalización de tierras para los campesinos, y eso no se ha visto".

En este tema agrario está pendiente todo lo sustancial que plantea el acuerdo, argumenta el senador Iván Cepeda: "Por supuesto, los grandes vacíos están en el punto agrario, que es una columna vertebral del acuerdo. Allí realmente los avances son, por decirlo menos, absolutamente magros, cuando no inexistentes: el problema de la restitución de las tierras, los tres millones de hectáreas; la formalización de las otras siete millones; la implementación correcta de los planes de desarrollo territorial y la emergencia y conformación de una justicia agraria, que es uno de los planteamientos a mi modo de ver más novedosos que tiene el acuerdo".

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Duque afirmó al respecto que su Gobierno iba hacia "la mayor titulación de tierras de nuestra historia, avanzando en la implementación del Catastro Multipropósito, con una agenda de equidad en la compra de productos rurales sin intermediación, que nos llevó a tener las mayores exportaciones agropecuarias de nuestra historia".

Sin embargo, la senadora Sandra Ramírez -del partido Comunes, que surgió tras la firma del Acuerdo Final de Paz- señala que el acceso a la tierra es una de las mayores dificultades que enfrentan los firmantes, sobre todo para dar marcha a los proyectos productivos: "Casi la mitad de nuestros territorios está sin formalizar. El Gobierno exige unos requerimientos que los campesinos no tienen, y es una dificultad sobre todo en los proyectos productivos individuales que son muy vulnerables, porque como no tiene forma de un crédito ni donde más apoyarse para adelantar un proyecto productivo, pues la persona termina comiéndose el capital que se le da y adiós el proyecto productivo".

Garantías de seguridad, uno de los puntos críticos

El asesinato de excombatientes es uno de los asuntos que infunde mayor preocupación entre la población en proceso de reincorporación y por la cual no se sienten tan optimistas. En 2019 se registró el número más alto de exguerrilleros asesinados (81), marcando el número más alto en julio de ese año (con trece homicidios), de acuerdo con el informe Líderes y Defensores de Derechos Humanos de Indepaz, de diciembre de 2020. En 2021, ya se registran 37 excombatientes asesinados. Cauca, Nariño, Antioquia, Putumayo y Caquetá son los departamentos más afectados por estos delitos.

Solo en Cauca se han asesinado a 50 reinsertados a la vida civil y muchos cientos más han sido desplazados, señala Amanda Ríos: "Lamentablemente también tenemos que decir que muchos hemos sufrido desplazamiento forzoso. Nos sacaron de los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), estamos amenazados, no podemos ir ya allí, al menos para decir la realidad desde aquí del Cauca. Es mínima la población firmante de la paz que permanece allí".

Esta situación de desplazamiento de los ETCR la confirma también la senadora Sandra Ramírez: "Hubo dos ETCR que les tocó desplazarse por problemas de seguridad en los territorios, porque no había seguridad para los excombatientes. Y tenemos una nueva área de reagrupamiento que también por problemas de seguridad le tocó moverse a otro punto, a otro lugar".

Sobre la persecución que sufren las comunidades, Camilo Londoño apunta a uno de los puntos pendientes del acuerdo, el desmonte del paramilitarismo: "En este momento, no solo los grupos paramilitares no se desmontaron, sino que se han venido fortaleciendo con la complicidad del Estado y de las instituciones. Y han surgido nuevos grupos paramilitares que se enmascaran bajo el nombre de la antigua guerrilla, pero su accionar está dedicado al asesinato, a la persecución, al desplazamiento de la población en proceso de reincorporación", afirma Juan Camilo Londoño.

Según el senador Iván Cepeda, "aquí hay efectivamente una política de exterminio que tiene, a mi modo de ver, distintas fuentes, pero también una amplia complicidad del sector que ha atacado el Acuerdo de Paz, una responsabilidad de los enemigos del proceso que han generado un discurso permanente que intenta mezclarlos o aliarlos o ponerlos en un plano de connivencia con las disidencias y prácticamente volver a repetir la tesis de lo que se llamó la combinación de las formas de lucha, justificatoria de los crímenes en el pasado".

Este nuevo fenómeno de violencia es motivo de preocupación para Piedad Córdoba: "¿Cómo es posible que, desde 2016, 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC hayan sido asesinados, sin que el Estado colombiano se inmute? Estas son ciudadanas y ciudadanos colombianos que apostaron por el camino del dialogo, del trabajo, de la legalidad y son recompensados con violencia".

Los reincorporados mantienen, no obstante, su voluntad de paz para los próximos años: "De todas formas, ahí vamos, continúa nuestra voluntad, tenemos unos ejercicios muy importantes en cuanto a proyectos productivos, especialmente el tema del café, es muy conocido el Café La Esperanza, que ha tenido varios premios de carácter nacional e internacional, pero también ha tenido un impacto importante en las comunidades del norte del Cauca", dice Amanda Ríos.

Por su parte, Juan Camilo Londoño destaca el avance que han tenido proyectos económicos importantes como la piscicultura, la ganadería, la confección y producción textil y los servicios de turismo comunitario y ecoturismo.

"Sin embargo, todas las actividades aún están en un grado preocupante de falta de financiación. Nosotros hemos invertido en todas estas actividades económicas colectivas los recursos contemplados en el proceso de reincorporación, que son ocho millones de pesos por cada exguerrillera o exguerrillero. Sin embargo, a eso le falta financiación y garantías para la comercialización", señala.