Ingrid Escamilla fue asesinada a sus 25 años presuntamente por su pareja el pasado 9 de febrero. Según confesó el sujeto, 21 años mayor que ella, le clavó un cuchillo en el cuello, le arranco la piel de cabeza a rodillas, la desolló e intentó echar sus restos por el inodoro.

Después de cuatro días desaparecida, Fátima Aldrighetti fue encontrada el pasado domingo en una bolsa de basura al lado de una obra de construcción, en un barrio de la Ciudad de México. Estaba muerta y con signos de tortura. Tenía 7 años. 

Estos dos últimos feminicidios han vuelto a sacar, estos días, a mujeres en las calles de México para pedir justicia. El clamor ha llegado hasta el Palacio Nacional, pero la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ha avivado la indignación de algunos y las pintas en las paredes del edificio donde duerme.

"Claro que es importante que haya vigilancia, que se profesionalice a la policía, que se cuente con el apoyo, como ahora del Ejército, de la Marina, todo eso es necesario, pero lo más importante es lograr una sociedad mejor, eso es lo más importante, es lo más eficaz, lo más humano", dijo ayer, durante su conferencia de prensa de las 7 de la mañana, después de haber culpado al neoliberalismo de la degradación social que llevó a alarmas como la del feminicidio.

La estrategia de López Obrador para enfrentar esta emergencia es la misma con la que pretende manejar la lucha por otros derechos humanos, como la del medio ambiente. Y consiste en una mezcla de "purificar la vida pública", como dijo, mientras se acaba con los privilegios.

"Al cambiar el régimen corrupto ya no tiene por qué haber violación de derechos humanos, no tiene por qué destruirse el territorio, no tiene por qué cometerse injusticias", decía este lunes.

Pero expertos, opinadores, políticos, tuiteros señalan la ineficacia de estas proclamas para enfrentar, en el corto plazo, la tragedia de los feminicidios, que va en aumento desde 2015.

Según datos del instituto nacional de estadística mexicano, el Inegi, 2018 fue el año con más homicidios de mujeres en el país de los últimos 29 años. En total, 3.752 defunciones. En promedio, 10 al día.

"Podría coincidir en que el neoliberalismo, seguramente por la desigualdad que ha provocado, puede ser uno de los factores (del feminicidio)", explicaba a Público la Lorena Villavicencio, diputada federal por el partido del Gobierno, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Sin embargo, lo que estamos esperando las mujeres no es un diagnóstico sino una respuesta clara que involucre a todo el Estado mexicano", añadía, la diputada de la comisión del Congreso que trata la violencia de género. "El diagnóstico es para justificar la falta de plan urgente, con respuestas prácticas e instrucciones a cada una de las instituciones", concluía.

El diagnóstico

El diagnóstico es una cultura machista hasta el extremo de ensañarse con el cuerpo de la mujer para dejarlo sin vida. "Las actitudes misóginas en la sociedad cultivan la violencia entre los hombres, y al mismo tiempo, promueven el desinterés entre los agentes de la fiscalía frente a ella", asegura la historiadora Catherine Andrews, experta en feminismo, por email.

El diagnostico también incluye a funcionarios públicos y autoridades con nula o escasa formación en derechos humanos y perspectiva de género. La misma jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, reconoció que hubo una cadena de negligencias en instituciones en el caso de Fátima. La primera: cuando la escuela de la menor permitió que se fuera con una desconocida antes de que llegara su madre a recogerla.

Y en el diagnóstico también está el poder de la delincuencia organizada. "En muchos casos las fiscalías nos dicen que no se pondrán en riesgo para seguir investigando el caso porque saben que operan grupos delictivos", explica María de la Luz Estrada, la coordinadora de una organización que ha investigado y litigado casos de feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Por esto, las expertas coinciden en que el problema está en que las autoridades y las instituciones no aplican los protocolos y las leyes establecidas para estos casos.

El movimiento en México

La indignación social que han generado los dos asesinatos de esta última semana hablan de un movimiento feminista en México determinado a no bajar la guardia hasta que no se noten cambios.

Hace una semana, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que llevaban meses protestando, consiguieron que se incluyera en los estatutos generales de la universidad la violencia de género como una falta grave.

Durante el 2019, varios municipios de toda la República declararon la alerta de género, incluida la capital del país. Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007.

Para Andrews, tanto esa ley como las alertas de género han sido de las políticas más efectivas adoptadas hasta el momento en México para combatir la violencia de género. "A través de las alertas, se crean unidades de análisis y contexto, con la finalidad de identificar patrones y modos operandi que den líneas de investigación a las fiscalías y políticas de prevención", explica la representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

El Gobierno pidió ayer a las mujeres que protestaran sin violencia. Las feministas, le pidieron empatía y propuestas concretas.

El primero afirma estar haciendo una transformación, atacando a las causas de la violencia y la inseguridad, es decir, la corrupción y la desigualdad económica y social.

Y las segundas, con logros como el de la modificación de los estatutos de la universidad, proclaman, como hizo ese día una profesora universitaria, que en México la revolución es ya proceso.