Hace un año y medio, agentes de la Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW, por si siglas en polaco) entraban en la habitación de un hotel de la localidad de Przemyśl, muy cerca de la frontera con Ucrania. Dentro de la habitación descansaba el reportero español Pablo González, que cubría en esa ciudad para varios medios la crisis migratoria provocada por la invasión rusa del país vecino.

Esa no era la primera vez que el periodista se encontraba con los servicios secretos de un país extranjero. Unos días antes, cuando informaba desde Ucrania, la inteligencia de ese país lo retiene, le clona su móvil y le pide que se persone en la capital, Kiev, para dar  explicaciones sobre su trabajo y su presencia en la zona. El incidente se salva con una invitación de las autoridades ucranianas para que el reportero abandone el país en 72 horas.

Este episodio en Ucrania ocurre a principios de febrero de 2022. Unas horas después, otros servicios secretos, en este caso los españoles –el CNI– visitan e intimidan a algunos familiares y amigos del periodista en Euskadi y Catalunya en sus propias casas. Por eso, Pablo González decide abandonar Kiev y volar a España para saber qué está pasando.

De regreso de nuevo a Polonia, tras producirse la invasión de Rusia a Ucrania, los agentes de ese país que se presentaron en su hotel lo detienen. En España, la noticia se conoció la mañana siguiente, a través de un tuit de su abogado, Gonzalo Boye, que explicaba en la red social que "Pablo González ha sido detenido en Polonia por hacer su trabajo".

El periodista apenas conocía al letrado. Lo acababa de contratar por recomendación de unos conocidos y a raíz del incidente del CNI con su familia y amigos. Boye trabajaba con otros periodistas y está acostumbrado a llevar casos internacionales. En ese momento, es muy conocido por su trabajo con los expresidents de la Generalitat Quim Torra y Carles Puigdemont, pero también por llevar los casos del diputado Alberto Rodríguez o los de Clara Ponsatí y Toni Comín.

Lo que ocurre durante las primeras horas de la detención de Pablo González es un misterio. La confirmación de su detención y los cargos que se le imputan llegan el 3 de marzo de 2022. Las autoridades polacas le acusan de espiar para Rusia. Pero de esos tres primeros días surgen muchos interrogantes. ¿Compareció el periodista sin abogado ante una autoridad judicial? ¿Hubo registros en lugares donde se hubiera alojado el reportero sin que estuviera presente un letrado que asesorase a González y velase por sus derechos?

A día de hoy, nada se sabe de todo esto. Lo que sí se conoce es que durante varias semanas el periodista estuvo sin asistencia letrada. Al principio, la Embajada de España en Varsovia, a través del cónsul Eduardo Merino de Mena, ofrece una lista de abogados de oficio al preso porque Boye no puede trabajar en Polonia. El letrado tiene otra opinión y, de hecho, envía su certificación europea a las autoridades polacas, documentación traducida y varios papeles que le exigen para poder trabajar en el caso. Nada funciona. Los abogados de oficio tampoco sirvieron porque rechazaron el caso una y otra vez.

Ante esta situación, el entorno del periodista decide contratar un abogado polaco y, en abril de 2022, Bartosz Rogala se hace con la defensa de Pablo González.

No es un caso fácil para un abogado polaco. Las autoridades de su país habían asegurado públicamente que el periodista es un espía ruso, que trabaja para el GRU, el Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, es decir, la Inteligencia rusa. De hecho, cuando se presentaban estos cargos públicamente ha sido la única vez que en año y medio ha trascendido algún tipo de prueba contra el periodista.

Stanisław Żaryn, portavoz del Ministro Coordinador del Servicio Secreto polaco, aseguró que Pablo González fue detenido con "dos pasaportes y dos tarjetas de pago de bancos rusos para dos identidades diferentes" y que había realizado "actividades de espionaje en Varsovia, Przemyśl, Medyka y otras ciudades de la República de Polonia, así como en Ucrania y otros países". Nada más.

Ante estas palabras, la pregunta surgía rápidamente para el gran público que no conocía la vida personal del reportero: ¿por qué tenía dos pasaportes? La explicación es que Pablo González posee la nacionalidad española pero ha conservado el pasaporte ruso desde que era niño. El periodista nació en Moscú en 1982 con el nombre de Pavel Alekssevich Rubtsov. Cuando tiene nueve años sus padres se divorcian y su madre, hija de uno de los llamados 'niños de la guerra' –aquellos menores que fueron enviados a Rusia en la Guerra Civil española–, decide trasladarse con sus hijos a España.

En un primer momento se asientan en Euskadi, aunque pronto se trasladarán a Catalunya. La madre del periodista decide cambiarle el nombre a otro más español y para ello, traduce su nombre y le pone los apellidos de su padre, es decir, del abuelo. De esta manera, en España, el reportero queda registrado como Pablo González Yagüe.

Esta es la explicación de por qué Pablo González, como muchos otros españoles de origen ruso –y de otros países–, conserva los dos pasaportes y viajaba con ellos.

En cuanto a las dos identidades, Polonia informó cuando presentó los cargos contra el periodista por espionaje que contaba con dos alias: Pavel Rubtsov y Aleksey Rubtsov.

El primero es su nombre en ruso sin ningún género de dudas. Pero en cuanto al segundo se han planteado dos posibles explicaciones: que se trate del patronímico de su nombre en ruso, ya que en el pasaporte de Moscú aparece como Pavel Aleksevich Rubtsov, o que sean los datos de su padre que se llama Aleksey Rubtsov. Esto podría deberse a que Pablo González tuviera una tarjeta bancaria a nombre del padre. Algo que también se correspondería con lo que había afirmado a la prensa el portavoz del Ministro Coordinador del Servicio Secreto polaco, quien dijo que el reportero fue detenido con "dos tarjetas de pago de bancos rusos para dos identidades diferentes".

A día de hoy, 18 meses después, las autoridades polacas no han aclarado todavía este punto. Lo que sí hicieron un año después de la detención del reportero es preguntar a la Audiencia Nacional por la nacionalidad española de Pablo González. Esta decisión se tomaba a pesar de que desde el inicio del caso la Embajada española en Varsovia ha estado visitando al reportero en prisión y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, según sus propias palabras, ha estado interesándose por el caso con su homólogo polaco.

Los movimientos políticos sobre la situación del periodista se han llevado de forma extremadamente discreta. Las insinuaciones del ministro Albares han pasado desde afirmar que existen aspectos del caso que González no quiere que se conozcan, algo que dijo sin haber hablado con el reportero, a asegurar que las acusaciones que pesan sobre él son muy graves, pero al mismo tiempo el ministro explicaba que no sabía nada más del caso de lo que se conocía públicamente.

En mayo de 2023, poco más de un año después de la detención de Pablo González, un medio opositor ruso publicó un reportaje en el que afirmaba que las autoridades polacas habían hallado documentación que demostraría que el periodista era un agente de la inteligencia rusa. Se trataba de unos informes que estarían en los dispositivos del periodista pero sobre los que no se especificaba quién los habría encargado ni a quién se enviaron. Si es que se enviaron.

El medio ruso Agentstvo publicaba que Polonia había podido "analizar los dispositivos digitales del 'periodista' español" y que en ellos se habían encontrado informes sobre Zhanna Nemtsova, hija del opositor ruso Boris Nemtsov –asesinado en Moscú en 2015–, y sobre personas del entorno de la fundación que ella misma impulsó en honor a su padre. El abogado del reportero negó en aquel momento haber podido acceder a esta información como parte de la defensa de su cliente.

A pesar de este artículo, es importante señalar que la información publicada no respaldaría la acusación que Polonia sostiene contra Pablo González. Como ya contó Público, el periodista está acusado de espionaje según el artículo 130.1 del Código Penal polaco. Ese artículo concretamente dice: "Quien esté involucrado en las actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia será castigado con pena de prisión de un año a 10 años".

Este Código Penal deja claro que el delito por el que está detenido el periodista español en la prisión de Radom se refiere a "actividades de inteligencia extranjera contra la República de Polonia".

Por lo tanto, el relato establecido por Agentstvo no correspondería con esa acusación de espionaje, ya que según fuentes jurídicas, recopilar información sobre ciudadanos rusos o de otra nacionalidad que no sea la polaca no estaría contemplado en el delito del que se acusa al periodista. Además, las personas a las que supuestamente se acercó Pablo González en ese tiempo no son altos cargos del Estado polaco ni de sus instituciones, sino estudiantes y activistas opositores rusos, como señala el propio medio que difundió las acusaciones.

En este año y medio que Pablo González lleva en prisión se ha especulado mucho, se ha indagado en su vida privada y se han hecho insinuaciones de todo tipo, incluso desde el Gobierno de España. Sin embargo, en estos 18 meses no se ha puesto encima de la mesa, todavía, ninguna prueba que explique que Polonia haya prolongado hasta en seis ocasiones la prisión provisional del periodista. Reporteros Sin Fronteras ha denunciado que "Pablo González lleva 18 meses en prisión sin que las autoridades polacas hayan sustentado sus graves acusaciones" y han subrayado que "es tan intolerable como insólito que un periodista de un Estado miembro de la UE lleve un año y medio en esta situación en otro Estado comunitario".