Ortega bombardea la ciudad de Masaya, uno de los bastiones de la protesta en Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua ejecutó este miércoles de madrugada (noche del martes en Nicaragua) un nuevo ataque armado contra una población del país, esta vez en la ciudad de Masaya, pese al repudio local e internacional, con un saldo de al menos 3 fallecidos, que se suman a una lista de más de 350 personas muertas en la crisis.

El Gobierno del presidente Daniel Ortega tomó el control de Masaya, a 29 kilómetros al sureste de Managua, tras un intenso bombardeo, de más de siete horas, con énfasis en la comunidad indígena de Monimbó.

"Cayó Masaya, todo está en silencio, los chavalos debieron abandonar las trincheras y huir, sus armas eran demasiado pesadas", dijo una integrante del Movimiento 19 de Abril Masaya, al culminar el ataque.

Durante la intervención gubernamental, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, llamó a los habitantes de Masaya a resguardarse en lugares seguros, "ante el acoso armado" de las "fuerzas combinadas" del Gobierno.

La Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, llamó  al Gobierno de Nicaragua a poner "fin inmediato a la violencia", sin ser escuchada.

Ortega tampoco atendió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le recordó que "ya existe un marco para detener la violencia y abrir canales de diálogo que eviten más pérdidas de vida".

"Llorando por todos los muertos y rezando por sus familias, hago, con todas mis fuerzas humanas y espirituales, un llamado a las conciencias de todos, para lograr una tregua, y permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional, para buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis", dijo en un emotivo mensaje de audio el nuncio apostólico Stanislaw Waldemar Sommertag, sin éxito.

Tampoco causó efecto el llamado del secretario de Estado adjunto en funciones para Latinoamérica de Estados Unidos, Paco Palmieri, quien instó "enérgicamente al presidente Ortega a que no ataque a Masaya".

Policías y simpatizantes sandinistas celebraron hoy con cantos y bailes la toma por la fuerza de las armas de la ciudad nicaragüense de Masaya, con cantos que decían "Aunque te duela, aunque te duela, Daniel, Daniel, aquí se queda".

A juicio del disiente sandinista y exvicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, la crisis ha mostrado a Ortega como un "carnicero" y un "salvaje".

Los congresos de Costa Rica y Uruguay, así como el canciller de Chile, Roberto Ampuero, y la Conferencia Episcopal de Colombia, rechazaron la violencia en Nicaragua, no así el Legislativo de Guatemala, que no se puso de acuerdo.

Procesamiento de líderes rurales

El Gobierno nicaragüense expresó su "más enérgica protesta" por las "declaraciones parcializadas" de la ONU, que denunció que la ley de terrorismo aprobada por el Parlamento el lunes, puede usarse para criminalizar las manifestaciones en el país.

Bajo esa nueva ley, el Gobierno de Nicaragua procesó el mismo martes a los líderes rurales Medardo Mairena y Pedro Mena, a pesar de que fueron capturados antes de su aprobación, lo que mereció el repudio de la líder campesina Francisca Ramírez, una de las mujeres más influyentes del país.

El rechazo alcanzó al jefe de la bancada sandinista en el parlamento nicaragüense, Edwin Castro, quien fue expulsado de un supermercado por la incomodidad de los clientes, que le gritaron "asesino, degenerado, genocida".

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo cual ha negado.

Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.