El 26 de octubre de 2006, seis días antes de las elecciones generales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con Daniel Ortega como líder en la oposición, apoyó con sus 38 votos en el Congreso la derogación del aborto terapéutico. Ese gesto de Ortega, ejecutado por sus diputados, fue el punto de quiebra entre un partido político que se autodefinía de izquierda y uno de los movimientos sociales más fuertes de entonces, el feminista. También marcó, meses después, el inicio de una guerra contra las mujeres y las organizaciones que luchaban por sus derechos.

El Frente Sandinista, que en 1979 lideró la última revolución política-militar de la izquierda de América Latina, selló con esa derogación una alianza con los sectores más conservadores del país para ganar votos y evitar una cuarta derrota electoral de Ortega. "Votos vergonzantes", tituló El Nuevo Diario, que en su portada destacó la "mojigatería" con la que actuaron los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (conservador), la Alianza Liberal Nicaragüense (conservador) y el Frente Sandinista.

"Fue una embestida contra las mujeres", recuerda la socióloga y defensora de los derechos de la mujer María Teresa Blandón. "El Frente Sandinista, hace mucho, dejó de ser lo que era", añade. Con la derogación, Nicaragua entró al club de los pocos países en los que el aborto está completamente prohibido.

Blandón es activista por los derechos de la mujer desde los 18 años, pero desde julio de 2022 vive un exilio forzado porque Ortega ordenó que no la dejaran entrar a su propio país, en el contexto de una guerra contra la sociedad civil, en la que desde 2018 han desaparecido 3.106 ONG mediante la anulación de personerías jurídicas.

Las recientes acciones de Ortega contra la libertad de asociación no son fruto de un cambio de rumbo reciente. Desde el primer momento, al calor del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el líder rojinegro comenzó a desviarse por caminos torcidos a los principios de izquierda: los campesinos, la clase trabajadora, las feministas e intelectuales que vieron en el FSLN un proyecto político esperanzador no tardaron en detectarlo, rememoran algunos protagonistas consultados para la elaboración de este reportaje.

"La guerrilla sandinista era de izquierda, este gobierno no", afirma a plomo Gioconda Belli. La poeta y novelista nicaragüense, de 72 años, fue perseguida y juzgada por la dictadura de Somoza por su relación con aquel movimiento armado en los años 70, por lo que tuvo que irse al exilio. Hoy vive en España, exiliada de nuevo, perseguida por la formación política que una vez defendió, y de la que Ortega y su esposa Rosario Murillo, tienen el control total. "De aquel FSLN sólo quedan siglas, verborrea y colores. Ahora es una agrupación sin luces", acusa.

Luis Carrión Cruz, exintegrante de la Dirección Nacional del partido, comparte que la Revolución alentó la creencia en una nación mejor y en la que los movimientos sociales tendrían protagonismo. "El FSLN quería transformar la realidad, elevar la calidad de vida de la gente que tenía menos" y apostó "por un cambio de sistema, no sólo de personas", recuerda.

Hoy cree que el cambio pudo responder a la naturaleza militar del sandinismo. "Éramos una organización donde lo militar acabó siendo determinante", señala. A la vez sostiene que la búsqueda por centralizar el poder y las exigencias disciplinarias a sus cuadros originó las primeras fracturas entre el FSLN y su entorno social. En el país llegó a creerse que, hecha pedazos la dictadura de Somoza, quedaba eliminada también la presa que no permitía fluir la participación política de todos. "Como izquierda, el FSLN dijo que impulsaría el pluralismo político", recuerda Belli.

Cuarenta y cuatro años después, Daniel Ortega ha usado el control del Estado para aniquilar a sus adversarios políticos. Ilegalizó partidos, secuestró a sus líderes, inventó juicios para encarcelarlos y, recientemente, los desterró, sin ciudadanía y sin derechos civiles. "El Frente Sandinista ya es otra historia", afirma el opositor Luis Fley, un excomandante que combatió al sandinismo de los años 80 junto a unos 3.000 campesinos desde la llamada Contrarrevolución, conocida como la Contra. "Los campesinos fueron los primeros en ser traicionados por Daniel Ortega", dice el opositor. "Y desde 2018, traicionó a todo el país", agrega Fley, quien en el exilio lidera la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).

Contra las mujeres y las organizaciones feministas

Agustina lloró con amargura. Hacía tiempo que no se sentía así: "golpeada, impotente". La última vez fue hace cinco años y dos meses, cuando Leonel, su expareja, le fracturó la muñeca derecha y le hizo sangrar del pómulo izquierdo. Esta vez el agresor no era Leonel, no lloraba de dolor ni sangraba.

"El agresor", como ella lo llama, vive en Managua, tiene 77 años y lo conoció cuando era un guerrillero. Ella tenía 20 años. "Ese Daniel Ortega ahora es un ladrón, un machista", relata una mañana reciente, la del pasado 8 de febrero, en Matagalpa, en el norte de este país de 130.000 kilómetros cuadrados. Aquel día comenzó mal para las mujeres en esa ciudad. Policías entraron por la fuerza y tomaron las instalaciones de la organización feminista Grupo Venancia, cuya personería jurídica había sido anulada el 1 de julio de 2022, después de 31 años de trabajo en defensa de las mujeres.

Los agentes antidisturbios del régimen rodearon la casa, rompieron candados y tiraron puertas. De esa forma, desaparecía el espacio de un grupo de mujeres a las que el Gobierno declaró enemigas, pero que Agustina reconoce como las que la salvaron de una muerte casi segura al lado de Leonel.

La ocupación de la sede del Grupo Venancia es una de las más recientes estocadas oficialistas contra las feministas en Nicaragua. Una guerra que, según Blandón, ya lleva años, pero se intensificó después de 2018, con la aprobación de normas como la Ley Especial de Agentes Extranjeros, con las que el Gobierno cerró más de 150 organizaciones de la sociedad civil que protegían los derechos de las nicas. Según las defensoras, detrás de la persecución sin tregua contra el movimiento feminista está Rosario Murillo, cuyo poder es igual o mayor al de su marido, el presidente Daniel Ortega.

Dos hechos sellaron la ruptura sin reversa del feminismo con el FSLN. El primero fue la denuncia por violación contra Daniel Ortega que hizo Zoilamérica Narváez. El 4 de marzo de 1998, la hija mayor de Rosario Murillo acusó a su padrastro de haber abusado sexualmente de ella desde los 12 a los 19 años, y los movimientos feministas no dudaron en llevar el caso a juicio. El segundo hecho fue la penalización del aborto terapéutico ocho años más tarde. El Frente Sandinista desoyó a 25 organizaciones feministas y de derechos humanos y a 21 organizaciones médicas que le pidieron oponerse a la reforma.

En el exterior, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió de que la medida aumentaría la tasa de mortalidad materna en Nicaragua, que en 2006 era de 83 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. El Ministerio de Salud informó el año pasado que se habían disminuido hasta un 60% las muertes maternas, pero las feministas lo ponen en duda. En 2017, once años después de la penalización del aborto y diez del Gobierno de Ortega, la mortalidad materna en Nicaragua, según la OPS, se estimó en 98 por cada 100.000 nacidos vivos.

"Haber abolido el aborto terapéutico convierte el Frente Sandinista en una organización en extremo conservadora", señala Silvio Prado, un investigador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.

Adiós a los sindicatos

En Nicaragua, sólo 24 de cada 100 ciudadanos en edad de trabajar tienen un empleo formal y 76 luchan por sobrevivir en la informalidad y el subempleo, admitió en febrero pasado Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN).

A eso se suma el costo de la vida. La cesta básica familiar cuesta 528,42 dólares, cuando hace un año eran 459,16 dólares, esto significa un aumento del 13,11%. El salario promedio oscila entre 150 y 350 dólares. Meylin García cobra 8.700 córdobas (239,53 dólares) como profesora en una escuela de primaria en Nueva Segovia, menos de la mitad del costo de la canasta básica. "Todo está muy caro, esto no se aguanta", dice esta madre de dos niñas.

Con un panorama social tan gris, ningún sindicato en Nicaragua reclama por los bajos salarios, el desempleo y el alto costo de la vida. Entre 1990 y 2006, los sindicatos sandinistas, con Daniel Ortega como líder de la oposición, promovieron 477 huelgas y paros violentos. Pero desde 2007, cuando Ortega regresó a la Presidencia, ni una sola protesta se ha organizado.

"Están cooptados, como en los años de la Revolución, son sindicatos con militancia orgánica", explica Silvio Prado quien en aquella época integró la Asociación Nicaragüense de Educadores de Nicaragua (Anden), afín al sandinismo. Y quien ha osado rebelarse fue purgado. Es el caso del fallecido dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) Roberto González, quien el 21 de agosto de 2009 le dijo públicamente a Daniel Ortega que el país no necesitaba "chagüites" (discursos), sino trabajo, comida, salario digno y vivienda. González llegó a dirigir 284 sindicatos hasta 2011. Ese año Ortega le pasó factura "a sus desvaríos" y lo retiró de la lista de candidatos a diputado.

La 'descampesinización' del FSLN

En 1979, nadie puso en duda que un movimiento de izquierda había conquistado el poder en Nicaragua. El Frente Sandinista apostó por una economía mixta, el pluralismo político, el no alineamiento y una reforma agraria profunda. "La redistribución de la tierra que estaba en manos de pocos antes del triunfo de la Revolución remataba las buenas intenciones del proyecto", recuerda la escritora y poeta Gioconda Belli.

El campo no era menos desigual que la ciudad en Nicaragua. De los ocho millones de manzanas bajo explotación agropecuaria, por ejemplo, casi tres millones, el 36%, estaban repartidas en propiedades superiores a las 500 manzanas y en manos de muy poca gente, anota la revista Envío. [Una manzana equivale a 0,7 hectáreas]. 

Así, el nuevo Gobierno tenía la responsabilidad de cambiar esa realidad abrumadora en el campo: las pequeñas fincas de menos 50 manzanas sólo representaban el 17,5% de la tierra en explotación. Nueve años más tarde, en 1988, de esos ocho millones de manzanas, el 48% integraba ya el sector beneficiado con la reforma, y producían.

Las propiedades agrícolas en manos de los pocos privados se redujeron en al menos 3,7 millones de manzanas, es decir la mitad. Las grandes propiedades de más de 500 manzanas llegaron a ser solamente medio millón de manzanas, el 6,4% del total de la época.

"La cuarta parte de las tierras agrícolas de Nicaragua pasaron a ser explotadas de forma colectiva, en cooperativas y empresas agropecuarias estatales, de acuerdo al modelo que impulsó la Revolución", comparte un investigador de la revista, que pide hablar bajo anonimato por encontrarse actualmente en Nicaragua y por ello podría sufrir represalias. Esos logros se debieron en gran medida a un movimiento fuerte del campesinado organizado en la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), surgido a finales de 1978 y que se visibilizó más con el triunfo revolucionario.

Pero muy pronto las cosas comenzaron a cambiar. "Los campesinos no escaparon a que el FSLN los considerara aparatos de la Revolución, por lo que los cooptó también", agrega Belli. "Perdieron su autonomía y los convirtieron en activistas".

En 1981, el Gobierno revolucionario inició, como parte de la Reforma Agraria, la organización de las cooperativas, cediendo tierras al campesinado, pero sin títulos. La mayoría seguiría igual, sin tierras. "Echó a andar un régimen corporativo que dejó a los campesinos bajo mando de cooperativas, donde los liderazgos se ejercían de forma ideológica y sin autonomía. Esto generó crisis en ese movimiento", añade Silvio Prado.

La primera secuela de este descontento es la división del campesinado. Una muy buena parte sale de la ATC y funda su propia organización: la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) asumió la demanda campesina insatisfecha por la tierra. "Se dan cuenta de que la organización no busca soluciones a sus problemas, que tenían que ver con la tierra. Eso explicaría porqué más adelante se unirían a una lucha armada, a lo que después se conocerá como La Contra, anota el exguerrillero urbano Moisés Hassan.

La derrota electoral del sandinismo en 1990 tiene un poderoso impacto en las relaciones del FSLN con los movimientos sociales. El campesinado llegó resquebrajado por la guerra y se produjo una desbandada en el Frente Sandinista. En 2013, los campesinos se organizaron para defender sus tierras frente a un enemigo conocido y la delirante idea del canal interoceánico que partiría en dos el país para competir con Panamá.

La magna obra, que sigue nueve años en papel, cruzaría el territorio nacional de este a oeste, con una extensión total de 278 kilómetros, incluido un tramo de 105 kilómetros del Lago Cocibolca. Lo que ni Ortega ni sus funcionarios dijeron en público es que afectaría a las poblaciones de 13 municipios, según la Red por la Democracia y el Desarrollo Local. La lucha contra el canal convocó a los campesinos a integrar el llamado Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, también conocido como Movimiento Campesino Anticanal.

Tras las revueltas de 2018, varios líderes campesinos fueron apresados, acusados de terrorismo y sentenciados, primero en 2019 y nuevamente en 2022. El 13 de junio del 2019, venció el plazo de seis años para que la empresa extranjera aportara pruebas sobre la financiación del proyecto interoceánico. Según la Ley, pasado ese tiempo, la concesión queda suspendida y la norma debería derogarse, pero Ortega la mantiene viva, y con ello, persiste la amenaza contra los campesinos y sus tierras.

Rebelión en las aulas

La Nicaragua de abril de 2018 unió a dos generaciones en un interés común: jubilados y millennials se vieron en las calles entre palos, piedras y bombas lacrimógenas. De pronto, el país ardía bajo la petición de derogar una injusta Ley del Seguro Social para los primeros y que afectaría a los segundos al paso de los años. Ortega, autor de las reformas, se negó a escuchar y respondió con violencia con el resultado de cientos de muertos y heridos, y la exigencia pasó de pedir la derogación de una ley a que dejara el poder.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigó los asesinatos durante las protestas, explicó en uno de sus informes que el estallido social fue el producto "de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana".

La organización universitaria había sido clave para la insurrección de 1979. Para el sandinismo, la universidad era ante todo una plataforma de lucha social. "De ahí surgió lo que se conoció como Frente Estudiantil Revolucionario (FER), que el FSLN usó para proyectar hacia los barrios la lucha ideológica contra el dictador de aquellos años (Somoza)", señala el comandante Carrión Cruz.

El movimiento estudiantil tampoco pudo escapar a la crisis surgida tras la derrota electoral del FSLN en 1990, que afectó el andamiaje de poder del Frente; una derrota condimentada por una especie de ruptura generacional de su dirigencia.

En los primeros años de los noventa, los estudiantes todavía tenían fuerza para volver a las calles y lo hicieron para reclamar la entrega presupuestaria al fondo de becas. En 1992, paralizaron el país durante 50 días, siendo ésta una de las huelgas más largas. Entre 1990 y 2006, tomaron las calles casi cada año.

Durante el estallido social de abril de 2018, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEM), nacida bajo el sandinismo, se desentendió y negó estar detrás de la protesta. La respuesta del Gobierno fue muerte y represión contra los estudiantes: 355 personas fueron asesinadas por policías y parapolícías, según la CIDH. Sus informes señalan que el Estado armó a fuerzas irregulares para disparar a matar; y así se desató una crisis que persiste hasta hoy.

La reforma de la Ley de Autonomía Universitaria excluyó de fondos estatales a dos universidades de donde provenían los estudiantes que lideraron las protestas y dejó en manos del Consejo Nacional de Universidades, institución rectora de centros públicos, la distribución de los fondos estatales bajo criterios discrecionales y no en cumplimiento de la ley.

El 3 de diciembre de 2018, durante el XVI Congreso de la UNEN, la dirigencia juró lealtad a Daniel Ortega y, en un hecho sin precedentes en la historia de este movimiento estudiantil, su presidente Luis Andino, pidió "sacar a las universidades enemigas de la Revolución del presupuesto del Estado". Ortega, por supuesto, se lo concedió.