La motosierra de Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, funciona a pleno rendimiento. En otra decisión polémica, Milei ha firmado este martes el decreto que anula la renovación de todos aquellos funcionarios públicos que fueron contratados hace menos de un año, que según algunas fuentes serían incluso unos 7.000.

Esta era una de las medidas anunciadas a principios de mes dentro del plan motosierra con el que el nuevo presidente ultraderechista pretende reducir el gasto público. El Gobierno argentino deja así sin ampliar todos los contratos que expiran el 31 de diciembre, mientras prepara una auditoría para conocer el número de trabajadores del Estado.

La medida afectará a aquellos trabajadores de la administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Existen algunas excepciones, como las de aquellas personas con algún tipo de discapacidad, o las que están dentro de las cuotas fijadas por la Ley de identidad de género, así como las de aquellos que precisan mantenerse en los puestos por la imposibilidad de mantenerlos vacantes.

Los sindicatos ya han anunciado que las protestas continuarán e inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional y el primer paro total de aquellas actividades relacionadas con las empresas y entidades públicas.

Además de no renovar los contratos públicos, el Gobierno de Milei también pretende revisar más de un millón de planes sociales para detectar irregularidades, según informó este martes el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes sociales y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160.000 personas podrían estar recibiendo estas ayudas de manera "irregular".

De acuerdo con el portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10.000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares). "Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero", enfatizó Adorni.

El objetivo del Gobierno argentino es "transparentar el sistema, que cobren los que lo necesiten y que [los planes sociales] dejen de funcionar como un negocio para los intermediarios y los titulares de las organizaciones sociales".

Precisamente, una parte de estas organizaciones sociales y sindicales se manifestó el miércoles pasado en Buenos Aires, coincidiendo con el 22° aniversario de la protestas de diciembre de 2001, que en el ámbito económico desembocaron en el conocido como corralito bancario, y en lo político provocaron al dimisión del presidente radical Fernando de la Rúa (1999-2001).

En las movilizaciones de la semana pasada no participó la Confederación General del Trabajo (CGT), la poderosa y mayoritaria federación de sindicatos argentinos, de orientación peronista.

Se espera que los dirigentes y simpatizantes cegetistas se movilicen este próximo miércoles en Buenos Aires en protesta por el decreto de necesidad y urgencia firmado la semana pasada por el presidente argentino, Javier Milei, pendiente de ser aprobado por las cámaras argentinas y que supone la práctica desregulación de toda la economía del país.