Junior Ford, haitiano de 32 años, nunca sospechó que atravesar México iba a ser uno de los retos más complicados de su larga marcha a Estados Unidos. Dejó Puerto Príncipe hace cinco años, harto de la miseria y la violencia, y se estableció en Chile, en Talca, un municipio agrícola al sur de Santiago. Pero las condiciones de vida empeoraron en los últimos tiempos. Así que decidió atravesar todo el continente para reunirse con unos primos que viven en Nueva York.

Cruzó la selva del Darién, un peligrosísimo enclave entre Colombia y Panamá, donde vio cadáveres abandonados y fue asaltado por hombres armados; fue extorsionado por oficiales a su paso por Nicaragua, Honduras, Guatemala. Y terminó atrapado durante dos meses en Tapachula, un municipio fronterizo de Chiapas, en el sur de México. El pasado miércoles, después de atravesar más de 2.500 kilómetros en diversos autobuses y pagar entre 50 y 100 pesos (entre dos y cuatro euros) a cada policía que se interponía en su camino, logró pisar tierra estadounidense. 

Saltó al Río Bravo, en Ciudad Acuña, un pequeño municipio polvoriento del estado de Coahuila, en el norte de México, y se entregó a las autoridades fronterizas. Sus casi dos metros le permitieron atravesar fácilmente el caudal del agua, que en algunas zonas llega por las rodillas. Hoy ya está en Nueva York y ha iniciado sus trámites de asilo. "El viaje ha sido muy difícil", asegura, en conversación telefónica. Si hubiese salido de Tapachula un par de días después es posible que no hubiese logrado llegar hasta sus familiares.

12.000 haitianos bajo un puente

Actualmente, más de 12.000 haitianos están atrapados en el puente internacional entre Acuña y Del Río, el primer pueblo estadounidense tras cruzar la frontera. Además, una caravana de unas 500 personas llega desde Reynosa, en el este. Para llegar allá deberán atravesar la frontera chica de Tamaulipas, una de las zonas más peligrosas del país y escenario de atrocidades como la masacre de 19 personas (17 de ellos migrantes centroamericanos) el pasado enero.

Las autoridades de EEUU están desbordadas y han anunciado un plan para deportar lo más rápido posible a esta nueva oleada migratoria. La idea es meterlos en aviones y devolverlos a Haití sin darles opción al trámite migratorio o a pedir asilo.

Aunque todos ellos vienen de Chile o Brasil, que es donde se establecieron hace varios años huyendo de la precariedad de su país, ahora Washington quiere enviarlos a su país, un lugar devastado por un terremoto y que hace dos meses vio cómo su presidente Jovenel Moïse era asesinado en su propia casa. Quizás, como mal menor, les ofrezcan quedarse en México, un país con cien asesinatos al día y tasas de pobreza de más del 40%, pero en el que se han establecido comunidades haitianas desde hace tiempo, como por ejemplo en Tijuana.

Las escenas de colapso en la frontera de Texas se explican por varios factores, aunque los  principales son la falta de oportunidades en Brasil y Chile, que eran los destinos previos de esta comunidad nómada, y el intento de México de impedirles el tránsito, que terminó por concentrar a miles en el sur del país.

Bloqueo y represión en Tapachula

Durante los últimos meses la comunidad haitiana se multiplicó en Tapachula, un municipio de apenas 400.000 habitantes en Chiapas, a escasos 40 kilómetros de la frontera con Guatemala. En realidad, era previsible que miles de haitianos se establecieran aquí, ya que en meses pasados aumentó visiblemente su afluencia desde la selva del Darién.

El cierre de fronteras provocado por la pandemia limitó el flujo durante 2020, pero este año las cifras están disparadas, y el Gobierno mexicano, en manos de Andrés Manuel López Obrador, decidió que Tapachula sería su destino final. Implementó retenes en todos los accesos y comenzó una política de asfixia a los recién llegados: si los atrapaban tratando de avanzar hacia el norte, los expulsaban a Guatemala mediante una especie de devolución en caliente sin ningún sustento legal.

El presidente mexicano llegó al Gobierno con la promesa de llevar a cabo otro tipo de política migratoria. Sin embargo, sus acuerdos con Donald Trump lo llevaron a convertirse en el principal guardián fronterizo. Su primer objetivo siempre fueron los centroamericanos, que conforman el 70% del flujo hacia Estados Unidos. Pero durante su mandato también hubo crisis con la población africana (miles quedaron varados durante meses en Tapachula a mediados de 2019) y, ahora, haitiana.

Este municipio convertido en tapón migratorio no estaba preparado recibir a miles de haitiano que llevaban meses malviviendo allí. "No hay trabajo, nos hemos gastado todo el dinero, ¿de qué vamos a vivir?", protestaba Harold Dubuisson, un haitiano que trató de escapar de Tapachula en una de las cuatro caravanas que fueron abortadas por la Guardia Nacional. Los haitianos no esperaban quedar atrapados en Chiapas. Desde que partieron de Chile o Brasil, ningún país trató de retenerles. México, por el contrario, no daba alternativas.

Ante la falta de opciones para regularizar su situación, recurrieron a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) como única alternativa para tener papeles con los que seguir su camino. Pero la institución está sobrepasada. Solo en lo que llevamos de año acumula más de 77.000 peticiones de protección, más de las 70.000 de 2019, cuando estableció su récord. La Comar cree que este año se superarán las 100.000 reclamaciones de refugio. Al menos 20.000 son haitianos que no quieren quedarse en México. En julio y agosto hubo un dato histórico: por primera vez el número de haitianos que pedían asilo en México fue superior al de hondureños.

Racismo y negocio en Tapachula

El parque central de Tapachula es reflejo de la precariedad a la que están condenados los haitianos. Cada día, decenas duermen en la calle porque no les alcanza para rentar una habitación. Quienes disponen de algún fondo duermen hacinados en cuartos en los que se acumulan 12, 14 o 16 personas.

Los precios, además, se han disparado. Si un billete de autobús cuesta 50 pesos, para un haitiano se dispara hasta los 300. Hay un racismo perverso que obliga a los más vulnerables a pagar mucho más por el mismo servicio. Hartos de permanecer atrapados en Tapachula, los haitianos trataron de organizarse para abandonar el municipio. A finales de agosto lanzaron hasta cuatro caravanas que chocaron con un muro formado por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional.

Las violentas imágenes difundidas por todo el país no cambiaron la política del Gobierno. De hecho, López Obrador llegó a asegurar que los vídeos de funcionarios pateando la cabeza de un migrante en el suelo o de mujeres desesperadas siendo obligadas a entrar en una perrera (como se conocen a las camionetas de Migración) eran un intento de la oposición por desprestigiarle.

Convertida en olla a presión, Tapachula terminó por estallar. Desde hace una semana, miles de migrantes abandonan la ciudad buscando rutas alternativas. Así que el problema pasó de la frontera sur a la norte, la que linda con Estados Unidos.

Junior, por ejemplo, atravesó Chiapas con destino a Veracruz. De ahí siguió por la ruta de la costa para llegar finalmente a Ciudad Acuña. No es casualidad que hayan elegido este municipio. Se trata de un lugar en el que el Río Bravo llega con menos caudal y que, por lo tanto, puede cruzarse con menor riesgo. Es una zona que habitualmente escogen las personas que no quieren cruzar para convertirse en trabajadores sin documentos, sino que buscan entregarse a las autoridades y pedir asilo. Lo hicieron más de 8.000 congoleños y angoleños en 2019, y más de 10.000 venezolanos a principios de 2021.

Ahora, sin embargo, la respuesta de Estados Unidos es más inhumana: los mantienen sin comida en un campamento hacinado que les obliga a regresar a México a buscar víveres. Ahora, además, el gobierno de Joe Biden prepara un plan para devolverlos a Haití, el país del que escaparon hace años.