México celebra este domingo la puesta en marcha de su nuevo y polémico cuerpo de seguridad pública, la Guardia Nacional, en medio de críticas, recelos y dudas sobre si se trata de una institución de carácter civil o militar.

La Guardia Nacional encarna la estrategia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para poner fin a 12 años de guerra contra el narcotráfico y acabar con la crisis de violencia que vive el país.

Se trata de una institución armada intermedia inspirada en la Guardia Civil española o la Gendarmería Nacional francesa. La intención es que gradualmente sustituya hasta eliminar la actual Policía Federal en las labores de prevención de delitos, protección de la integridad y libertad de los ciudadanos y combate a la delincuencia en todo el territorio de la nación.

Su creación ha estado rodeada de críticas desde su planteamiento durante la campaña electoral del año pasado, porque expertos, activistas, políticos y ciudadanos veían en la Guardia Nacional el blanqueo del uso de militares para fines de seguridad pública.

Una insólita unanimidad en las cámaras legislativas federales dio luz verde a la reforma constitucional necesaria para crear este cuerpo policial, en febrero de este año.

Los principales partidos de la oposición, el PRI y el PAN, votaron a favor porque el texto reformado al final estableció que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil”. Para rematar las garantías de que así sería, se acordó que el cuerpo dependería de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en vez de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), como inicialmente quería el presidente López Obrador.

Pero los expertos aseguran que el desarrollo legislativo posterior y los primeros movimientos de su puesta en marcha apuntan a que la Guardia Nacional es una policía castrense. “La clave esta en los (artículos) transitorios; todo lo militar lo pusieron ahí”, señala David Blanc, investigador de la organización ciudadana Causa en Común, activa y crítica durante el proceso de creación de la Guardia Nacional.

El experto hace referencia dos artículos de la Constitución que se modificaron. El primero, instruye que la Ley de la Guardia Nacional regule una estructura jerárquica, regímenes disciplinarios, responsabilidades y capacitación de los guardias nacionales “que puedan homologarse” a las Fuerzas Armadas. El segundo, autoriza al presidente de la República a que durante un período de cinco años, mientras se construye la Guardia Nacional, siga disponiendo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero “de manera extraordinaria”.

Cuerpo ‘homologable’ a las Fuerzas Armadas

Cuando Senado de la República aprobó la creación de la Guardia Nacional con 0 votos en contra y 0 abstenciones, se encargó de dejar claro que homologación significa que la Fuerza Armada por fin podrá dejar de realizar tareas de seguridad pública y regresar a sus funciones de defensa y seguridad nacional. Pero el contraste de los argumentos con la realidad no ha convencido a los analistas.

Para empezar, el presidente López Obrador nombró comandante de la Guardia Nacional a Luís Rodríguez Bucio, militar en activo hasta agosto de este año; algunos estados federados ya han empezado a donar terrenos para las instalaciones del nuevo cuerpo policial, pero en vez de destinarlos a la secretaría de la cual depende, se han donado a la Sedena. La Ley de la Guardia Nacional prevé que la “profesionalización” de los guardias se realice en instituciones de formación policial o bien en “instituciones de Educación Militar y Naval” o en ”Centros de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas”. Pero mientras no se formen las primeras generaciones de guardias nacionales, los elementos que ya integran el cuerpo son policías navales y militares — de naturaleza castrense — y federales — civiles. Y, de hecho, la ceremonia de inauguración de este domingo será en un campo militar, el Campo Marte, en la capital.

“Es una simulación de un cuerpo civil, en los meses posteriores (a la reforma constitucional) vemos que es así. La Sedena es la que manda, opera, capacita y paga, es la que tiene el control”, concluye David Blanc.

La base constitucional para el despliegue militar

El presidente López Obrador no consiguió que la Constitución creara un cuerpo expresamente de carácter militar para combatir la delincuencia, como él quería. Pero en la práctica, podrá seguir disponiendo de la Fuerza Armada por cinco años, es decir, hasta que termine su mandato.

Expertos han visto en esta habilitación temporal una forma de perpetuar la militarización de la seguridad pública de México, es decir, una forma de legalizar lo que ya se venía haciendo desde que empezó la guerra contra el narcotráfico, cuando se sacó a los militares a las calles sin contar con la habilitación legal para ello. Esto es así porque la ley prevé que la misión del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea — la Fuerza Armada mexicana — es defender la soberanía e independencia de la nación, no la seguridad de sus ciudadanos.

AMLO, acrónimo por el que se conoce al presidente de la República, nunca ha negado este punto: “Se utilizaba al Ejército y a la Marina de manera extralegal para llevar a cabo operativos orientados básicamente al combate al narcotráfico”, explicaba en una de sus “mañaneras”, las ruedas de prensa que ofrece de lunes a viernes a las 7 de la mañana. “Se habló con toda claridad al pueblo de México de esta deficiencia y de la necesidad de legalizar la participación del Ejército y de la Marina en la tarea de seguridad pública”, añadió.

La intención del presidente es disponer de los 220.000 militares del Ejército y los 40.000 de la Marina para controlar la crisis de inseguridad del país, mientras se construye y se capacita a la Guardia Nacional: “Ahora, por las circunstancias, lo prioritario es atender el grave problema de la inseguridad y la violencia”, explicó en otra “mañanera”. Pero expertos temen que, en vez de cinco años, se acabe por perpetuar la presencia de los militares en las calles.

Los datos del gobierno muestran que en lo que va de 2019 ya se han registrado 833.457 presuntos delitos en toda la república. Según la organización civil Semáforo Delictivo, todos los delitos de alto impacto en el primer trimestre de 2019 han aumentado, los que más: extorsiones 47%, secuestros 45%, violaciones 24% y narco-menudeo 14%. Sólo bajó el robo de vehículo y robo a casa.

“¿Qué pasa si la Guardia Nacional no crece al ritmo esperado?”, se plantea el experto en seguridad Alejandro Hope, en entrevista para Público. Desde su columna en el periódico El Universal lleva tiempo analizando los datos que rodean al nuevo cuerpo policial mexicano, y no le cuadran. “Entre 1998 y 2018 el crecimiento neto de personal de la Fuerza Armada fue de 34.000. Ahora están planteando un incremento neto de 50.000 (guardianes de nuevo ingreso), o sea 1.5 veces más en tres años que lo que hicieron en veinte”, afirma. Para él, si no se logra la meta de reclutamiento de personal, el gobierno tendrá el pretexto para pedir a la Cámara de Diputados que prorrogue durante tiempo impredecible el plazo transitorio de 5 años para usar legalmente a los militares en la prevención y persecución del delito. “Esto abre la puerta de manera más descarada a la intervención militar de la seguridad pública”, concluye.

Pero, ¿qué problema hay con los militares?

La sociedad mexicana ha testimoniado torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones atribuidas a los militares desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra a los cárteles, en 2006, enviando al Ejército y a la Marina a combatir la narcoviolencia y detener a los capos de la droga.

“La estrategia de seguridad militarizada ha tenido al menos tres consecuencias graves. La primera es que la violencia ha aumentado en México y las violaciones a derechos humanos son constantes; la segunda es que ha disminuido la urgencia y la presión de una reforma policial; y la tercera es que la rendición de cuentas ha sido prácticamente inexistente”, afirma la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en un informe.

Según Semáforo Delictivo, en 2006 hubo 11.806 homicidios; en 2018, 28.816, con una tasa de crecimiento constante durante este periodo. El Instituto Belisario Domínguez, que forma parte del Senado, afirma que entre 2012 y 2016 hubo 5.830 denuncias contra las secretarías de Defensa Nacional y de la Marina; en el mismo período solo se iniciaron 505 investigaciones civiles contra militares por delitos y violaciones de derechos humanos, y se obtuvieron 16 sentencias contra militares por este asunto. Es decir, solo un 3.2% de las investigaciones de la fiscalía terminaron en sentencia. Y según la organización civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Fuerza Armada fue la institución con más alto índice de comisión de violaciones graves.

“Los militares tienen la mentalidad de ganarle al enemigo y ganar territorio, no de disminuir la presión social, encontrar el delito y llevarlo ante el juez”, explica Pablo Girault, consejero de otra organización civil que ha seguido de cerca el desarrollo del nuevo cuerpo policial, México Unido Contra la Delincuencia.

Para calmar estas críticas, el gobierno federal firmó un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que acompañe el proceso de creación y capacitación de la Guardia Nacional con asesoría y asistencia técnica.

Sólo un eslabón en el plan de paz y seguridad

Los diputados del partido del presidente y en control de la Cámara Baja, Morena, explicaron que la Guardia Nacional es una pieza dentro del engranaje que López Obrador ha diseñado para pacificar el país. AMLO ha reiterado que el enfoque principal de su gobierno para acabar con la inseguridad y violencia no es con el uso de la fuerza sino generando oportunidades de empleo, sobre todo para jóvenes, y erradicar la impunidad y la corrupción.

Por el momento, las encuestas le van a favor. En una realizada en mayo por el periódico Heraldo de México, un 78% de los encuestados apoyaba la creación de la Guardia Nacional para luchar contra el narcotráfico. Estudios anteriores revelaban porcentajes similares.

Con la ceremonia de este domingo, se desplegarán 70.000 agentes por 150 de las 266 regiones en las que el cuerpo tiene previsto operar antes de que acabe el sexenio. Cabrá esperar a ver cómo evoluciona y qué tan eficaz es en conseguir sus metas. Para Semáforo Delictivo, aunque el presidente declarara el fin de la guerra, la guerra continua. “La Guardia Nacional podrá ayudar en algunos delitos, pero difícilmente logrará impactar en homicidio y menos ahora que se ha distraído en funciones de migración en la frontera sur”, afirma la organización en sus conclusiones de mayo de 2019. De momento, quien no bajará la guardia será la sociedad civil.