Meloni desafía a la Justicia italiana e insiste en su plan de deportaciones a Albania

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mantiene su intención de continuar con su plan de deportaciones de migrantes a Albania, a pesar del reciente revés judicial que frustró el primer intento de traslado.

Esta semana, 12 de los 16 solicitantes de asilo que habían sido deportados fueron devueltos a Italia después de que el Tribunal de Roma ordenara su regreso –como ya se había hecho con los otros cuatro–, argumentando que Albania no puede considerarse un país seguro para ellos según la legislación europea. A pesar de esta derrota, el campo de internamiento en Albania sigue vacío y el Ejecutivo italiano sigue decidido a llevar adelante su plan.

Los migrantes, de origen egipcio y bangladesí, habían sido enviados a un campo en Gjader, en Albania, pero fueron devueltos después de que el Tribunal de Roma aplicara una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Esta sentencia reduce la lista de países considerados seguros para deportaciones rápidas, limitando los traslados a siete países con bajos índices de migración. Meloni ahora enfrenta la dificultad de seguir adelante con su modelo de deportaciones a Albania bajo estas nuevas restricciones legales.

La ultraderechista ha criticado duramente a la magistratura italiana por su decisión, apoyada por varios ministros de su Gobierno. El titular de Justicia, Carlo Nordio, ha descrito la sentencia como "anormal" y ha sugerido que la política debe intervenir para definir qué países son seguros, algo que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Meloni ha convocado un Consejo de Ministros para aprobar nuevas normas que intenten sortear las limitaciones legales impuestas por el fallo judicial.

El principal problema radica en definir qué países son seguros para deportar a los migrantes. Según la sentencia europea, la lista de países seguros es reducida, lo que limita las opciones de Italia para aplicar su polémico protocolo de deportaciones rápidas a Albania. Esto supone un golpe para el plan de Meloni, duramente criticado por los movimientos antirracistas, que ahora enfrenta una crisis legal que amenaza con desmantelar la base de su modelo migratorio.

Meloni busca blindar su plan de deportaciones de migrantes a Albania mediante un decreto ley

A pesar de las dificultades, el Gobierno italiano no se rinde. Existe la posibilidad de que se realice otro intento de deportación hacia Albania en los próximos días, esta vez con un marco legislativo más sólido para evitar nuevos bloqueos judiciales. Meloni busca fortalecer su posición con un decreto ley que defina qué países son seguros según el criterio italiano, aunque esto podría generar más confrontación con la magistratura y la oposición.

Expertos jurídicos han señalado que la Constitución italiana no permite retener a personas migrantes en el extranjero. El plan de la ultraderechista contradice tanto la Carta Magna del país como la propia legislación europea y los juristas consideran que la mandataria y su partido buscan enmarcar a los jueces como el enemigo en una estrategia de polarización.

En este sentido, el vicepresidente del Ejecutivo, Matteo Salvini, ha culpado a los magistrados de bloquear su iniciativa por alinearse con la izquierda. Así lo ha hecho este domingo durante una entrevista en los informativos de la televisión pública italiana, RAI.

La líder del Partido Demócrata, Elly Schlein, ha acusado a Meloni de ignorar las leyes europeas y provocar un choque institucional innecesario con la Justicia. También ha criticado a la cadena pública por servir como altavoz de los discursos xenófobos de Salvini.

Además, Schlein ha subrayado que el acuerdo con Albania "no se sostiene" y que el Gobierno debería respetar las decisiones del TJUE en lugar de intentar evadirlas con maniobras legislativas.

El modelo de deportaciones de Meloni ha mostrado fallos desde su implementación, ya que solo un número reducido de migrantes puede ser deportado bajo las condiciones establecidas por la ley.

Por otro lado, los altos costes de movilizar buques militares para trasladar a un pequeño grupo de personas y las dificultades en la selección de los deportados han puesto en evidencia los límites prácticos y legales del plan.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también ha revelado fallos en el proceso de selección de migrantes para la deportación, señalando que muchos de los deportados se encontraban en condiciones de vulnerabilidad que no fueron detectadas en el momento. A pesar de todo, Meloni parece dispuesta a continuar con su plan, utilizando el conflicto con la Justicia como parte de su narrativa política.