Este domingo se celebra en Chile la segunda vuelta de las elecciones que enfrentarán a Michelle Bachelet, la candidata socialdemócrata con más posibilidades de llegar a La Moneda que venció en la primera votación por un 46,68% de los votos, y Evelyn Matthei, la opción de la derecha, que el pasado 18 de noviembre logró el 25,01% de los apoyos. Pero gane quien gane, las revueltas estudiantiles del último año y la situación actual de segregación que se vive en las escuelas han definido cuál será la prioridad de la futura presidenta chilena: la mejora del sistema educativo.

El actual es una herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, cuyo régimen optó por una política de neoliberalismo que contrarrestó las nacionalizaciones llevadas a cabo por el expresidente democrático derrocado por el golpe militar del dictador en 1973, Salvador Allende. La educación pasó entonces de ser pública a convertirse en un negocio que hoy en día sigue siendo muy lucrativo en el país.

La gran mayoría de los chilenos envía a sus hijos a colegios privados, y aunque muchos reciban una subvención del Estado, son los propios centros los que marcan sus cuotas de pago, y los que seleccionan a sus alumnos. Existen colegios públicos, pero su calidad deja tanto que desear que en general los padres prefieren apretarse el cinturón y enviar a sus hijos a los privados.

Según un estudio, de los cien mejores colegios del país, sólo dos son públicos. Y estudiar en cualquiera de los otros 98 implica pagar una media de 300 euros al mes, cifra que coincide con el sueldo mínimo establecido en Chile. La calidad de la enseñanza se paga cara, y no todos los bolsillos la tienen garantizada.

Así, es en la primera fase del sistema educativo donde se da el primer paso de la marginación escolar que viven las familias más necesitadas en el país. El siguiente se produce en la universidad. Para ingresar en ella hay que pasar la PSU, una prueba de acceso. Se da la circunstancia de que los colegios que cada año obtienen mejor puntuación en la PSU coinciden con los más caros, por lo que los alumnos de mejor estatus económico parten con ventaja a la hora de ingresar en la universidad.

Si los precios de las escuelas son altos, los de la universidad no se quedan atrás. Todas son privadas, y la media de lo que tienen que pagar los alumnos está en 5.000 euros anuales. Para quien no pueda costeárselos existen dos opciones: becas y créditos. El problema de las becas es que a la hora de concederlas las autoridades tienen muy en cuenta la nota del PSU, lo que dificulta su acceso a los estudiantes de los colegios modestos, que tal y como se explicó anteriormente suelen lograr peores resultados.

No obstante, el Gobierno chileno ya ha dado un paso para paliar esta segregación escolar y en 2013 otorgó un 16% más de becas que en el año anterior, destinadas al núcleo más pobre del país. Pero los estudiantes de clase social media-baja o media, aunque sus ingresos no les permitan pagar la universidad, tampoco pueden optar a beca. Y así, su solución pasar por recurrir a los créditos. Esto provoca que a salida de la universidad tengan que hacer frente una deuda de unos 30.000 euros de media.

La educación escolar ha sido, por todo ello, uno de los temas más discutidos durante toda la campaña electoral. Michelle Bachelet aboga por una enseñanza gratuita universal. Evelyn Matthei, sin embargo, impondría una cuota a los más ricos.

Pero aparte del coste el nuevo Ejecutivo también deberá trabajar en la calidad del sistema, revisar la preparación del profesorado y los contenidos de los programas. Según el último informe PISA, el nivel escolar en Chile sigue estando por debajo de la media internacional y hace una década que no progresa, está estancado. La reforma del sistema de enseñanza chileno será pues uno de los retos a los que se tendrá que enfrentar quien salga elegida en las elecciones del domingo.