De las más de 105.000 víctimas de desaparición forzada en México, 88.000 casos fueron a partir 2006, cuando el entonces presidente del país, Felipe Calderón, inició la llamada guerra contra las drogas, una violencia que se incrementó durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y continua durante el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El colectivo Solecito es uno de los muchos conformados por madres de personas desaparecidas en México. Éstas, en concreto, pertenecen al estado de Veracruz, y ante la impunidad, la incapacidad y la falta de voluntad de las instituciones, autoridades y gobierno han llevado a cabo una cruzada: se han ido convirtiendo en buscadoras, investigadoras, peritas, antropólogas, activistas... Esta es la lista interminable de funciones que han llevado a cabo las madres (pese a que debían haberlas ejecutado profesionales) para encontrar los restos de sus seres queridos, labores teñidas de dolor, tiempo, enfermedades y pérdidas económicas.

Lucía Díaz Genao, del colectivo Solecito, cuyo hijo está desaparecido desde 2013, es una de las madres que ha viajado hasta La Haya, donde han entregado un documento con información relevante pero también escalofriante. "Estamos tratando de que se le imputen (internacionalmente) las desapariciones a Javier Duarte (ex gobernador de Veracruz) y su secretario de seguridad pública, (Arturo Bermúdez). Es necesario quela Corte Penal Internacional (CPI) se involucre, porque ningún estado se imputa a sí mismo, mientras continúe la impunidad, la tragedia no tendrá fin", ha afirmado en La Haya.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Michelle Bachelet, mostró su preocupación el pasado marzo por el desbordante número de personas desaparecidas en México, de los cuales solo en 35 ocasiones se ha condenado a los perpetradores de los crímenes, una tasa de impunidad casi absoluta. Bachelet dejó en evidencia que se siguen cometiendo desapariciones forzadas por parte de grupos delictivos y funcionarios públicos: "El flagelo de las desapariciones es una tragedia humana de enormes proporciones", denunció.

Para Jimena Reyes, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), uno de los organismos que ha participado en la elaboración del informe, este documento demuestra que en los crímenes hubo "temporalidad [durante gran parte del mandato de Duarte], lugares específicos en Veracruz, un patrón determinado y elementos claros que muestran que estas desapariciones fueron realizadas por elementos de la policía estatal, a veces coludidos con carteles de la droga y/o con policías federales".

En el informe se detalla el caso de 22 personas víctimas de desaparición forzada en Veracruz, de los cuales siete fueron encontrados en la fosa de Colinas de Santa Fe, donde se hallaron más de 22.000 huesos pertenecientes a 300 cuerpos.

Rosalía Castro, integrante de Solecito, busca a su hijo desde el 24 de diciembre de 2011 y ahora recuerda que durante una de las manifestaciones que realizaron precisamente con motivo del Día de la Madre, se le acercó un hombre y le entregó un papel "doblado cuatro veces". Cuando Rosalía lo abrió se encontró con un dibujo que contenía cruces y un mapa con el nombre Colinas de Santa Fe. "Busquen ahí", indicaba la primera pista.

Las madres iniciaron las gestiones administrativas para poder comenzar las excavaciones, tardaron tres años en conseguir los permisos y sin ayuda económica de nadie, puntualiza Castro. El colectivo invirtió más de 70.000 euros y tras un largo proceso de varios años desenterraron la fosa clandestina más grande de Latinoamérica. "Al principio las autoridades nos tenían amarradas, nos decían de dónde a dónde podíamos buscar y no encontrábamos nada, hasta que conseguimos que nos dieran la libertad de buscar por toda la zona; y entonces empezamos a encontrar tesoros (restos humanos). Aquello era un corredor de fosas, desenterrabas un cadáver y al metro había otro, no daba tiempo era un corredor con más de 80 cuerpos. En Colinas de Santa Fe hubo un centro de exterminio, en la fosa conocida como La Alberca, encontramos 15 cuerpos seccionados, revueltos, era horrible".

Otros dos de esos 22 casos que presenta el informe son cuerpos encontrados en la fosa clandestina de Arbolillo, otra que ha conseguido encontrar y desenterrar Solecito. Este enterramiento, colindante con la laguna de Alvarado, presentó mayores dificultades por el deterioro de los huesos. A pesar de ello, han encontrado cerca de 300 cuerpos.

Miles de cuerpos a la espera de identificación

Pero encontrar y desenterrar es solo parte del proceso; luego hay que identificar esos restos. En México, los cuerpos se acumulan en las instalaciones de los servicios médicos forenses de todo el país. Hay más 38.500 y muy poco personal especializado, además de escaso presupuesto para hacer exámenes de ADN y confrontar los resultados con los de familiares de las víctimas. Desde que comenzó la mal llamada guerra contra las drogas, México acumula 285.000 asesinatos dolosos, y sólo desde que López Obrador asumió la Presidencia, en 2018, los crímenes se elevan a 120.000, lo que sitúa la tasa de homicidios a 24 por 100.000 habitantes.

Jimena continúa su testimonio: "Si se examina la situación mexicana con las lentes del derecho penal institucional, el caso de Veracruz contiene crímenes de lesa humanidad, al igual que los casos de Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nayarit". Las detenciones arbitrarias, por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, son parte del modus operandi, relata Jimena Reyes.

Es el caso de dos de los jóvenes que aparecen en el informe: fueron detenidos arbitrariamente en un operativo policial donde arrestaron a otras ocho personas. Tras las detenciones, los familiares acudieron al Ministerio Público, pero les dijeron que regresaran después de 72 horas para luego confirmarles que efectivamente se había producido un operativo. Después de varias visitas, el funcionario que atiende a las familias les recomiendan que dejen de buscar y les afirma que si si se los llevaron fue porque "eran gente mala". Los restos de cuatro de estas personas fueron encontradas en la fosa de Colinas de Santa Fe.

Jimena Reyes, de FIDH, confía en la CPI y en que sí abrirá una investigación, puesto que, según el Estatuto de Roma (firmado por México), sí existirían pruebas de crímenes de lesa humanidad, y además los crímenes permanecen en la impunidad. La CPI podría, dependiendo del fiscal, decidir hacer un examen preliminar e iniciar el proceso. "Estamos convencidos que, ante la emisividad de los crímenes, se necesita un cambio de políticas públicas si se quiere avanzar hacia más verdad y más justicia; y eso significa que el Estado reconozca que estamos frente a fenómenos de lesa humanidad".

Leticia Maldonado Gutiérrez (que gritó a Duarte antes de dejar el cargo: "No te vayas, devuélvame a mi hijo") y las demás madres que forman el colectivo Solecito saben quiénes son los máximos responsables de las desapariciones de sus hijos e hijas. "Fue el Estado, fue Duarte", gritaban todas al terminar su comparecencia en La Haya.