SAO PAULO. - Los rumores sobre la entrada de Lula en el gobierno de Dilma Rousseff se escuchaban en Brasilia desde hace días. Concretamente desde el pasado 4 de marzo cuando la Policía Federal de Sao Paulo se llevó de su casa al expresidente con un mandato de conducción coercitiva para responder sobre supuestas vinculaciones con el escándalo de Petrobras. La fórmula jurídica elegida por el juez Sérgio Moro y la operación con 200 policías, 30 fiscales y muchas cámaras de televisión, indignó a diversos juristas que definieron la medida como "mediática e innecesaria".

El mayor ofendido fue el propio Lula: "Ya he declarado tres veces en diferentes instancias. Si el juez Moro me quería escuchar sólo tenía que haberme llamado y no montar este espectáculo de pirotecnia". Pero el mensaje más importante del exmandatario aquel viernes fue el anuncio de su candidatura para las elecciones de 2018: "Esto que me han hecho ha vuelto a encender mi llama. La lucha continúa".

A partir de ese momento diversos acontecimientos se sucedieron para que el expresidente decidiera entrar en el Gobierno antes de la fecha prometida. El primero vino de la mano de la Fiscalía de Sao Paulo, que independientemente del juez Moro, solicitó una petición de prisión preventiva contra Lula por lavado de dinero, riesgo de fuga e inflamación de la población. A pesar de que la petición fue ampliamente criticada, incluso por el principal partido de oposición (PSDB), por “falta de argumentos sólidos”, Lula comenzaba a sentirse acorralado.

La fórmula jurídica contra Lula del juez Sérgio Moro y indignó a diversos juristas que definieron la medida como "mediática e innecesaria".

Dilma Rousseff le había propuesto días atrás que pensara en la posibilidad de dirigir un ministerio y así matar dos pájaros de un tiro. Por un lado quien fuera el presidente más popular de Brasil entraba en su Gobierno y le ayudaba a negociar y buscar aliados en el Congreso que la ayudaran a evitar el impeachment; y por otro, Lula se libraba de ser juzgado por Moro y conseguía el estatus de foro privilegiado con el que se evitaba un pedido de prisión preventiva.

Al exmandatario no le hacía gracia que pareciera que escapaba de la Justicia y del juez de Curitiba: “No necesito eso, sé defenderme solo”, repitió a diversos miembros de su partido. Sin embargo, un ala importante del PT opinaba que su entrada sería fundamental en estos momentos. Dilma le aseguró que podría elegir el ministerio que más le interesara. El equipo de ministros petista le comunicó que le cederían su puesto con los ojos cerrados, sabiendo que la Casa Civil y la Secretaria de Gobierno eran los únicos cargos que podrían tentarle.

El pasado lunes el expresidente se enteraba que la jueza encargada de evaluar el pedido de prisión preventiva había decidido derivar su caso al juez Moro por considerar que se trataba del mismo asunto que investigaba su compañero. La cabeza de Lula volvía a estar en las manos del magistrado de Curitiba. Antes de dar el “sí” definitivo a Rousseff, el exmetalúrgico se reunió en varias ocasiones con el presidente del Congreso, Renan Calheiros (PMDB), para asegurarse su apoyo incondicional en el caso de aceptar la oferta de la presidenta. Sin el respaldo del PMDB, principal partido aliado del Gobierno, ni Lula ni Dilma tendrían oportunidades de sobrevivir. Esta formación acababa de decidir en una asamblea que en un periodo de 30 días anunciarían si se apartaban definitivamente del equipo de Dilma y prohibían a todos sus militantes aceptar cualquier cargo de Gobierno.

Un nuevo equipo de ministros y un giro en la política económica fueron las condiciones que impuso Lula para intentar salvar un Gobierno que agoniza
desde hace meses

EL PMDB tomó esa medida el sábado, cuando nadie esperaba lo que iba a suceder tan solo tres días después. Y es que a primera hora de la tarde del martes el ministerio Público daba a conocer las declaraciones del ex representante del PT en el Senado, Delcídio Amaral, preso desde diciembre por la operación Lava Jato. Por primera vez la presidenta Rousseff era vinculada directamente al escándalo, acusada de obstruir dicha investigación, ofreciendo dinero a través del ex ministro de la Casa Civil, Aloizio Mercadante, para que Amaral no delatara a los directores de dos de las constructoras investigadas.

En los 400 folios de declaraciones, el petista no deja títere con cabeza. El jefe del Congreso, Renan Calheiros (PMDB), el vicepresidente Michel Temer (PMDB), el presidente del partido de oposición Aécio Neves (PSDB), Lula da Silva y la bancada completa del partido aliado del Gobierno en el Senado (PMDB), fueron algunos de los acusados por el exsenador de diversos crímenes relacionados con el escándalo de Petrobras. Tras el jarro de agua fría que cayó sobre el Congreso y Ejecutivo, Lula y Calheiros decidieron ponerse de acuerdo. El ex presidente se reunió con Rousseff y le anunció que dirigiría el ministerio de la Casa de Gobierno, un cargo equivalente a primer ministro, y desde el cual tendría vía libre para actuar a sus anchas. Un nuevo equipo de ministros y un giro en la política económica fueron las condiciones que impuso Lula para intentar salvar un Gobierno que agoniza desde hace meses.

Manifestantes protestan contra el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia. - EFE

Moro contra Lula

Nada más conocerse la entrada de Lula al Gobierno, la oposición puso el grito en el cielo y aseguró que denunciaría esta decisión, por entenderla como un “delito de obstrucción a la justicia” a través del cual Lula se libraría de ser juzgado por el magistrado Sérgio Moro. Lula da Silva podría seguir siendo investigado, pero sería juzgado por el Tribunal Supremo Federal a través de una única instancia. Algunos juristas opinan que este hecho beneficiaría al expresidente ya que muchos jueces del Supremo fueron nombrados por Dilma y por el propio Lula. Otros opinan lo contrario: “Sería un juicio mucho más rápido y la sentencia sería definitiva, no podría apelar. Además todo el caso ya está siendo muy mediático y hay muchas opiniones formadas sobre él, no sé si le compensaría”, argumenta el profesor de Derecho Constitucional de la PUC de San Pablo, Pedro Serrano en BBC Brasil.

La grabación de la conversación entre Lula y Dilma es ilegal y el hecho de filtrarla a la prensa también vulneraría las leyes

Pero al que más le disgustó la idea de ver a Lula en un ministerio fue al propio juez Sérgio Moro. Si quedaba alguna duda en relación a la objetividad del magistrado, la actitud que tomó horas después de enterarse de la noticia dejó bastante claro que la operación Lava Jato tiene entre sus objetivos principales acabar con Lula a cualquier costa. El magistrado decidió filtrar a la prensa una escucha que ya no debía estar funcionando que recoge una conversación telefónica entre la presidenta y Lula. En ella, Rousseff le dice al exmandatario que le ha enviado el papel para firmar el nuevo cargo, y le sugiere que lo suscriba en cuanto le sea necesario, dando a entender, que le serviría en el caso de que pudiera sufrir una supuesta prisión preventiva. A pesar de que por sí la escucha no aportaba nueva información, ya que era sabido que otra de las ventajas del foro privilegiado era la de no poder pasar por una prisión preventiva, la noticia se entendió como el último intento de Moro para acabar con el expresidente.

El profesor de comunicación política, Wilson Gomes, decía en su cuenta de Facebook: “Para Moro, Lula es suyo, no es de nadie”. Esta aseveración se confirma con el paso de las horas y con la actitud de Moro que parece haber entablado con Lula una riña personal propia de una película de far west más que una investigación seria contra la corrupción. No se sabe si la filtración de Moro tendrá consecuencias legales. Lo que se conoce hasta ahora es que en el momento que fue grabada ya era ilegal y el hecho de filtrarla a la prensa también vulneraría las leyes. En cualquier caso tanto Dilma como Lula han preferido no arriesgarse, y el nombramiento del cargo de ministro que estaba prevista para el martes 22 se ha adelantado para este jueves 17 de marzo.

El Gobierno también quiso divulgar el documento de posesión del nuevo ministro Lula con la firma del expresidente y no de la mandataria Rousseff y alegó que le envió el certificado ante la posibilidad de que Lula no pudiese asistir a su ceremonia de posesión del cargo. Es decir, las escuchas publicadas en las que Rousseff avisaba de que iba a mandarle el documento y que lo usara "si fuera necesario" tenían que ver con el hecho de que podrían no encontrarse este jueves y no con la intención de la mandataria de proteger a Lula frente a posibles intimaciones policiales. Rousseff también añadió en nota de prensa que “no había nada de malo en esa conversación” y que simplemente se confirmaba una información que ya se había publicado horas antes en el Boletín del Estado.

El juez sabía que si la filtración no servía para evitar que Lula asumiera el nuevo cargo, sí valdría para encender los ánimos de un sector que sueña con ver a Lula entre rejas

Sin embargo, el juez Moro sabía que si esa filtración no servía para evitar que Lula asumiera el nuevo cargo, sí valdría para encender los ánimos de un sector de la población que sueña con ver al expresidente entre rejas. Los mismos que abarrotaron la Avenida Paulista en las manifestaciones del pasado domingo, se concentraron este miércoles en el mismo lugar para exigir la prisión inmediata del ex presidente. En Brasilia y en otras decena de ciudades cientos de manifestantes se manifestaron para celebrar la filtración de Moro y protestar por la entrada de Lula en el gobierno.

El empresario de 57 años, Pedro de Albuquerque, decía el pasado domingo en la marcha pro impeachment: “A Lula hay que llevarlo preso, si no lo cazamos ahora, le vuelven a elegir presidente”. La profesora y socióloga Esther Solano bromeaba en la revista Carta Capital: “En mis clases lo hemos hablado, el juez Moro o lleva preso a Lula o lo hace presidente en 2018”.

Si un sector de la población quiere ver a Lula en la cárcel, otra parte pide que la justicia brasileña sea igual para todos. Tras la última filtración de Moro a la prensa, un grupo de artistas, periodistas independientes e intelectuales grabaron un vídeo en el que reflejaban el sentimiento de otros muchos brasileños: “Todos estamos contra la corrupción y queremos que se luche contra ella, pero los medios y los órganos judiciales no pueden actuar como un partido político. Lo que está en juego es mucho más importante que quién ocupará la presidencia de la República. Lo que está en juego es la propia democracia y la estabilidad del país y de sus instituciones”.