El Departamento de Estado de EE.UU. recoge en su informe anual de derechos humanos las quejas de varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa en España sobre las restricciones que aseguran que ha impuesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El documento, publicado este martes, no expresa ninguna opinión de Washington sobre la actuación de Sánchez y se limita a recoger las quejas de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) que, pese a realizar dichas críticas, mantiene a España (puesto 29) por delante de EEUU (puesto 45) en su clasificación mundial sobre libertad de prensa.

El documento del Departamento de Estado estadounidense recoge que el 1 de marzo de 2020 Sánchez acusó a los medios "conservadores" de "agitar a la sociedad" siempre que pierden unas elecciones; y que ese mismo día el vicepresidente, Pablo Iglesias, dijo que los medios críticos con el Gobierno habían "ofendido la dignidad del periodismo".

También en marzo, según plasma el documento, Iglesias amenazó con enviar a un periodista a prisión por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente en lo relativo a su financiación.

Esos comentarios fueron inmediatamente condenados por Asociación de la Prensa de Madrid, recoge el Departamento de Estado.

Además, el documento incluye quejas de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre Vox, partido al que acusó de haber provocado ataques verbales y físicos contra periodistas durante unas manifestaciones de mayo en protesta por las restricciones que el Gobierno español había impuesto para evitar la propagación del virus.

Aunque el informe hace referencia a situaciones concretas, también subraya en su primer párrafo que "no hay evidencias de abusos significativos de derechos humanos en España". Y añade que nuestro sistema "tiene los instrumentos para identificar y castigar dichos abusos y también a los responsables de corrupción".

El Gobierno tilda el informe como el "último coletazo de Trump"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado este miércoles que Estados Unidos haya amonestado a España por atacar a la libertad de prensa y ha calificado de "último coletazo de Trump" el informe del Departamento de Estado estadounidense sobre derechos humanos. 

"No es ni un informe ni una amonestación", ha asegurado la vicepresidenta primera en declaraciones a los medios tras asistir junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la toma de posesión de Mercedes González como nueva delegada del Gobierno en Madrid.

"Ningún país puede decirle a una democracia como la española cómo funcionan nuestras libertades y en este caso nuestra libertad de expresión y nuestros medios de comunicación", ha añadido la vicepresidenta.

Los estudios avalan la libertad de prensa en España

Según el informe sobre calidad democrática publicado en 2020 por The Economist, España, con una puntuación de 8,12 sobre 10, se sitúa en la posición 23 de los 167 países en los que analizó el nivel democrático de los países más avanzados del mundo. Situando a nuestro país en el exclusivo bloque de las únicas 23 democracias plenas del mundo.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) eleva a la democracia española a la 13ª posición de las 158 analizadas.

Según el Instituto Varietes of Democracy, España se sitúa en la 13ª posición como democracia liberal más completa de un total de 180 países en su último informe, publicado en marzo de 2021.

El informe 'Freedom in the World' de Freedom House declara que España figura en el puesto número 20 de 195 países, y obtiene una calificación de 94 puntos sobre 100 en cuanto al respeto a las libertades fundamentales. España se sitúa por delante de vecinos europeos como Francia, Italia y Reino Unido. 

Estos son sólo unos ejemplos que deben tenerse en cuenta para un análisis riguroso. Ni en el caso de España ni en los casos de Francia, Alemania e Italia donde los altos estándares de calidad democrática son igualmente reconocidos por las instituciones internacionales y, sin embargo, son igualmente señalados por supuestos abusos en materia de libertades y derechos humanos.