El gobierno británico del laborista Keir Starmer tiene, al menos, un dilema: ¿Cómo evitar el colapso del sistema penitenciario? Una medida extraordinaria pondrá en libertad a partir de septiembre, durante los siguientes 18 meses, a prisioneros que hayan cumplido el 40% de la sentencia en lugar del 50% fijada con condiciones. Unos 4.000 hombres y unas 1.000 mujeres saldrán a la calle antes de lo previsto. Esta decisión coincide con el aumento de ecologistas encarcelados, a quienes les han caído duras sentencias por protestar contra las perforaciones marinas y terrestres en busca de gas o petróleo. 

Con la llegada del siempre huidizo verano inglés ha llegado también un gran ajetreo judicial, penitenciario y político en Inglaterra y Gales. A cinco activistas (Roger Hallam, Daniel Shaw, Lucia Whittaker de Abreu, Louise Lancaster y Cressida Gethin), de la organización Just Stop Oil, juzgados por colocar una pancarta en un parapeto de la autopista M25 en 2022, les han caído sentencias de cuatro o cinco años de cárcel.

A Morgan Trowland y Marcus Decker los han sentenciado a tres años de prisión por escalar el puente de Dartford sobre el río Támesis a su paso por el este de Londres para colocar un gran cartel de Just Stop
Oil. Sentencias ejemplares y aleccionadoras por crímenes pacíficos de contenido político. 

En la retahíla de juicios, el lunes empezó uno contra las jóvenes Phoebe Plummer y Anna Holland por lanzar salsa de tomate al cristal que cubre el lienzo Los girasoles de Vincent van Gogh en la National Gallery de Londres. Este es el segundo juicio al que se somete Phoebe Plummer en los últimos dos meses.

Ella, junto a Chiara Sartiy Daniel Hall, han sido juzgados por manifestarse durante veinte minutos, con retención de tráfico, en Cromwell Road, en el sur de Londres. Por ello, Phoebe vivió 18 días de cárcel preventiva y Chiara, 19. Tras el veredicto de culpables, la sentencia por alterar el orden público en esta calle de Londres está por llegar. 

En el juzgado de Southwark, en el sur de Londres, se respira un ambiente tranquilo. Plummer y Holland destacan más por el colorido de su atuendo, cabello e imagen que proyectan en la sala que por la cara de culpables o ademanes de arrepentidas. Confirman sin remordimientos haber tirado la salsa de tomate sobre el cristal protector del cuadro y niegan causar "daños y perjuicios" (cargo contra ellas) a un óleo valorado en 75 millones de euros o al marco.

Escuchan con atención a Isabella Kocum, conservadora de marcos de la National Gallery, quien asegura: "Me sorprendió y preocupó lo corrosiva que es la sopa de tomate, puesto que cuando extraje la mayoría de la sopa del preciado y antiguo marco, los restos
que quedaron continuaban extirpando la pintura del marco". 

Al juez Christopher Hehir, el mismo que mandó a la cárcel a los cinco de la M25, se le nota que le incomoda el caso por las interrupciones que hace a las dos procesadas. "La motivación de las acusadas y sus convicciones sobre el cambio climático, por más sinceras que sean, no son consideradas defensa alguna contra los cargos a los que se enfrentan", argumenta el juez, quien califica la crisis climática de "irrelevante" y lo encaja en la "opinión y creencia política". 

Los cinco de la M25, los dos del puente de Dartford, los tres de Kensington, las dos de Los girasoles, los dos de Harrods, la de JP Morgan (Amy Pritchard condenada a diez meses de cárcel por romper una ventana de las oficinas de JP Morgan) o los dos del cricket de Tickenham son parte de un movimiento social que, bajo los nombres Just Stop Oil, Extinction Rebellion o Insulate Britain, intentan alzar su voz contra el cambio climático. 

Al científico Bill McGuire, de University College London, especialista en impacto climático, le niegan la comparecencia como testigo en las
vistas, no obstante, aduce que "estos juicios marcan el punto más bajo de la Justicia británica porque son un asalto a la libertad de expresión". 

En el juicio contra los cinco de la M25, la acusación aseguró que 44 activistas bloquearon la autopista circular que rodea, como un cinturón, todo Londres durante 120 horas en octubre de 2022 afectando a 700.000 vehículos, 50.000 horas laborables, que costaron 820.000 euros a los perjudicados, y 1,3 millones de euros a la Policía.

La desobediencia civil, los efectos mediáticos e informativos de las acciones, la difusión de los mensajes medioambientales, la interrupción sin perjuicio de la rutina urbana y el pacifismo son algunas de las estrategias de estas organizaciones que han provocado 2.000 detenciones y 138 encarcelaciones preventivas desde que
iniciaron las protestas en 2022. 

El goteo de sentencias judiciales y de activistas medioambientales encarcelados ha provocado la reacción del mundo de la abogacía, la academia y la cultura. Una lista de 1.200 personas, entre las que figuran abogados, académicos, el exarzobispo de Canterbury Rowan Williams, los cantantes Chris Martin, de Coldplay, y Annie Lennox, han firmado una carta en apoyo a los ecologistas prisioneros en la que califican las sentencias de "una de las grandes injusticias de los juzgados británicos de la historia moderna". Los firmantes solicitan una reunión con el fiscal general del Estado y recuerdan que "con las cárceles al borde del colapso y las intervenciones de urgencia del Gobierno, estas sentencias son una insensatez".  

La Secretaria de Estado para Justicia (ministra en la jerarquía española), Shabana Mahmood, el día siguiente a las elecciones del 4 de julio, dijo que con 87.453 encarcelados de una capacidad de 88.864 plazas, iba a actuar de inmediato con medidas extraordinarias como la liberación anticipada y un plan a diez años que no recurra a la construcción de más prisiones. "Los prisioneros tienen que salir de la
cárcel como mejores ciudadanos", ha señalado Shabana. Un objetivo muy perseguido en el ámbito penitenciario, que parece de difícil alcance. 

Los presos que se beneficiarán del adelanto de libertad excluyen a los convictos por delitos sexuales, de violencia o género o terrorismo. Los que acatan las condiciones para cumplir media condena, reducida al 40%, incluyen sentenciados por delitos de robo o usurpación sin violencia, tráfico de drogas o infracciones de otro tipo. Vaciarán algunas celdas de ladrones y traficantes de droga para que entren
ecologistas que, a pesar de ser pacifistas, no se libran de sentencias como las que están generando la controversia.