BOGOTÁ.- El Consejo de Estado de Colombia, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, anuló este martes la sanción de 18 años de inhabilitación que pesaba sobre la exsenadora Piedad Córdoba por presuntos vínculos con la guerrilla de las FARC.

El tribunal aprobó una ponencia del consejero Willian Hernández, quien manifestó que la destitución de la excongresista del Partido liberal, impulsada por la Procuraduría, fue ilegal, según fuentes judiciales.

Hernández consideró como ilegal la actuación de la Procuraduría por haber destituido con pruebas "ilegalmente recaudadas" a Córdoba, quien en la década pasada intervino como mediadora en varias liberaciones de civiles, policías y militares secuestrados por las FARC.

La Procuraduría falló en 2010 que "la congresista dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados y concedió declaraciones en diferentes actos públicos". Asimismo, consideró que "colaboró con la defensa de algunos exjefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las FARC".

Las pruebas para el fallo fueron extraídas de los ordenadores del líder de las FARC Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, que murió en 2008 en una operación militar de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano.

"Estamos felices porque en el caso de Piedad Córdoba triunfó la verdad, la justicia y la dignidad", manifiesta en su cuenta de Twitter el movimiento político Marcha Patriótica, del que Córdoba es una de las fundadoras y portavoz.

Pese a la decisión del Consejo de Estado, la exsenadora no podrá volver a participar en la política por ahora, ya que está vigente una segunda sanción disciplinaria por 14 años en su contra. Córdoba escribió el pasado 28 de junio en Twitter: "El país sabe que me inhabilitaron arbitrariamente con pruebas que la Corte Suprema invalidó. #SoyInocente"