El 14 de febrero de 2017 el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y a Óscar Aguad,—exministro de Telecomunicaciones—, por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri en relación a la deuda de Correo Argentino. 

Esto viene de lejos, pues el 24 de marzo de 1997 mediante un real Decreto del entonces presidente de la Nación, Carlos Menem, la empresa ENCOTESA fue liquidada y la prestación de servicios postales del país fue otorgada en concesión a la Sociedad Macri (SOCMA), propiedad de Franco Macri, padre del expresidente Mauricio Macri. Argentina se convirtió entonces en uno de los primeros países del mundo en privatizar el servicio postal. En 2001 la empresa propiedad de los Macri se declaró en concurso de acreedores, dejando una deuda millonaria con el Estado. Dos años después, Néstor Kirchner volvió a nacionalizar la empresa y el caso ha derivado en una extensa guerra judicial. 

Después de un trámite récord de más de 20 años, la causa de Correo Argentino vuelve a paralizarse. Esta vez es por la decisión de dos juezas de la Cámara Comercial que admitieron una nueva apelación de la empresa de la familia Macri. Esta deja en suspenso la revisión de la quiebra decretada por la jueza Marta Cirulli hasta que la Corte Suprema defina si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), pese a ser parte de la justicia local, es una instancia habilitada para revisar este caso. Todo ello podría impactar en las decisiones de la justicia nacional en general.

Las apelaciones de los Macri

Entre todos los intentos por evitar la declaración de bancarrota y el pago de su millonaria deuda, Correo Argentino y su principal examinador, Socma, plantearon soluciones de todo tipo entre las cuales especularon con la posibilidad de meter con calzador al máximo tribunal porteño (el TSJ), donde lo primero que llevaron fue la recusación de la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquin, y la jueza Cirulli.

El TSJ le dio señales favorables porque resolvió admitir su "competencia", pero se generó una disputa con la Sala B de la Cámara Comercial, que rechazó su intervención. Por si acaso, el macrismo logró que la Legislatura porteña aprobara una ley a medida para darle superpoderes al tribunal en cuestión. La discusión por las facultades de lxs supremxs porteños está en la Corte nacional desde mediados del año pasado. El 5 de julio la jueza Cirulli decretó la ruina de la empresa, que como era esperable apeló, pero quiere seguir estirando el proceso judicial el máximo y no pagar a sus acreedores, entre ellos el Estado.

A fines de agosto del año pasado, el procurador interino Eduardo Casal se opuso a las pretensiones de la empresa. "No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia" dictada por la Justicia nacional, escribió. "La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la Justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación", algo que solo podría ocurrir a través de una ley votada por el Congreso, especificó. Los supremos no se han pronunciado todavía. Lo que diga Casal no es vinculante para ellos y no hay señales de que compartan su criterio.

Mientras tanto, la sala B de la Cámara Comercial recibió un dictamen lapidario de la fiscal Boquín que pedía la confirmación de la quiebra y denunciaba un sinfín de maniobras para vaciar el Correo. Más tarde, en una asamblea de Socma, se advirtió que se extendería a otras firmas del grupo. Sería por tanto un modo de alegar la falta de respaldo para pagar la deuda que supera los 6.000 millones de pesos argentinos, unos 49 millones de euros al cambio actual. La Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, pidió también la extensión de la quiebra, lo que precisamente pondría a Socma en posición de tener que asumir las históricas obligaciones.

El fallo en cuestión

El fallo que deja entrever la definición sobre la insolvencia está firmado por las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal. Ballerini planteó en el fallo que "no puede perderse de vista que, de prosperar la postura del TSJ de erigirse en instancia superior a esta Cámara de Apelaciones, la cuestión que atañe a las desestimaciones de la magistrada de primera instancia, la Sra. fiscal de Cámara, e incluso de una vocal de este tribunal, podrían ser tratadas en esa jurisdicción, y ser eventualmente decididas de modo contrario al comparecido". Hasta ahora todo fue rechazado. Continúa diciendo que en caso de que así fuera, no podría eludirse la posible proyección de los efectos respecto a la materia de fondo sobre la que la Sala debe debatir y es la del Correo. 

La jueza Guadalupe Vásquez votó de manera diferente según la valoración de las pruebas que se presentaron. "La petición de suspensión de la totalidad de las actuaciones no tiene sustento legal y se funda en la interposición de recursos locales que fueron desestimados preliminarmente por esta Sala en tanto no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico que rige los procesos concursales que tramitan ante la Justicia Nacional en lo Comercial. Además, esa pretensión contradice uno de los principios fundamentales de los procesos universales de insolvencia, a saber, la celeridad, así como las reglas procesales previstas en la Ley de Concursos y Quiebras".

El oficialismo porteño ve en la corte del TSJ de Buenos Aires un tribunal aliado. De hecho, tiene tres jueces "propios": Inés Weinberg de Roca fue la fallida candidata de Mauricio Macri a la Procuración General; Santiago Otamendi es el exviceministro de Justicia de Germán Garavano; y Vivian de Langhe, a quien el expresidente le encomendó en sus tiempos como jefe del gobierno porteño la formación de las y los Policías en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.