Un juez remite al Gobierno británico la orden de extradición de Assange para ser firmada

El juez Paul Goldspring de la Corte de Magistrados de Westminster remitió este miércoles a la ministra británica del Interior, Priti Patel, para que firme la orden de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Patel tiene un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o desestima la entrega del fundador de Wikileaks, mientras que la defensa del australiano ya ha indicado que la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que acaba el próximo 18 de mayo.

El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo, el más alto del Reino Unido, dio luz verde a la extradición de Assange al rechazar el último recurso disponible por la vía judicial, que buscaba impedirla e instruyó al magistrado de primera instancia a emitir la orden que ahora debe considerar el Gobierno. 

De ser extraditado a Estados Unidos, Julian Assange, donde está acusado de espionaje, podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión por la publicación de documentos oficiales clasificados.

Amnistía alerta del riesgo para la libertad de prensa

Amnistía Internacional ha expresado su rechazo a la situación de Assange a las pocas horas de que la decisión del juez se hiciera pública. "La confirmación por la ministra del Interior de Reino Unido de la solicitud de extraditar a Julian Assange violaría la prohibición de la tortura y sentaría un alarmante precedente para editores y periodistas de todo el mundo", ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de la organización.

Callamard ha afirmado además que "la extradición de Julian Assange también sería devastadora para la libertad de prensa y para la ciudadanía, que tiene derecho a saber lo que están haciendo los gobiernos en su nombre".

En contra de lo que indica la Corte de Magistrados de Westminster, la secretaria de Amnistía Internacional ha explicado que "Reino Unido tiene la obligación de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corra peligro, y el gobierno no debe abdicar de esa responsabilidad".