Un juez imputa a Lula da Silva por intento de soborno

BRASILIA.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva es desde este viernes reo de la justicia, después de que un tribunal aceptó la denuncia de que intentó comprar el silencio de uno de los implicados en las corruptelas en la estatal Petrobras.

Los cargos fueron aceptados a trámite por el juez federal Ricardo Leite, de Brasilia, un día después de que Lula acudió, por medio de sus abogados, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de lo que consideró como una "persecución política y judicial" en Brasil.

Junto con Lula, el juez procesará a al exsenador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral, y a su asesor Diogo Ferreira, al banquero André Esteves, al empresario José Carlos Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai, así como al abogado Edson Ribeiro.

En todos los casos, la acusación se refiere a supuestas maniobras para intentar evitar que el exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, detenido por los escándalos en esa empresa estatal, aceptara un acuerdo de cooperación judicial que implicaría confesar todo lo que sabía al respecto y delatar a los miembros de la red de corrupción.

La base del proceso está precisamente en un acuerdo similar que el exsenador Amaral pactó con la Justicia tras ser detenido por su implicación en la red de corrupción que operó en Petrobras.

Amaral, en esa declaración, denunció que Lula le encargó pagar 250.000 reales (unos 77.000 dólares) para "comprar el silencio" de Cerveró.

Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución, quien no fue citada en el proceso iniciado este viernes por el juez Leite.

En su declaración ante la justicia, Amaral también precisó que el plan de soborno a Cerveró incluía facilitar su "fuga" del país, que el propio exsenador recomendó que fuera a través de Paraguay, rumbo a algún país de Europa.

Lula supo de la decisión del tribunal en momentos en que asistía a un evento político en Sao Paulo. El expresidente tomó entonces el micrófono y dijo que "sabía poco" sobre el proceso, aunque reiteró que está "cansado" de responder a acusaciones.

"Tengo que probar que no tengo un apartamento o una finca, que la prensa y la policía dicen que yo tengo. Son ellos los que tienen que presentar documentos y probar que son míos, porque si no me los van a tener que regalar", declaró.

El exmandatario aludió así a otro juicio en el que es investigado por supuesta "ocultación de patrimonio", referida a la propiedad de una finca en la localidad paulista de Atibaia y de un apartamento de playa en el balneario de Guarujá.

En ambos casos, la policía sospecha que, aunque están registrados a nombre de empresarios allegados a Lula, el verdadero propietario de los inmuebles es el expresidente, que los habría recibido a cambio de ciertos "favores" ofrecidos desde el poder.

Esa tesis fue reforzada con un informe sobre el caso difundido este jueves, en el que la policía dijo haber comprobado que costosas reformas hechas en la finca de Atibaia fueron "dirigidas" por Lula y su esposa Marisa Leticia, y estuvieron a cargo de constructoras implicadas en las corruptelas en Petrobras.

Entre las reformas hechas en la finca, la policía citó la compra y equipamiento de una cocina muy similar a otra instalada en el apartamento de Guarujá, que también se cree que es del expresidente.

Los abogados de Lula también se manifestaron tras conocer la decision judicial anunciada este viernes y explicaron en un comunicado que el exmandatario aún no ha recibido "ninguna citación" judicial, aunque aclararon que "cuando eso ocurra, presentará su defensa" y probará su inocencia.

También sostienen que "Lula ya esclareció a la Procuraduría General de la República que jamás interfirió o intentó interferir" en las investigaciones relacionadas con la red de corrupción que se enquistó en Petrobras.

Según los abogados de Lula, "la acusación se basa exclusivamente en una delación de un reo confeso y sin credibilidad", en alusión al exsenador Amaral