Silvio Berlusconi ha sido condenado a cuatro años de cárcel por apropiación indebida, fraude fiscal y falsificación de cuentas en el denominado caso Mediaset. El exprimer ministro italiano será apartado también durante tres años de cualquier cargo público, según la sentencia emitida este viernes por el Tribunal de Milán, que le ha impuesto a él y a otros imputados la obligación de pagar 10 millones de euros al fisco.

Berlusconi, no obstante, se beneficiará de una ley sobre indultos de 2006, por la que se le condonarán tres de los cuatro años de prisión.

El empresario, que no ha hecho declaraciones a la salida del Tribunal, anunció esta semana que no se presentaría como candidato a las próximas elecciones y abrió las puertas a la celebración de unas primarias en la derecha italiana.

Es una sentencia en primera instancia, lo que con toda seguridad llevará a los abogados de Il Cavaliere, Niccolò Ghedini y Piero Longo, a presentar un recurso y por tanto no irá a la cárcel inmediatamente. Lo mismo pasaría con su suspensión, que no se le aplicaría hasta la tercera instancia. El hoy presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, también imputado, ha sido absuelto.

El juicio por el caso Mediaset comenzó en 2006. Los fiscales imputaban a Berlusconi todos esos delitos tras la compra de los derechos televisivos y cinematográficos de un paquete de películas estadounidenses para el periodo 1994-1999. Según la acusación, Fininvest, una de las filiales del grupo mediático del exprimer ministro, adquirió esos derechos a un precio desorbitado con el propósitode engañar a la Hacienda italiana.

Según la Fiscalía, el procedimiento fue el siguiente: antes de que Fininvest se convirtiera en la propietaria definitiva de los derechos, varias empresas en el extranjero, cuya propiedad es atribuida al propio Berlusconi, fueron protagonistas de una cadena de compraventa ficticia en la que el precio por el traspaso del paquete televisivo era cada vez más alto. El empresario cinematográfico, Frank Agrama, hacía de intermediario y por ello también ha sido condenado hoy a tres años de cárcel. 

La diferencia entre el precio inicial de las películas y el que finalmente abonó Fininvest es de 470 millones de euros, que, según los fiscales, no fueron declarados y acabaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales.

No obstante, en estos seis años, el juicio ha sido interrumpido en dos ocasiones gracias a las artes jurídicas de Il Cavaliere. La primera vez fue en 2008, tras la aprobación del llamado Lodo Alfano, una ley diseñada por el entonces ministro de Justicia, Angelino Alfano, que impedía juzgar a los cuatro cargos más importantes del Estado italiano. La medida fue declarada inconstitucional en octubre del mismo año por el Tribunal Constitucional, y entonces se reanudó el proceso.

En 2010, el ministro Alfano ideó la ley del Legítimo Impedimento, una norma por la que el primer ministro se podía ausentar de los juicios por problemas de compatibilidad con su agenda institucional, lo cual provocó de nuevo la interrupción del proceso. El Constitucional también anuló esta medida de blindaje a principios de enero de 2011.