Cuando Rafael Correa ganó su primera elección presidencial, a finales de 2006, proclamó que Ecuador iba a salir por fin de la "larga noche neoliberal". Su adversario en esos comicios era el hombre más rico de Ecuador, el magnate Álvaro Noboa, padre del actual mandatario, Daniel Noboa. Uno de los artífices de la denominada Revolución Ciudadana de Correa (2007-2017) fue Jorge Glas, fiel escudero del expresidente progresista y hoy convertido en rehén político del Gobierno derechista y las élites económicas para debilitar al correísmo de cara a las elecciones del próximo año.

Con el asalto a la embajada de México por la policía ecuatoriana el 5 de abril y el arresto allí de Glas, Noboa, un joven político de 36 años que se presentó a sí mismo como moderado pero ha seguido muy pronto la estela autoritaria del salvadoreño Nayib Bukele, asestaba un golpe a la línea de flotación del espacio político de Correa, refugiado en Bélgica desde 2017. Glas fue vicepresidente del gobierno entre 2013 y 2017 y se ha mantenido leal al exmandatario pese al calvario en que se ha convertido su vida tras ser condenado por corrupción.

Dos días después de su detención e ingreso en la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca, Glass fue hospitalizado supuestamente por una sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos. Ahora se ha declarado en huelga de hambre tras hablar con su abogada, Sonia Vera, a la que le reveló que había sido torturado por la policía. "El asilo [concedido por México] no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político", le dijo a su defensora legal en una videollamada divulgada por esta. El exvicepresidente se había refugiado en diciembre en la embajada mexicana después de que la Corte Constitucional ratificara las sentencias previas en su contra.

La detención de Glas se enmarca dentro de la persecución política emprendida por las élites políticas y económicas contra el correísmo desde 2017. Entonces, con la llegada al poder de Lenín Moreno y su traición al espíritu de la Revolución Ciudadana (había sido vicepresidente de Correa entre 2007 y 2013), se activaron los mecanismos del lawfare (el uso de medios judiciales para lograr fines políticos) contra el exmandatario y sus principales colaboradores.

Tanto Correa como Glas fueron acusados de varios delitos de corrupción. En 2020 ambos fueron condenados a ocho años de prisión y a la inhabilitación política pese a la debilidad de las pruebas presentadas en su contra. Un informe realizado por el Lawfare Institute a finales de 2018 identificó la existencia de indicios de un caso típico de lawfare: "El caso Correa, el enjuiciamiento del expresidente del Ecuador, no puede ni debe ser descontextualizado del creciente proceso de criminalización de las políticas públicas que caracterizaron a un determinado período político-histórico de Latinoamérica", señala el informe.

Ese, y no otro, es el fin último del lawfare en la región: el aniquilamiento político de los líderes progresistas que han tenido la tentación de emprender transformaciones sociales de calado. Ya ocurrió con Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil y también con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Si bien la corrupción no ha sido ajena a los partidos de izquierdas, como tampoco a los de derechas, la persecución judicial sí se ha centrado en esos dirigentes que han pretendido darle un vuelco a la región más desigual del planeta cuestionando el poder de unas élites que se resisten a cualquier cambio social.

La traición de Moreno, quien se había presentado a las elecciones de 2017 con la Alianza País de Correa y con Glas como compañero de fórmula, fue dinamitando poco a poco los avances sociales logrados en la década anterior. Correa no pudo volver al país bajo amenaza de acabar entre rejas. Glas pagó su lealtad con la cárcel. El caso Odebrecht (la gigantesca trama de sobornos a cambio de licencias de obras públicas que afectó a una docena de países) emergía en Ecuador con una serie de audios filtrados en los que se mencionaba a Jorge Glas, por entonces vicepresidente de Moreno. Él siempre ha negado cualquier implicación en el caso.

Tras pasar cuatro años y medio en prisión, Glas salió en libertad provisional en noviembre de 2022 gracias a un recurso de hábeas corpus presentado por su abogado por motivos de salud. La fidelidad que le había demostrado a Correa hizo que su viejo amigo pensara en él para encabezar una candidatura presidencial. Pero Glas desistió de lanzarse de nuevo al ruedo electoral porque estaba seguro de que la Justicia echaría abajo su postulación.

Glas y Correa, caminos paralelos

La amistad entre Correa y Glas viene de lejos. Se conocieron en un grupo de boy scouts en el que, cómo no, el joven Rafael ya apuntaba maneras: era el jefe de tropa. Nacido en 1969, Glas pertenecía a una familia de clase media de Guayaquil, el motor económico del país. Aunque Correa estudió en el extranjero, nunca perdieron el contacto. Glas se graduó como ingeniero eléctrico y trabajó durante un tiempo como presentador en un programa de televisión en el que llegó a entrevistar a Correa. La política terminó de unirlos en Alianza País, el partido con el que Correa ganó sus primeras elecciones en 2006.

Glas colaboró con Correa primero como director del Fondo de Solidaridad y más tarde estuvo al frente del Ministerio de Telecomunicaciones hasta que se erigió en una suerte de superministro como coordinador de Sectores Estratégicos, desde donde controlaba los principales recursos del país, del petróleo al agua. Llegaría la vicepresidencia en 2013, en el último mandato de Correa.

Con la llegada de Lenín Moreno al Palacio de Carondelet, Ecuador retomó las recetas neoliberales del pasado. Ese viraje también se manifestó en los asuntos internacionales. Uno de los principales damnificados fue Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012 gracias al apoyo de Correa. Moreno dejó de proporcionarle refugio y propició su detención por parte de las autoridades británicas. El fundador de WikiLeaks está pendiente de su extradición a Estados Unidos mientras se pudre en una cárcel de alta seguridad en el sur de Londres.

Pese a la persecución política y judicial del círculo más cercano a Correa, Moreno no logró minar el respaldo electoral al correísmo. Fue la principal fuerza en las elecciones locales de febrero de 2023 y su candidata, Luisa González, encabezaba las encuestas para los comicios presidenciales de agosto de ese año hasta que el narcotráfico irrumpió en la campaña con el asesinato de otro de los aspirantes, Fernando Villavicencio. Entonces se produjo el ascenso de Daniel Noboa, un joven y desconocido dirigente político. Sus primeros meses al frente del Gobierno han estado marcados por la grave crisis de seguridad que sufre el país. Para contener a las pandillas y a los carteles del narcotráfico que han convertido a Ecuador en el México o la Colombia de los años 80, Noboa se ha mirado en el espejo de Bukele, es decir, ha optado por la mano dura y un enfoque puramente represivo, sin tener en cuenta los condicionantes sociales del fenómeno de la violencia.

Ahora, tras el asalto a la embajada de México, Noboa ha provocado la ruptura de relaciones diplomáticas con uno de los países con más peso político y económico de la región. Su decisión vulnera los convenios internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. El mandatario ecuatoriano estaba molesto por unas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en las que insinuaba que el asesinato de Villavicencio había facilitado el triunfo electoral de Noboa y la derrota electoral de la candidata de Correa. La concesión de asilo a Glas fue la gota que colmó el vaso. Con su enfrentamiento con el presidente progresista mexicano, Noboa se posiciona claramente en el eje de gobiernos ultraderechistas latinoamericanos, con Bukele y el argentino Javier Milei como faros. Pero su decisión debe entenderse, ante todo, como un golpe encima de la mesa para advertirle a Correa que seguirá proscrito en Ecuador.