Cuatro organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales han elevado este mes de noviembre un llamamiento urgente a las Naciones Unidas exponiendo la grave crisis de agua potable y de aguas residuales que sufre la Franja de Gaza y que repercute negativamente, y con frecuencia diaria desde hace años, en más de dos millones de personas.

La crisis, que se remonta muchas décadas en el pasado, empeoró en agosto de 2020 como consecuencia de medidas punitivas adicionales impuestas por Israel. El castigo repercute directamente en las conocidas condiciones de sobreexplotación del agua potable, cuya calidad es mínima como experimenta cada día la población palestina.

Una de las consecuencias de la ocupación es el control del agua tanto en Cisjordania como, especialmente, en la Franja de Gaza. El ejército israelí controla la extracción de agua y ha prohibido a los palestinos de las zonas ocupadas disponer de su propia agua desde la guerra de 1967. En la actualidad, Israel controla más del 85 por ciento de los recursos acuíferos palestinos.

El último informe sobre la materia, de 29 páginas, ha sido elaborado por Al Mezan Centre for Human Rights, Al Haq, Cairo Institute for Human Rights Studies y Habitat International Coalition, organizaciones que exigen que se haga responsable a Israel de las enormes restricciones que sufren los palestinos en todo lo tocante al agua.

En los últimos 13 años, es decir desde que Hamás tomó el control de la Franja de Gaza en 2007, la crisis del agua no ha hecho más que empeorar. Entre el 13 y el 31 de agosto pasados, Israel incrementó las medidas de castigo contra la Franja imponiendo una prohibición de los envíos de petróleo que incidió en la ya existente escasez de energía.

La electricidad pasó a estar disponible entre tres y cuatro horas al día, lo que causó que el ayuntamiento de Gaza solo pudiera suministrar agua para el 15% de las necesidades de la población. Con anterioridad a agosto, el 97% del agua distribuida en la Franja ya no era potable según los baremos de la Organización Mundial de la Salud, y el 95% de la población no tenía acceso a agua potable.

A día de hoy, los residentes de la Franja reciben un máximo de seis horas seguidas de electricidad antes de que se interrumpa el suministro, lo que repercute negativamente en las plantas sanitarias que procesan el agua. Esto hace que su suministro sea insuficiente incluso para mantener la higiene corporal, como el lavado de manos, en un momento en que la pandemia de la covid-19 está extendiéndose por la Franja.

La gravedad de la situación fue denunciada por el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos durante la sesión 45 del Consejo de Derechos Humanos en septiembre último, donde señaló que la crisis de agua potable y de aguas residuales se ha deteriorado significativamente con las recientes decisiones de las fuerzas de ocupación.

En la sesión se envió un mensaje urgente a Israel, en tanto que potencia ocupante, para que respete los derechos humanos de la población palestina de Gaza en materia de agua y aguas residuales, para que ponga fin a la distribución discriminatoria de los recursos acuíferos y para que garantice el suministro de electricidad a un nivel suficiente para satisfacer las necesidades de los civiles.

El informe pide que se investiguen las continuas violaciones de los derechos humanos relativos al agua potable y aguas residuales en la Franja, instando a que se establezca una misión urgente de nivel internacional que viaje a Israel y los territorios palestinos estudiando la situación para presentar los datos al organismo de manera que se incluyan en el próximo informe del Consejo de Derechos Humanos con el fin de determinar quiénes son responsables de la "catástrofe" y reclamar las medidas oportunas para corregir la situación.

El informe denuncia que la discriminación material "racial e institucionalizada", que las organizaciones firmantes denominan "apartheid", ha existido durante la mayor parte del siglo XX a través de la compañía Mekorot, que en hebreo significa 'fuentes' o 'manantiales', y que se estableció en 1937, once años antes de la creación del estado judío, para administrar el agua.

Añade el informe que tres organizaciones paraestatales, la Agencia Judía, el Fondo Nacional Judío, y la Histadrut, "combinaron sus esfuerzos para aplicar un privilegio único para judíos sobre los recursos de agua del país", controlando los recursos mediante planes de desarrollo, el dominio sobre la adquisición de la tierra y la organización del trabajo en beneficio de la población judía.

Desde 1967, cuando se inició la ocupación, los palestinos de Cisjordania han visto denegado su acceso al agua del río Jordán, y el ejército israelí destruyó por lo menos 120 pozos a lo largo del valle del Jordán el mismo año de 1967. El curso del Jordán se ve afectado por la toma de agua en el Golán ocupado a Siria, enviando el agua a poblaciones judías dentro de la línea verde, es decir lo que propiamente es Israel. Al mismo tiempo, Israel toma para su uso el 89% de los recursos de agua de la Cisjordania ocupada.