La nueva escalada de violencia entre Israelíes y palestinos tras el inesperado ataque de las milicias de Hamás el pasado sábado, ha vuelto a poner en primer plano un conflicto que se arrastra desde hace décadas y que cada cierto tiempo revive episodios cíclicos de violencia. El conflicto está estancado: el Estado de Israel no está dispuesto a retirarse de los territorios ocupados; muy al contrario, en los últimos años sigue incrementando sus asentamientos ilegales en territorio palestino.

Como explicó el pasado lunes Antonio Guterres, secretario general de la ONU, esta nueva ola de violencia "no surge de la nada, sino que nace de un conflicto de larga duración, con 56 años de ocupación [por parte de Israel] y sin un final político a la vista".

Israel cuenta con el sólido respaldo de Estados Unidos y nadie parece atreverse a poner coto a sus abusos. La llamada comunidad internacional calla, pese a que la Organización de la Naciones Unidas (ONU), especialmente el Consejo de Seguridad, ha emitido numerosas resoluciones en los últimos 75 años sobre el conflicto en Palestina en las que, en su mayoría, no sólo condena a Israel, sino que le exige que rectifique su política hacia los palestinos y cumpla las obligaciones que impone la Convención de Ginebra a la potencia ocupante.

La ONU considera que Palestina es un territorio ocupado por Israel y hace ya tiempo que le exige que se retire de allí, deje de expandir los asentamientos ilegales y favorezca la creación de un Estado palestino.

Sin embargo, Israel ha ignorado sistemáticamente la mayoría de estas resoluciones de la ONU. Al menos las más importantes. No son resoluciones vinculantes, pero implican una condena, aunque sea moral. Estas son algunas de la más significativas.

Ni siquiera la primera de las resoluciones, la 181, aprobada el 29 de noviembre de 1947 se ha cumplido. Esta resolución dividió la región en dos Estados: uno árabe y otro judío. A día de hoy todavía no existe un Estado palestino. A los judíos se les asignó el 54% del territorio, a pesar de que sólo representaban en ese momento el 30% de la población de Palestina. A Jerusalén, ciudad clave para ambas culturas, se le otorgó un estatus internacional.

La resolución 194, aprobada en diciembre de 1948, establece que los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus territorios tras la creación del Estado de Israel en mayo de ese año tenían –y aún tienen– el derecho a regresar a sus hogares.

Otra importante resolución que ha sido ignorada por Israel es la 242, impulsada por la ONU en noviembre de 1967, seis meses después de la Guerra de los Seis Días. La resolución 242 exige la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados.

Adoptada por el Consejo de Seguridad el 22 de marzo de 1979, la resolución 446 declara que ilegales la creación de asentamientos por parte de Israel en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

La resolución 478, de agosto de 1980, fue una respuesta de la ONU a la aprobación por parte del Parlamento de Israel de la Ley de Jerusalén, que proclamó que la ciudad "entera y unificada" era la capital de Israel. A través de esta resolución, la ONU respondió que la ley aprobada por el Parlamento israelí era contraria al derecho internacional.

En diciembre de 1992, la resolución 799 del Consejo de Seguridad de la ONU condenó "enérgicamente la deportación de cientos de civiles palestinos efectuada por Israel" y exigió "el retorno inmediato y sin riesgo de todos los deportados a los territorios ocupados".

En marzo de 2002 se dio luz verde a la resolución 1397 del Consejo de Seguridad. Apoyaba "el concepto de una región en que dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas". También exigía "el cese inmediato de todos los actos de violencia, incluyendo todos los actos de terrorismo, provocación, incitación y destrucción".

Visto que ninguna de las resoluciones era atendida por Israel, el Consejo de Seguridad volvió a insistir en noviembre de 2003 con la número 1515. En ese texto, el Consejo de Seguridad recordaba la validez de todas las resoluciones anteriores en cuanto a la situación de Oriente Medio y, en especial, de las resoluciones 242, 338 y 1397.

Pese a la reiteración del mensaje, Israel sigue haciendo caso omiso. Por eso, la resolución 2334 fue adoptada por el Consejo de Seguridad el 23 de diciembre de 2016, para reafirmar que "el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal" y expresar una "grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes están poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967". Algo que Israel no va a hacer ni parece que vaya a hacer nunca.