No se puede decir que Isabel II esté en manos de sus acreedores, pero desde hace cuatro años el Gobierno británica tiene la opción de intervenir directamente en la gestión de sus finanzas.

En 2006, la Casa Real y el Gobierno de entonces firmaron un memorándum que establecía los nuevos poderes del Ejecutivo en caso de que hubiera discrepancias sobre el uso de los fondos públicos.

El Estado británico financia con 45 millones de euros anuales una serie de gastos reales, entre los que figuran los salarios de los miembros de la familia, el coste del personal y el mantenimiento de los palacios. La Casa Real da empleo a 1.200 personas, de las que unas 450 corren a cargo del contribuyente.

El acuerdo ha sido conocido gracias al empeño del diario The Independent, que recurrió a la Ley de Libertad de Información para tener acceso al documento.

Un portavoz del Gobierno ha dicho que el cambio permitió al Estado tener el mismo control que el que disfruta en su relación con cualquier otro organismo público.

La incapacidad de la monarquía de cuadrar sus cuentas y sus peticiones de más fondos públicos llevaron al Gobierno a enviar a un equipo de auditores a que revisaran las cuentas reales.

En julio de 2005, reclamaron que la Casa Real diera una explicación sobre gastos considerados exagerados o poco justificados.

La confianza mutua no debía de ser mucha cuando bajaron a los detalles más pequeños. Hasta preguntaron por qué había aumentado el gasto de reenviar el correo del príncipe Carlos a sus residencias.

La contabilidad real dejaba bastante que desear. Los auditores no entendían muy bien cuál era la razón del incremento repentino de las deudas (de 1.150.000 a 3.260.000 euros) desde comienzos de año.

Ambas partes negocian desde hace años un aumento de la contribución pública a las finanzas reales, en especial para destinarla al mantenimiento de palacios como Buckingham y Windsor. Por su parte, la Casa Real ha intentado reducir costes. El menor número de viajes de Isabel II permitió en 2009 ahorrar tres millones de libras. 

Isabel II ha tenido que recurrir a las reservas en varias ocasiones hasta dejarlas en mínimos.

Los documentos que maneja el periódico demuestran que las dos instituciones se disputaron quedarse con los 17,6 millones de euros obtenidos de la venta de propiedades en Kensington Palace Gardens, una de las calles más exclusivas de Londres.

Al final, el Gobierno aceptó entregar a la reina 2,3 millones de esa cantidad para intentar solucionar sus problemas crónicos de efectivo.

El actual Gobierno continúa negociando estos asuntos con la Casa Real. Cuando está a punto de poner en marcha una gran reducción del gasto público en todos los ministerios, sus posibilidades de aceptar las peticiones reales son ahora muy reducidas.