Una investigación de medios públicos europeos, entre ellos TVE, influyó a la CPI a investigar a Putin

La Corte Penal Internacional (CPI) ha acusado a Vladimir Putin de crímenes de guerra por el supuesto traslado forzoso de 15.000 niños ucranianos a Rusia. El organismo jurídico ha querido dar un paso al frente, tras conocerse la investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la UER, formado por medios públicos, entre los que se encuentra RTVE. La presidenta de la asociación, Pilar Requena, ha celebrado que sus informaciones, publicadas el 14 de febrero, hayan tenido impacto.

Desde octubre, esta asociación de periodistas lleva indagando la deportación forzosa y sistemática de niños a Rusia. Durante uno de sus talleres, en el que invitaron a profesionales ucranianos, estos mostraron vídeos de cómo subían a menores ucranianos en trenes. Esto dio pie a la investigación y descubrieron docenas de vídeos por redes sociales que atestiguaban los traslados.

En esos vídeos, explica Requena a Público, se puede observar cómo muchos de estos infantes eran recibidos por María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, y por el gobernador de Moscú, Andrey Vorobyov. "Uno de los objetivos era comprobar a dónde iban esos menores, si eran adoptados o tutelados", ha señalado la periodista.

En el marco de la guerra, una de las primeras acciones que hace el Ejército ruso nada más tomar una nueva zona es la de sustituir a la autoridad local por uno de los suyos, lo que afecta a las instituciones encargadas de supervisar a los menores, como los orfanatos. Además, Putin ha agilizado los trámites burocráticos para nacionalizar a muchos de estos pequeños. Por este motivo, estos infantes están siendo tutelados o adoptados en suelo ruso.

El Kremlin, por lo pronto, ha calificado de "nula jurídicamente" la orden de arresto contra Putin. Según el Gobierno ruso, están haciendo una labor humanitaria al alejar a los menores de la zona de guerra. Sin embargo, Requena ha denunciado que eso no está ocurriendo, ya que están siendo nacionalizados y adoptados, y no devueltos a sus familias. La reportera teme que el rastro de estos chicos y chicas pueda perderse, en el caso de que les cambien de nombre en el proceso de nacionalización.

Por otro lado, Requena ha remarcado el calvario que están pasando muchas familias ucranianas al querer recuperar a sus pequeños y se ven obligadas a cruzar zonas de conflicto bélico. Además, la presidenta de esta asociación ha alertado sobre el "proceso de reeducación" que están llevando a cabo las autoridades rusas para que los niños olviden su legado ucraniano.

Lvova-Belova, que salió públicamente tras haber "adoptado" a uno de estos niños, también ha sido acusada por la CPI de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Si bien muchos organismos internacionales apuntan a que la deportación se puede contar por decenas de miles, cifra que parece plausible según Requena, la periodista no se ha aventurado a dar una cifra al recordar que ellos tan solo han podido demostrar unos centenares.

Requena ha tildado de "histórica" la decisión de la CPI, lo que marcará un precedente para delitos de esta índole cometidos en el futuro. La presidenta de la Red de Periodismo de Investigación de la UER ha recalcado la importancia de que estos niños "no caigan en el ostracismo" y vuelvan lo antes posible con sus familiares.