El Líbano se retuerce incapaz de salir de la amenazante espiral de ultrajes

El gobierno libanés cerró el viernes las administraciones e instituciones públicas, las escuelas y universidades públicas y privadas y los ayuntamientos en señal de duelo por las siete personas que el jueves murieron en Beirut, una medida que intenta contener la ira, la rabia y la impotencia de amplios sectores de la población.

La mayoría de los medios locales trajeron a colación la cruenta guerra civil que asoló el país entre 1975 y 1990 y que concluyó por puro desangramiento de los libaneses y sin que se cerraran las heridas. Sin embargo, las premoniciones de un nuevo conflicto general son prematuras puesto que la gente todavía guarda en la memoria el horror de tantos años.

En el centro de una tragedia que se sustenta en el sectarismo y que alimentan fuerzas de allende las fronteras, se encuentra el juez Tarik Bitar, un cristiano de 47 años, que está investigando la terrible explosión del verano de 2020 en el puerto de Beirut, una cuestión que cataliza las destructivas fuerzas que convergen desde de todas las direcciones.

El juez Bitar cuenta con el apoyo de las familias de los miles de afectados por la explosión, así como el de fuerzas afines, mientras que las fuerzas contrarias, especialmente chiíes, le acusan de politizar la investigación en favor de sus enemigos.

Los chiíes de Amal y Hizbolá han cerrado filas contra Bitar dejando al flamante gobierno de Najib Mikati en una situación comprometida y sin que se sepa si será capaz de sobreponerse a las tensiones internas o acabará cayendo por su propio peso.

En la actualidad, y después de 18 años de carrera, Bitar es titular del Tribunal Penal de Beirut, pero se encuentra temporalmente en excedencia para ocuparse de la investigación de la explosión en el puerto. En los últimos años el juez dictó condenas a muerte de criminales implicados en asesinatos y no ha sido ajeno a varias controversias de alcance nacional.

En febrero pasado Bitar fue designado investigador forense de la explosión del puerto, sucediendo en la posición al juez Fadi Sawan, que solo duró en el cargo cuatro meses antes de ser apartado debido a las múltiples acusaciones que recibió y que le atribuían parcialidad.

Con Bitar está ocurriendo lo mismo. El juez ha citado a declarar al exprimer ministro Hassan Diab, a varios ministros y a un número de diputados. Algunos de los testigos son también sospechosos de negligencia en la explosión y han recurrido contra el juez, lo que está demorando la investigación.

Las acusaciones más graves provienen de los líderes de los partidos de los políticos citados por el juez. El partido más implicado es Hizbolá, desde donde se acusa a Bitar de revivir las controvertidas investigaciones del asesinato del exprimer ministro Rafik Hariri en 2005, una investigación que también se cebó en algunas figuras de ese partido chií.

Un alto cargo de Hizbolá dijo recientemente que la intención de su grupo es echar al juez. Desde septiembre ha habido dos recursos contra Bitar, uno por parte de Hizbolá y otro por parte de Amal, que han sido rechazados por el tribunal de apelaciones. Los recursos han logrado ralentizar la investigación pero no han desalojado a Bitar.

Las acusaciones más sonadas son las del secretario general de Hizbolá, Hassan Nasrallah, quien el 11 de octubre entró en liza acusando a Bitar de "ser parcial y estar politizado" al tiempo que negaba que tenga capacidad para encontrar la verdad en lo ocurrido en el puerto de Beirut.

En este contexto, las grandes fuerzas chiíes de Hizbolá y Amal convocaron la manifestación del jueves para protestar contra el juez. En mitad de la manifestación, francotiradores dispararon contra quienes protestaban desde edificios cercanos. Los manifestantes chiíes, que en algunos casos iban armados, repelieron la agresión.

La cuestión de quién estaba detrás de la agresión la resolvieron los dirigentes de Hizbolá acusando a las Fuerzas Libanesas, un grupo político cristiano muy conservador que preside Samir Geagea, y que cuenta con sus milicias correspondientes.

Pero todos los protagonistas, desde el juez Bitar a Hizbolá y desde Amal a las Fuerzas Libanesas, son meros comparsas de una situación que los atrapa y que solamente puede resolverse mediante una intervención directa y enérgica en una cuestión central que está más allá de las fronteras de Líbano, concretamente la ocupación israelí.

Si con el relevo de administración en Washington se esperaba que Oriente Próximo diera un cambio de rumbo, los nueve meses transcurridos desde entonces muestran que la administración demócrata está paralizada en todo lo tocante a esta región.

Las prometedoras promesas que formuló el candidato Joe Biden se las ha llevado el viento, y su secretario de Estado Antony Blinken no pierde ninguna ocasión para mostrar que su empleo le viene demasiado grande y que es incapaz de afrontar los problemas más allá de simpáticas declaraciones que no sirven para nada.

En esta situación, el horizonte se presenta borrascoso, no solo para Líbano sino para el conjunto de la región. La falta de liderazgo de Biden en política exterior, y especialmente en Oriente Próximo, garantiza que las tensiones seguirán vivas y sin fecha de caducidad.