El 19 de agosto se celebró la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil, una de las ciudades más peligrosas de Ecuador. En ella se insistió en la necesidad urgente de "cortar el oxígeno" al crimen organizado en América Latina. Hasta la fecha, Guayaquil ha registrado 1.650 crímenes en lo que va del año, lo que representa el 45% de los homicidios en el ámbito nacional. En Venezuela, la preocupación por una "grave crisis" también ha intensificado también el temor a un incremento de la violencia.

En mayo de este año, los asesinatos a candidatos políticos en la jornada final de la campaña electoral en México pusieron de relieve la grave crisis de violencia que azota al país, una preocupación constante entre la población de Latinoamérica. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de la historia de México, tiene que enfrentar este desafío prioritario en su mandato. Un fenómeno que no es ajeno a España ni a Europa.

Aunque el Gobierno mexicano aseguró que la tasa mensual de homicidios había disminuido en más del 20% durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la oposición sostiene que su administración concluyó como la más violenta, con más de 180.000 asesinatos. La campaña electoral no ha escapado a este problema, con 22 candidatos asesinados, según cifras oficiales. 

La inseguridad ciudadana, agravada por el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia persistente, no solo causa pérdidas humanas y afecta el bienestar de Latinoamérica, sino que también socava la confianza en sus Estados e instituciones. El informe de Iberoamérica de 2024 publicado por la Fundación Alternativas expone que la impunidad, la corrupción y la ineficacia en la administración de justicia "perpetúan un círculo vicioso que debilita las bases de la democracia y el contrato social en Latinoamérica".

Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), en 2021 murieron más personas por homicidio que por conflictos armados y terrorismo combinados, con un promedio de 52 víctimas por hora en todo el mundo. Un informe publicado por InSight Crime en 2024, 117.492 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe en el año 2023. 

En este contexto, la socióloga Lucía Dammert destaca el crecimiento de los mercados ilegales de drogas y minería −principalmente oro−. Según la experta, este último "termina en Europa y genera casi tantos beneficios económicos casi como el mercado de las drogas". Dammert insiste en los elevados niveles de impunidad. "Más del 90% de los delitos no se investigan. En países como México, ni siquiera los homicidios llegan a tener niveles de resolución superiores al 80%", informa.

Andrés Antillano, profesor e investigador de la Universidad Central de Venezuela, explica a Público las tres posibles causas que sostienen la violencia en la región: "El legado colonial de América Latina −España y Brasil establecen una relación subalterna desde su entrada en el orden internacional como productores de materia prima barata−, las profundas desigualdades y la economía vinculada con el extractivismo".

El modelo de "mano dura" de Bukele

En un contexto de creciente inquietud por la inseguridad y la baja confianza en la Policía, varios gobiernos de ultraderecha como el de Javier Milei en Argentina o el de Nayib Bukele en El Salvador, han decretado estados de emergencia, implementando medidas extraordinarias que usualmente no serían permitidas, con el fin de proteger supuestamente a sus ciudadanos.

Conocido coloquialmente como "mano dura", este enfoque consiste en suspender los derechos fundamentales de los ciudadanos, otorgando a militares y fuerzas del orden la autoridad para detener, encarcelar y deportar a cualquier persona vinculada con actividades delictivas. Además, se niega el acceso a procedimientos legales que garanticen el derecho a un juicio justo y público para los detenidos.

Estas medidas fueron implementadas en marzo de 2022 por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Tras un repunte de la violencia entre bandas que dejó 87 muertos en un solo fin de semana, Bukele restringió el derecho a ser informado del motivo de la detención y a tener acceso a un abogado en el momento del arresto.

Las fuerzas militares han arrestado a individuos por llevar tatuajes o residir en áreas de bajos recursos, lo que ha resultado en la detención injusta de miles de personas en las abarrotadas prisiones de El Salvador. Esta política ha sido respaldada por una amplia mayoría, lo que se reflejó en la reelección de Bukele en febrero.

La socióloga Lucía Dammert opina que el "modelo Bukele" tiene logros a corto plazo, pero no termina con el problema de raíz, "ya que la demanda es lo que mueve el mercado ilegal", insiste. Añade que "muchos jóvenes entran en el mundo criminal como alternativa a la supervivencia propia", lo que considera una de las cuestiones más significativas a tratar. Por este motivo, Dammert opina que hay que desnarcotizar la agenda de crímenes organizados, fortalecer las capacidades institucionales y revitalizar los espacios de alto nivel político de conversación.

En esto coincide el docente venezolano, Andrés Antillano, quien considera que el modelo de Bukele "ha demostrado que a la larga no es sostenible, sobre todo en un país tan pobre como El Salvador". El experto añade que la represión militar establecida por los gobiernos de ultraderecha provoca graves consecuencias como la violación de derechos humanos y "está generando un efecto paradójico que consolida las redes criminales". "La Policía no es mejor por ser más violenta", dice. Como alternativas, Antillano propone una política inteligente que permita concentrar los esfuerzos en los delitos más graves y un manejo de las prisiones para evitar que se conviertan en incubadoras del delito. 

Michelle Bachelet, expresidenta de la República de Chile, manifiesta que "el miedo se ha convertido, lamentablemente, en un actor político en sí mismo, manipulable y a menudo manipulado, que distorsiona el proceso democrático y limita nuestra capacidad para dialogar, disentir y construir consensos necesarios".

Respuesta de la comunidad internacional 

Vicente Palacio y Érika Rodríguez coordinadores del informe de Fundación Alternativas, destacan la importancia de la colaboración entre España y Europa en materia de seguridad en América Latina, argumentando que ambos están interconectados por dos razones clave: "En primer lugar, comparten sistemas democráticos y proyectos de democracias sociales e inclusivas, los cuales se ven amenazados por redes criminales transnacionales que operan en ambas regiones. En segundo lugar, existe una conexión directa entre el crimen organizado en Europa y América Latina, tanto en lo que respecta al tráfico y consumo de drogas como a la violencia social asociada, que afecta desde España hasta los Países Bajos, pasando por Bélgica y Alemania". 

Durante la XXVI Cumbre Iberoamericana, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, destacó que Latinoamérica es una "clara prioridad" en su mandato. Aun así, Sánchez fue tibio a la hora de marcar posiciones más allá de hacer un llamamiento a la integración y ensalzar los vínculos culturales y económicos que España mantiene con la región.

El presidente hizo una fuerte defensa de la democracia y el multilateralismo frente al autoritarismo. "Frente a la tentación de un repliegue nacional que estamos viendo en muchas partes del mundo, de la construcción de muros, de discursos xenófobos y ultranacionalistas, la comunidad iberoamericana ofrece una alternativa de esperanza basada en valores como el respeto a la diversidad, la solidaridad y el encuentro".

Bachelet, expresidenta de la República de Chile, asegura que "necesitamos un entendimiento global, una respuesta colectiva, solidaria e integrada, reforzar los mecanismos de cooperación regional, compartir nuevas prácticas, fortalecer nuestras capacidades internacionales, apoyar iniciativas regionales y reafirmar nuestro compromiso con la justicia, la equidad y el respeto a los derechos humanos".

Los coordinadores de la Fundación Alternativas exponen que "los gobiernos europeos corren el riesgo de ignorar esa demanda ciudadana y dejar vía libre a una agenda de 'mano dura' extrema −únicamente represiva y lesiva de derechos humanos− en manos de fuerzas de la ultraderecha o populista".

Represión de la ultraderecha

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, advierte a Público sobre el peligro de los espacios reaccionarios. "Necesitamos aunar esfuerzos para llegar a determinados consensos que apunten a fomentar la convivencia democrática y a promover y proteger los derechos humanos", dice. La directora agrega que las organizaciones de la sociedad civil "tenemos un rol clave en documentar, rechazar y denunciar la proliferación de acciones y discursos de odio orientados a violentar los derechos y libertades fundamentales para el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho".

Para ejemplificar esto último, Belski menciona que tras la asunción del gobierno de Javier Milei, desde Amnistía lanzaron un informe recopilando y denunciando aspectos alarmantes de la nueva gestión. "Entre ellos, se hallan el discurso violento y discriminatorio del gobierno hacia distintos espacios políticos y sociales; el despliegue jurídico e institucional para limitar y reprimir el derecho a la protesta pacífica; y la fuerte caída de los ingresos de personas jubiladas y otros sectores vulnerables como consecuencia de un programa de ajuste fiscal draconiano", concluye.

Nathalie Pabón, integrante de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), expone que "es importante seguir fortaleciendo los esfuerzos en programas que permitan un acercamiento y comprensión de la ciudadanía, de sus necesidades, de sus problemáticas, de promover la confianza en las instituciones para que la comunicación y la articulación sea más efectiva".