Polonia, el país sancionado por Bruselas por contar con ciudades libres de personas homosexuales y el peor en el bloque comunitario para alguien LGTBi, bloqueó durante el último Consejo de Interior una declaración europea para proteger a este colectivo. Su fiel escudero húngaro también hizo lo propio. Las conclusiones de este tipo requieren unanimidad. Su trascendencia es simbólica y política. Pero no es la primera vez que el tándem iliberal evita que la UE puede expresarse con unidad y determinación en la defensa de los derechos y valores fundamentales.

La Polonia que lidera el ultranacionalista Partido Ley y Justicia (PiS) –aliado de Vox en la Eurocámara– se ampara en que este tipo de declaraciones es contraria a su visión de tradición, conservadurismo y familia. Algo que también reivindica la Italia bajo manos de la ultraderecha por primera vez en la era democrática. Una de las primeras medidas de la ultra Giorgia Meloni con las riendas de Italia fue prohibir la adopción de las parejas del mismo sexo. "A la sombra de la lucha por los privilegios de los homosexuales y de otras personas LGTBi, el odio contra la religión se está extendiendo en la UE. Bruselas está ciega ante la discriminación que sufren los creyentes. Los derechos de los cristianos se violan ampliamente en la Europa de hoy", asegura Sebastian Kaleta, secretario de Estado polaco. La postura de las fuerzas de extrema derecha emana de rechazar todo lo que hace referencia al género porque alegan que no existe discriminación contra las mujeres y es un invento y una instrumentalización política de la izquierda y de las fuerzas liberales.

En la misma cita de los ministros de Justicia, Polonia también votó en contra de la primera Directiva europea contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica. Hungría se abstuvo, confirman fuentes europeas. Pero en esta ocasión no era necesario la unanimidad, sino que bastaba con mayoría cualificada. El Consejo de la UE fijó así su posición en torno a la que será la primera legislación europea contra la violencia machista. El acuerdo alcanzado pide tipificar como eurodelitos la mutilación genital femenina, el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes íntimas o la incitación al odio en internet, aunque no la violación, como piden los sectores más progresistas.

"Golpe de Estado de la UE" sobre migración

La UE alcanzó la semana pasada el primer acuerdo para avanzar en el Pacto de Asilo y Migración, que lleva en muerte clínica desde hace ocho años. El impasse se sorteó a través de un mecanismo de solidaridad flexible, que obliga a los Estados miembros a escoger entre la acogida de refugiados varados en los países de primera línea como Italia o Grecia o, por el contrario, a pagar una penalización de 20.000 euros por cada solicitante de asilo rechazado. No hubo sorpresas. Polonia y Hungría fueron los únicos países en votar en contra durante el Consejo de Interior celebrado en Luxemburgo. Otros países como Malta o Eslovaquia se abstuvieron. Pero el acuerdo salió adelante porque no requería el consenso total.

La negativa del tándem iliberal, que suma años imponiendo en sus países y en Bruselas las líneas más duras en materia migratoria, es frontal. Sendos países ya se opusieron en 2016, en el marco de la crisis migratoria desatada por la guerra en Siria, al reparto de cuotas obligatorio. Por aquel entonces no acogieron a ningún solicitante de asilo. La decisión cocinada por Merkel y Juncker, al igual que en esta ocasión, solo requería la mayoría cualificada y no la unanimidad de los Veintisiete.

Durante el último año, la Hungría de Víktor Orbán y la Polonia cuyos hilos mueve en la sombra Jaroslaw Kaczynski Orbán es el líder europeo que más simpatiza con Vladimir Putin. En el otro lado, Polonia es el país más halcón con Moscú y el más próximo a Volodimir Zelenski. Sin embargo, la migración ha reconciliado a la pareja, que busca hacer frente común para frenar la nueva legislación. Para convertirse en una realidad, el Pacto de Asilo todavía debe ser sometido a duras negociaciones con el Parlamento Europeo. Y en esta fase donde ambas capitales quieren crear una especia de coalición de las fuerzas anti-inmigración para frenarlo o, al menos, rebajar sus condiciones.

Por lo pronto, ambos países han advertido de que de ninguna forma participarán en este acuerdo, que es legalmente vinculante, por lo que acabarían sentados ante la Justicia europea. "Bruselas no puede abusar de su poder y nadie les dirá a los húngaros con quién han de vivir. Es inaceptable. Quieren forzarnos a ser un país de migrantes", ha asegurado Orbán, que ya utilizó este estrategia de culpabilizar a Bruselas de "la caída de Occidente" en 2015. En la misma línea se ha pronunciado el eurodiputado del Fidesz, Balazs Hidveghi: "Las fuerzas pro-migración están imponiendo un nuevo paquere migratorio a través de un golpe de Estado (...) Quieren crear una Europa multicultural utópica".

Polonia y Hungría, que son los dos únicos países en la historia de la UE bajo el Artículo 7 de los Tratados por vulneraciones sistemáticas de los derechos y valores europeos fundamentales, llevan años replegándose hacia el ultranacionalismo presentando la inmigración como una amenaza y una guerra cultural. "La reubicación forzosa no resuelve el problema de la migración, pero viola la soberanía de los Estados miembros. Polonia no pagará por los errores de las políticas de inmigración de otros países", advierte con contundencia Morawiecki, que se juega el puesto en las elecciones de octubre, donde el PiS llega muy empatado con la oposición y podría perder el poder por primera vez en ocho años.