"Esta noche es histórica para Chile". Fueron las primeras palabras que pronunció el presidente del Senado chileno, Jaime Quintana, para presentar el acuerdo político más importante que se ha sellado en el país desde el fin de la dictadura. Eran casi las tres de la madrugada del viernes cuando parlamentarios del Gobierno y de la oposición suscribían un pacto –"Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución"– para impulsar un nuevo proceso constituyente que, si avanza, permitirá sustituir la carta magna vigente, diseñada e implementada en 1980, bajo el régimen de Pinochet.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", añadió el parlamentario en referencia a las movilizaciones que desde hace un mes sacuden al país. Los representantes políticos presentaron el pacto, que se negoció de forma transversal entre la mayoría de los partidos, como una "salida pacífica y democrática de la crisis" y "una victoria de toda la ciudadanía".

Entre los puntos más relevantes que se acordaron hay el plebiscito que se convocará para abril de 2020 para preguntar a la ciudadanía si apoya o no un cambio constitucional y, en caso de ser afirmativo, si para elaborar la nueva carta fundamental prefiere un órgano compuesto en un 100% por ciudadanos elegidos para esa labor u otro formado por una mitad de parlamentarios y la otra de ciudadanos electos. Los redactores del texto dispondrán de un plazo de entre nueve meses y un año para escribirlo y al final del proceso deberá refrendarse, primero, a través de un nuevo plebiscito con sufragio universal y obligatorio, y luego por el Congreso.

A las 21 horas los pasillos del antiguo Congreso de Santiago, donde se llevó a cabo la negociación, el ritmo era frenético y parecía estar todo listo para el anuncio. Al último momento, pero, las negociaciones se entramparon en la llamada "hoja en blanco", la condición que permitiría escribir el texto desde cero, sin considerar para nada constitución actual. Ese era, inicialmente, un punto imprescindible para el bloque de derecha, que no lo quería tranzar. Sin embargo, al final acabó cediendo. No pasó lo mismo con la negociación sobre el cuórum requerido para la aprobación del texto, que fue otro de los temas peliagudos. Mientras varios partidos de la oposición exigían que fuera de 3/5, las fuerzas del gobierno, presionadas por el presidente Sebastián Piñera, se mostraban inflexibles con 2/3. Ese desencuentro abrió la polémica y acabó provocando que un sector de la izquierda –el Partido Comunista y parte del Frente Amplio– se restara de la discusión.

Las trampas de la carta magna

La Constitución actual fue creada Jaime Guzmán, uno de los ideólogos de la dictadura y ex senador (muerto a tiros en 1991), y es la herramienta legal más importante a través de la cual se ha blindado el modelo neoliberal chileno. Un modelo que coloca el derecho a la propiedad privada por encima de los derechos básicos de las personas, como la salud, la educación o las pensiones. Otra de las grandes críticas en contra de esta carta magna son los trucos que Guzmán y los suyos maquinearon para mantenerla intacta e impedir que se le haga cualquier reforma. Para eso, fijaron cuórums de 2/3 de parlamentarios como requisito imprescindible para la modificación del articulado. Además, establecieron mayorías igualmente muy amplias para otra veintena de leyes orgánicas constitucionales, conocidas como las "leyes de amarre", que han impedido hasta hoy llevar a cabo cambios profundos y estructurales en los principales temas que hoy reclama la sociedad desde la calle.

La mayor reforma de esa carta fundamental tuvo lugar en 2005, bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), que permitió eliminar algunos de los resabios de la dictadura. El último gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), por su parte, puso en marcha una suerte de proceso participativo ciudadano para abrir discusiones al respecto, pero la iniciativa no motivó a la mayor parte de la ciudadanía y, finalmente, quedó en nada.

Las consecuencias del texto del 80 se evidencian hoy a través de un sistema educativo que da todo el protagonismo a un administrador privado en la política pública de escuelas, institutos e incluso universidades; el fortalecimiento –en desmedro de la inversión en salud púbica– de las instituciones de salud preventiva (isapres), una especie de seguros médicos privados que integran a grandes grupos económicos del país y que involucran a clínicas, centros médicos, farmacias, droguerías y laboratorios; y un modelo de pensiones basado en la "capitalización individual" en el que administradoras privadas de fondos de pensiones invierten al mercado financiero los ahorros de los trabajadores.

La respuesta de la calle

Es probable que, si no hay mayores cambios, la sociedad chilena apueste por aceptar que rija una nueva Constitución para su país. Según las encuestas, 8 de cada 10 ciudadanos se inclinan por esta preferencia. Sin embargo, la principal duda ahora es si ese "acuerdo histórico" podrá rebajar la tensión en las calles y detener la movilización.

La noche de este viernes, todo hacía pensar que la propuesta no ha servido en absoluto para apaciguar los ánimos y devolver a la calle la normalidad. Todo lo contrario. A primera hora de la tarde, Plaza Italia, centro neurálgico de la protesta, ya estaba llena de personas que se manifestaban. Se mantuvieron ahí hasta la noche, con fuegos artificiales incluidos, pese a que tampoco disminuyó la represión. A última hora, se reportó la muerte de uno de los manifestantes, que habría sufrido un paro cardíaco en medio de los disparos de bombas lacrimógenas. Una trágica noticia que aumenta a 23 la cifra de víctimas fatales y que amplificará las voces que siguen reclamando a gritos la dimisión de Piñera. Muchos creen que solo eso podría acabar definitivamente con la movilización.